CASSABA hace balance

El año 2007 fue bastante complicado para la Caja de Seguridad Social de Abogados de la Ciudad. A los proyectos legislativos que proponían la derogación o modificación de la ley que permitió su creación -los cuales estuvieron varias veces en condiciones de ser tratados en el recinto-, se sumaron fallos judiciales en contra de la afiliación obligatoria y fuertes críticas hechas públicas por la dirección del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Pero más allá de esta situación adversa, la dirección de CASSABA resaltó positivamente los resultados arrojados por el balance realizado por la institución a fines del año pasado.

Según informó la institución "unos 1071 abogados que aportan a CASSABA ya son beneficiarios del sistema de salud, el cual se implementó a comienzos del 2007 tras un convenio con la prepaga OMINT", el cual tiene "cinco planes que no prevén honorarios complementarios, aranceles diferenciales, viáticos, bonos, coseguros, o chequeras por parte de quien resulte ser beneficiario".

"CASSABA ya entregó 1785 subsidios de distinta índole, y otro centenar de subsidios se encuentran en estudio para ver si cumplen con los requisitos", expresó la Caja en un comunicado de prensa. Agregando que también se otorgaron "18 prestamos personales con un valor total de 166.000 pesos y 8 créditos hipotecarios con una suma superior a los 702.000 pesos".

De acuerdo a los números brindados, la cantidad de abogados aportantes creció "un 6 por ciento respecto al año 2006". Actualmente 44.600 abogados matriculados en la Ciudad contribuyen obligatoriamente a la Caja, debido al principio de solidaridad que rige la institución.

Sin embargo, más allá del balance positivo del año 2007, en el Acta Nº 41 del directorio de CASSABA (a la que tuvo acceso nuestro medio) se deja expresa la preocupación de la Caja por la merma en la recaudación que arrojó el informe de la tesorería.

"Está llegando una mayor cantidad de libranzas (al Banco Ciudad) con la leyenda 'exento del pago a CASSABA', sobre todo de juzgados comerciales y civiles, a veces firmado por el juez mismo o por el secretario, y no se paga", describió uno de los miembros del directorio. Y agregó: "Creo que tenemos que tomar una política respecto a lo que está ocurriendo en estos dos fueros. Podríamos tener entrevistas con los camaristas y jueces. Es decir, hay que fijar una política porque, de lo contrario, esto va a seguir incrementándose".

Una de las medidas que el Directorio tomaría sería, de acuerdo al texto del acta, "mandar una carta a cada uno de los juzgados y Cámaras advirtiendo que el juez no está autorizado para hacer esto; que existe una acordada y que en todo caso, tiene que haber sentencia firme de la justicia competente". Pero también realizarían "una presentación ante la Corte diciendo que tales juzgados no cumplen con tal acordada y que hay que hacerlos cumplir".

La preocupación estaría en "un foco, en un grupo de jueces comerciales que no cumplen con la ley y que, por otro lado, asumen una competencia que no tienen, que efectúan declaraciones, y gran parte de la litigiosidad que tiene CASSABA en este tema está concentrado allí y están claramente individualizados". Esta situación sería denunciada para que "el Tribunal de Superintendencia decida".