Argentina endurece la posición por Malvinas y cierra Vaca Muerta

El Gobierno de Javier Milei profundizó su estrategia para frenar el avance de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y advirtió que las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion deberán optar entre mantener sus actividades en el archipiélago o continuar desarrollando negocios en la Argentina. El canciller Pablo Quirno ratificó además que el Ejecutivo cuenta con el respaldo de Chile en su reclamo de soberanía y confirmó que ya se encuentra vigente el decreto que acelera el proceso de sanciones previsto por la Ley 26.659. La ofensiva oficial se produce luego de la cadena nacional en la que Milei anunció un paquete de medidas para defender los recursos argentinos en el Atlántico Sur.

Quirno explicó que la estrategia no estará limitada a las empresas directamente involucradas en Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. También alcanzará a compañías que les brinden servicios petroleros, financieros, de seguros y logísticos. El canciller lanzó una advertencia concreta para aquellas firmas que mantienen negocios tanto en las islas como en el territorio continental argentino: “Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a Argentina a hacer sus negocios”. Según explicó, el objetivo es marcar una diferencia entre quienes participan de actividades cuestionadas por el Estado argentino y quienes buscan desarrollar inversiones dentro del país bajo reglas consideradas previsibles.

En paralelo, el funcionario confirmó que ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial el DNU anunciado por Milei para acelerar la aplicación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios disputados. Una de las novedades es la incorporación de una exigencia para las compañías que quieran ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no violan ni violarán las disposiciones de esa legislación. Además, la Cancillería comenzó a notificar a empresas de distintos países que podrían quedar alcanzadas por las nuevas penalidades. En total, el Gobierno envió 180 notas diplomáticas a 29 países para advertir a proveedores vinculados con Rockhopper y Navitas.

Quirno también defendió la decisión de reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, una obra que comenzó en 2022 y luego fue interrumpida. El Gobierno asignó fondos al Ministerio de Defensa y sostuvo que encontró el espacio fiscal necesario para avanzar sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario.

“El presidente cada cosa que ha dicho que iba a hacer desde diciembre del 23 la ha realizado. Esa es la construcción de credibilidad y confianza que Argentina le está dando al mundo”, afirmó el canciller. Y agregó: “Argentina está haciendo las cosas por sí sola, como lo hemos hecho desde el 10 de diciembre de 2023”. Para Quirno, Tierra del Fuego constituye un punto estratégico por su ubicación en el Atlántico Sur, su cercanía con la Antártida y las tareas de monitoreo sobre el espacio marítimo argentino.

El canciller rechazó además las versiones que vinculaban la construcción de la base con un eventual pedido de Estados Unidos para utilizar esas instalaciones. “Nosotros tomamos las decisiones por nuestro propio interés, defendiendo los intereses argentinos. De ninguna manera fue hablado con Trump”, aseguró. Al mismo tiempo, buscó despejar cualquier impacto negativo en la relación entre la Argentina e Israel por las sanciones que alcanzan a Navitas Petroleum.

Según explicó, el canciller israelí ya fue informado de la situación y el embajador argentino en Tel Aviv recibió instrucciones para enviar las notas correspondientes. “No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo”, afirmó Quirno, al sostener que el Gobierno espera incluso contar con el respaldo de Israel en su posición sobre Malvinas.

La administración Milei pretende ahora llevar la discusión al Congreso mediante el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla un aumento de las penas, una ampliación de las actividades que podrán ser sancionadas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Quirno rechazó que la ofensiva tenga relación con el calendario electoral y la definió como “una decisión presidencial trascendental que no tiene nada que ver con un evento electoral que va a suceder recién el año que viene”.

En ese sentido, sostuvo: “Claramente hay cosas que no se han hecho en muchísimo tiempo. Acá está Argentina poniéndose a la altura que corresponde a la causa Malvinas, como lo indica nuestra Constitución”. El Gobierno, mientras tanto, mantiene abierta la posibilidad de llevar su reclamo a distintos escenarios internacionales. “Argentina va a decir su verdad en todos los ámbitos posibles”, anticipó el canciller.