Los chicos, rehenes

El Poder Judicial, mediante los fiscales nacionales y locales, no desmantela las redes de proxenetas de menores y adultas. Comisarios de la Policía Federal están señalados por legisladores y organizaciones de la sociedad civil por complicidad activa con el negocio de la explotación sexual, en tanto que la Policía Metropolitana tuvo en marzo un escándalo en el tema por la incorporación del policía Miguel Colombo (finalmente echado), procesado por amparar esta actividad ilegal en su paso por la Federal.

En cuanto al Ejecutivo porteño, del que Mauricio Macri es la cabeza, aún no ha reglamentado la norma contra la prostitución infantil (la Ley 2.443) y tampoco retira las habilitaciones de los prostíbulos denunciados que se camuflan en bares o whiskerías. En toda su gestión, jamás lanzó una sola campaña pública sobre la cuestión.

Ante esta postura del Estado local y nacional, niños y adolescentes, pobres en su mayoría, siguen rehenes de las mafias proxenetas. Los casos más evidentes se encuentran en Pompeya, a pocas cuadras de la cancha de Huracán. En la calle misma, a la luz del día, adultos lucran y otros pagan por los cuerpos de chicos que van de los 6 a los 18 años. Los varones duplican a la población femenina abusada en la franja de 14 a 18 años. Entre los 11 y los 13 años, ocurre lo contrario.

Desde hace cinco años se denuncia en los medios esta vergonzosa situación, aunque nunca se modificó el cruel escenario (así lo comprobó la Asesoría Tutelar General), difundido por el semanario Noticias Urbanas en su número 252 del 5 de agosto de este año, como nota de tapa, bajo el título ?Carne de cañón?. Tras el impacto del informe, los legisladores de diferentes partidos políticos acusaron recibo y visitaron la barriada del sur para comprobar qué tan cierta es la situación de explotación sexual infantil.

Así, casi todos los diputados que integran la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, excepto su vicepresidenta Carmen Polledo (PRO) y Gerardo Ingaramo (PRO), llegaron hasta la escuela EMEM Nº 4 para realizar la primera mesa de trabajo por la explotación sexual en Pompeya. Por el Ejecutivo porteño estuvo presente la vicepresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Yael Bendel, y el titular del programa contra la explotación sexual de la Dirección de Niñez dependiente del ministerio de Desarrollo Social, Daniel Ríos.

A su vez, participaron empleados públicos que se desempeñan en la zona, por ejemplo, en centros de salud, y docentes. Por la Justicia porteña se hizo presente la Asesoría Tutelar; no así la Fiscalía General de la Ciudad a cargo de Germán Garavano. En tanto, por parte de los organismos de control, asistió Silvina Pennella, de la Defensoría del Pueblo. Además, estuvieron miembros de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), sección Capital y la congregación de monjas católicas de las Adoratrices.

De esta multitud de referentes reunidos en la EMEM Nº 4 de Pompeya emergieron muchas críticas. Las principales apuntaron a los funcionarios judiciales y policiales. Los fiscales contravencionales porteños las pudieron evitar, mientras que el secretario de la fiscalía sobre delitos sexuales y prostitución infantil (UFI-Integridad Sexual, más conocida como UFI-SEX), no. La misma suerte corrió la secretaría de la fiscalía descentralizada de Pompeya.

?Los secretarios de los fiscales dijeron en el encuentro que no actúan de oficio porque es imposible?, informó a NU la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), quien añadió que los argumentos defensivos de los emisarios de los fiscales aludieron a la ?falta de recursos?. Además, explicó que ?sólo con pruebas certeras convocan a la gendarmería?. En pocas palabras: la fiscalía que financia de forma mixta la Ciudad y la Nación no investiga a las mafias.

Por su lado, el diputado de izquierda y abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) agregó que ?los propios funcionarios de las fiscalías reconocen que no hacen investigaciones, cuando ellos deberían impulsarlas para demostrar los hechos denunciados y no esperar a tener resuelto el caso al instante que se denuncia?.

A su vez, las legisladoras macristas presentes también cargaron sus críticas hacia la Justicia y la Policía Federal. Raquel Herrero, una radical PRO oriunda y actualmente vecina de Pompeya, afirmó a este medio que ?los secretarios de los fiscales se refirieron a las trabas que existen por la corrupción y la policía?.

Para Carolina Stanley, hija de un importante banquero, ?las denuncias se radican, aunque no llegan a condenas y éste es el mayor problema?. Con cierta suspicacia, Parrilli cerró su interpelación a los enviados de la fiscalías UFI-SEX y de Pompeya en el lugar, preguntando acerca de ?cuántas causas hay contra las comisarías locales?. ?Ninguna?, respondieron los interpelados.

?Cuando en un mismo lugar se dan sistemáticos hechos de prostitución infantil es evidente que el aparato de seguridad está comprometido. No hay delito económicamente organizado en el que no participe el aparato de seguridad, la justicia y parte del poder político?, sostuvo Parrilli ante NU.

