Denuncia penal contra una funcionaria
Se cruzaron en el ascensor. No se conocían. Zaida Gatti (ver foto), supervisora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, iba a verla para condicionar su declaración. Mientras que ella, la ex esclava en prostíbulos de Liniers (por la que no podemos difundir su identidad), iba a una rueda de reconocimiento con la esperanza de encontrar a quienes la sometieron a un encierro durante meses mediante golpes, drogas, alcohol y violaciones sistemáticas por hombres, llamados ?clientes?, en diversos estados. Ella acompañada por la Fundación Alameda no pudo encontrar justicia ese miércoles 26 de junio y es más sufrió un calvario dentro del juzgado federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres. A los tres días la testigo con identidad encubierta reveló ante escribano público las presiones que recibió por parte de la funcionaria nacional Zaida Gatti y que trasmitió a NOTICIAS URBANAS luego de la ronda de reconocimiento que incluía dos volanderos y ningún proxeneta.
?Apelando a toda clase de sugerencias, intromisiones y presiones sobre su persona, intentó intimidarla para que modificara su declaración original?, figura en la denuncia penal contra Gatti que presentó la diputada nacional Fernanda Gil Lozano el miércoles a la mañana en los tribunales de la avenida Comodoro Py.
?La sra.? fue interrogada por la funcionaria Gatti con el objeto de hacer entrar en contradicción, durante una entrevista cuya duración fue de dos horas? sostiene la diputada Gil Lozano a partir de la declaración de la víctima ante el escribano Leonardo Feiguin.
En la denuncia penal la parlamentaria del bloque Coalición Cívica cuestiona el rol del juzgado federal ?de ser cierto estos sucesos son de extrema gravedad, al resultar inaceptable que en la sede de un tribunal, funcionarios precisamente de un área destinada a la protección y contención de víctimas del delito de trata, despliegan una acción claramente ilegal con el objeto de presionar o amenazar a personas damnificadas de tan aberrante delito, aprovechando su condición de vulnerabilidad?, deja establecido la denuncia que recayó en el juzgado federal Nº 7, que subroga Norberto Oyarbide. Éste polémico juez enfrentado con la Alameda en causas de esclavitud laboral es el encargado de la investigación.
El abogado Gonzalo Salama Rietti, que lo será de Susana Trimarco en el juicio oral por el secuestro para explotación sexual de su hija Marita Verón, inició la demanda por el cargo de ?delitos de acción pública? que figura en el artículo 177 inc. 1 del código penal.
En el último párrafo de la demanda solicita Fernanda Gil Lozano que la investigación se concentre ?por el delito de acción pública? en la funcionaria Zaida Gatti? y en los funcionarios judiciales del juzgado de Sergio Torres que ?por acción u omisión pudieran haber participado de los hechos ilícitos que se denuncian?.
La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas tiene como coordinador a Héctor Masquelet secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Nacional. Éste y Gatti estuvieron presentes el miércoles en el Congreso Nacional por el debate a la reforma de la Ley de Trata. En esa audiencia pública Masquelet rechazó que los diputados diseñen un programa nacional de asistencia e inserción a las personas traficadas y luego esclavizadas. "Eso es más adecuado al Ejecutivo por decreto", cerró el secretario de Justicia rechazando el involucramiento de los diputados y organizaciones sociales en resguardo de las víctimas.
LA SOCIEDAD CIVIL PROTAGONISTA
La ex esclava sexual en prostíbulos de Liniers antes de ir a la justicia recurrió a la fundación Alameda, con sede en Directorio y Lacarra barrio de Parque Avellaneda. En ellos se respaldó para ir a declarar primero ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y luego al juzgado Nº 12, secretaría Nº 23 a cargo de Diego J. Slupski. Durante todo este proceso judicial tuvo tratamiento psiquiátrico y un mínimo respaldo económico por parte de la Fundación que preside Gustavo Vera.
El 15 de diciembre la Alameda junto a otras organizaciones sociales denunció 613 prostíbulos porteños entre los que se encontraban los cinco locales de Liniers de la red que sometió a la chica protagonista de este artículo. A dos meses de la presentación de esas cientos de casas de explotación sexual se escapa esta chica hoy testigo encubierta.
Tres organismos del Estado habían recibido los datos. Nadie actuó entonces. Esa denuncia fue presentada al procurador Esteban Righi, jefe de los fiscales del país, el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, y la Agencia Gubernamental de Control responsables de las eufemísticas habilitaciones de los ilegales prostíbulos.
