Crece la polémica por el Asentamiento Rodrigo Bueno

Tal como informara esta agencia la semana pasada, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 4 para que se urbanice el asentamiento Rodrigo Bueno, más conocido como Villa Costanera Sur, ubicado entre la Reserva Ecológica y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

La jueza que entiende en la causa, Elena Liberatori, hizo lugar al recurso de amparo y dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno de la Ciudad a garantizar a los habitantes de la villa "condiciones dignas de habitabilidad". La decisión judicial da un respiro a los vecinos en tanto impide seguir construyendo el terraplén que se estaba levantando en la Reserva Ecológica y obliga a la gestión de Aníbal Ibarra a mantener la limpieza del barrio, así como la provisión de luz y agua potable.

Los habitantes del lugar -aproximadamente 500 familias- exigen que se discuta el proyecto de urbanización presentado en la Legislatura y rechazan los subsidios mínimos que propone el Gobierno "porque no garantizan el acceso a la vivienda". También denuncian que "se pretende gastar más en el desalojo (cerca de 8.000.000 de pesos) cuando costaría menos urbanizar el barrio".

En un documento que enviaron a esta agencia los vecinos sostienen: "La Villa Costanera Sur Rodrigo Bueno se asentó en los terrenos antes que se promulgara en 1986 la ordenanza que permitió la creación de la Reserva Ecológica. Dicha ordenanza no tuvo en cuenta a los habitantes de la villa. El terreno donde está ubicado el asentamiento ha sido rellenado por sus propios habitantes. Por ley, los habitantes que residen hace más de 20 años tienen derecho a permanecer en los terrenos".

Para la Comisión Vecinal denunció que se intentan defender "los intereses de la empresa IRSA que quiere construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca el primer barrio privado de la Ciudad, que tendrá más impacto ambiental que la villa Rodrigo Bueno".

En una carta enviada este lunes a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires) señaló que, junto a un grupo de asesores, pudo comprobar que "se siguen ofreciendo los subsidios, pero no se ofrecen los créditos hipotecarios, que sería la mejor salida para esta gente".

Bergenfeld agregó: "Mientras el caso se dirime en la Justicia, sería importante que se aclare a los vecinos la situación en la que se encuentran, dado que se acercan casi a diario a la Comisión de Vivienda de la Legislatura preocupados por su suerte, agregando a sus múltiples reclamos la falta total de agua y luz en algunas manzanas del asentamiento".

Asimismo, la legisladora destacó la presencia de personal de migraciones para orientación de los vecinos que necesitan regularizar su documentación, pero también hizo notar la ausencia de personal dependiente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Fuentes del IVC consultadas por esta agencia, aseguraron que "el Instituto no se ha hecho presente porque éste es un tema excluyente de Desarrollo Social. Una de las formas que ha propuesto esta secretaría para que los vecinos sean realojados son los créditos que nosotros otorgamos y por eso mantenemos conversaciones, pero no nos corresponde realizar ni el relevamiento ni la calificación de los solicitantes".

Por su parte, vecinos del asentamiento continúan denunciando una serie de presiones por parte de la Comisaría 22 y aseguran que agentes de esta dependencia bloquean el acceso al barrio e impiden el ingreso a sus habitantes "para asustar a las familias para forzar el desalojo".

Estas versiones, así como aquellas que indicaban que funcionarios del Gobierno hacían firmar una declaración jurada en blanco a los vecinos, fueron totalmente desmentidas por voceros de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Jorge Telerman, quienes afirmaron que "son sólo versiones que dan a conocer quienes pretenden hacer presión para que se les ofrezca más plata".

Por lo pronto, el Gobierno de la Ciudad publicó un decreto que establece la necesidad de mudar a los habitantes del lugar para recuperar las tierras que son de la Reserva Ecológica, "ya que fueron cedidas por la Nación a la Ciudad para su uso exclusivo".

La primera etapa de la mudanza comienza la segunda quincena de septiembre con un grupo de familias que aceptaron el ofrecimiento de un subsidio o un crédito que se otorga a través del IVC. Es decir, tienen esa opción y firman por una de ellas. Los funcionarios del área involucrada afirmaron que "el 80 por ciento de los habitantes del asentamiento ya aceptó alguna de estas modalidades".

En tanto, la presidenta de la Asociación "Vecinos por la Reserva", Irene Verbitsky, manifestó su beneplácito por el decreto de Ibarra y se pronunció sobre "el discurso falaz de que a IRSA no le causa ninguna gracia que frente a un emprendimiento cuya inversión seria de unos 600 millones de dólares, haya una villa o asentamiento. Lo que le molesta a IRSA es que el canal y la franja de terreno, sobre la cual se encuentra el asentamiento formen parte de la Reserva Ecológica, tratándose por ende de un área protegida".

Y agregó: "Desafectar esa franja de terreno y el canal de la Reserva Ecológica es abrirle las puertas a IRSA para que a futuro construya los muelles, las marinas o embarcaderos para el mentado emprendimiento inmobiliario. Por otra parte, mientras se exige la urbanización del asentamiento Rodrigo Bueno, es sumamente llamativo el silencio de radio respecto a la bomba de tiempo ambiental que significan la Central Costanera, el Riachuelo, el Polo Petroquímico Dock Sud, los que conforman el área de mayor contaminación del Área Metropolitana y a la que están expuestos los habitantes del asentamiento y zonas aledañas".