Las comisarías 32 y 34 de la zona ni siquiera fueron citadas al encuentro. Los legisladores de todos los partidos políticos que integran la Comisión de Mujer e Infancia (PRO, Proyecto Sur, ibarrismo y Coalición Cívica) coinciden en la total complicidad con el delito por parte de aquéllas. Tampoco olvidan que el propio jefe de la Federal, Néstor Valleca, negó a la Asesoría Tutelar la posibilidad de entrevistarse con los comisarios para hablar del tema.

Ante esto, la comitiva de diputados resolvió solicitar entrevistas personales con cada comisario. ?Falta persecución al delito?, recalcó Stanley ante NU. En tanto que Parrilli consideró que ?se debe denunciar a las autoridades policiales para romper el cerco. El nivel de corrupción es inalcanzable?.

No reglamentar es ley

El Estado porteño podría utilizar los mecanismos que le otorga la Ley 2.443 para combatir el delito de la explotación sexual infantil. Pero aunque la norma se sancionó y promulgó, nunca fue reglamentada. Desde hace casi tres años duerme el sueño de los justos. Aún no tiene ni siquiera autoridad de aplicación.

En su primer artículo señala su objetivo: ?Establecer e implementar medidas tendientes a erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes?. Si la ley algún día es reglamentada tendrá, entre otras cosas, incidencias en la currícula escolar e impondría limitaciones a la multimillonaria industria del turismo.

?Recomendar al Ministerio de Educación la incorporación de contenidos sobre la prevención de la explotación sexual comercial infantil?, figura en el punto 5 del artículo 3 del texto.

Mientras, respecto al siempre permeable negocio del turismo, que en todas partes del mundo mantiene relaciones con el abuso sexual de menores y el tráfico de drogas, la ley exige ?a los prestadores de servicios turísticos la suscripción de códigos de conducta?, ya sea de empresas que trabajen con turistas nacionales o extranjeros.

Esto generaría la instalación de miles de carteles visibles en hoteles, bares, terminales de transporte, que en ?español, inglés y portugués como mínimo? tengan un teléfono de denuncias y la siguiente leyenda: ?En todo el territorio de la República Argentina se castiga con hasta quince (15) años de prisión a quienes participen en actos de prostitución infantil, corrupción y/o de abuso sexual a menores de dieciocho (18) años. Denuncie ante la autoridad competente al tomar conocimiento de algún caso de práctica de explotación sexual comercial en niños/as y adolescentes?.

La absoluta ausencia de campañas de denuncia y concientización (en realidad existe una, realizada en video por el programa contra la explotación sexual que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño, a cargo de María Eugenia Vidal, pero que misteriosamente nunca se divulgó) es uno de los puntos que más critican los legisladores. Con la reglamentación de la norma, el Ejecutivo porteño se estaría evitando los embates opositores y hasta alguna demanda judicial, ya que el texto normativo obligaría a la autoridad de aplicación, que algún día será asignada, a ?implementar una campaña permanente? en el marco de los objetivos y presupuestos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene ratificación por la Ley nacional 25.763.

Por otra parte, el artículo 5 obliga a un gasto económico porque deja establecido que ?la difusión de contenidos? debe ser ?a través de todos los medios de comunicación masiva que dependan del Gobierno de la Ciudad, y cualquier otro medio que asegure su difusión masiva?.

Por ahora, el gasto del macrismo, y lo reconocen sus propios partidarios, ?fueron unas postales? que no trascendieron en los medios masivos de comunicación ni fueran publicadas en el portal del Gobierno porteño.

NU consultó a las legisladoras oficialistas que estuvieron en Pompeya sobre la falta de reglamentación de la Ley 2.443. ?Esa ley no la tengo estudiada?, manifestó Raquel Herrero. El texto de la norma ocupa sólo una hoja y su acceso es público. Igualmente, la legisladora aclaró que ?vamos a tratar de impulsar su reglamentación. Estamos estudiando si conviene mejorarla. Tenemos trabajando a los asesores?. Y concluyó que está a favor de reglamentar ?todas las leyes necesarias?.   

Por su lado, Carolina Stanley, ex funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, reconoció que el PRO tiene ?una deuda histórica con la reglamentación de leyes? y dijo desconocer el avance de la reglamentación de la Ley 2.443 por parte del Poder Ejecutivo.

No obstante, al cierre de esta edición, las legisladoras del PRO presentaron un proyecto de ley para limitar los avisos clasificados vinculados a la explotación sexual, que están cristalizados en el rubro 59 del diario Clarín. ?Queremos la regulación del rubro 59, o sea, de la publicidad de bares y whiskerías. Queremos que se exija a la persona que publica un aviso su acreditación de DNI, la titularidad o contrato del local y una boleta de pago de impuestos. Ya que los avisos son una vía de?, la palabra es fea pero es así, reclutamiento de mujeres?, expresó Stanley.

Finalmente, este medio le consultó si existe algún intento de retirar las habilitaciones de whiskerías, bares o cabarets mediante la ley como se realizó en varias localidades del país. ?Estudié el tema de las habilitaciones. Lo estoy evaluando. Pero aún no tengo nada concreto?, señaló Stanley.

Vacío legal, falta de justicia, corrupción. Para muchos el Estado es bobo. Otros insisten en que es cómplice de los proxenetas.