Derrumbe: funcionarios porteños en la mira
El derrumbe de una construcción en Villa Urquiza, que derivó en la muerte de tres personas, puso bajo la lupa el sistema de inspección del Gobierno porteño. En este sentido, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó el allanamiento en las oficinas de la Dirección General de Protección del Trabajo, en Lima 221, tras la denuncia penal que presentó el diputado porteño por el MST Marcelo Parrilli.
También, desde la Legislatura ya cuestionan a varios funcionarios y solicitaron medidas a la gestión PRO.
El legislador del Encuentro Popular para la Victoria, Juan Cabandié, pidió la renuncia del titular de la Agencia de Control Comunal, José Ángel Báez, y del director de control y fiscalización de obras, Oscar Ríos. "Que tres personas hayan perdido la vida por este accidente, que se podría haber evitado, es imperdonable. Ahora que terminó el trabajo de los rescatistas, debe empezar el de los peritos y el de las responsabilidades políticas?, sostuvo.
En este sentido, agregó que "no se clausuró preventivamente la obra a pesar de las denuncias de la UOCRA y de los tres controles que no se pudieron hacer porque estaba cerrado el lugar". "Frente a esto algún responsable del área de control de la ciudad tiene que haber. Oscar Ríos y José Báez ya deberían haber renunciado?, finalizó.
Por otro lado, el diputado Daniel Amoroso (ex PRO y ahora en el denarvaísta Unión Federal) presentó un proyecto pidiendo que sean citados a la Legislatura en un plazo de 48 horas el subsecretario de Trabajo del Gobierno porteño, Miguel Angel De Virgilis, y el director de Protección del Trabajo, Angel Rodríguez.
En el proyecto, Amoroso pidió la citación de ambos funcionarios para que ?brinden explicaciones en relación a la denuncia realizada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el pasado 17 de junio, en referencia a la obra de la calle Mendoza 5042?, lindera al gimnasio que se derrumbó.
?Estos hechos nos obligan a citar a los funcionarios mencionados, ya que las falencias en dicha obra habían sido denunciadas por la UOCRA el pasado 17 de junio de 2010. Nos interesa conocer por qué, si el gremio puso en alerta a la Dirección General de Protección del Trabajo hace casi dos meses, hoy contamos, lamentablemente, con la pérdida de vidas?, señaló el legislador. ?Esta situación, que no representa un caso aislado sino que viene a sumarse a una serie de hechos que se repiten en varias obras de la ciudad, nos provoca alarma e incertidumbre acerca de las condiciones de los trabajadores obreros?, añadió.
En los fundamentos del proyecto, Amoroso agregó que ?la presencia del Estado, como órgano fiscalizador y de contralor, es ineludible, como así también su responsabilidad cuando suceden hechos de esta magnitud. No se puede permitir que ante las reiteradas denuncias del gremio, no haya habido respuesta fehaciente del Gobierno porteño por medio de la Subsecretaría de Trabajo? de la Ciudad.
