Fallo bomba sobre las universidades: la Justicia reabre la pelea por el financiamiento
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. Para el tribunal, el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa. La resolución lleva las firmas de Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, y llega en plena escalada del conflicto entre el Gobierno y las universidades.
La estrategia oficial se apoyó en un argumento temporal: el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la cautelar original tenía un límite expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa posición, seguir ejecutando la orden equivalía a extender artificialmente una tutela caducada, lo que le permitió al Gobierno instalar la idea de que la disputa no es sobre el fondo del reclamo salarial sino sobre la validez procesal de la medida.
En simultáneo, los mismos magistrados habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario bajo apercibimiento de multas diarias —astreintes—. Con esa decisión, el oficialismo también logró poner en discusión el mecanismo de castigo económico que pesaba sobre la administración.
Detrás del expediente hay un entramado institucional bien definido: el reclamo lo llevó el Ministerio de Capital Humano mediante la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, que había ido a la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. Del otro lado está el amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25, la norma con la que el Poder Ejecutivo recortó fondos universitarios.
La cartera que conduce Sandra Pettovello reforzó su posición con dos argumentos de peso: que las sumas exigidas eran de "dimensión extraordinaria" y que no existía una liquidación concreta que permitiera saber cuánto debía pagarse. Denunció, además, que se le imponía una "manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos", sin chance de revisión por un tribunal superior. El fallo, en ese sentido, le devuelve al Gobierno la posibilidad de discutir en otra instancia, mientras el conflicto por el financiamiento universitario sigue sin resolverse de fondo.
