Denuncian que la Metropolitana compró equipos de inteligencia

La Policía Metropolitana adquirió, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, utilizando la modalidad de compra directa y secreta, material destinado a tareas de inteligencia y de contrainteligencia. Este hecho fue denunciado por los legisladores opositores Diego Kravetz y Raúl Fernández, que reunieron la documentación que prueba que la fuerza compró un software para realizar inteligencia criminal ?algo que no está contemplado entre sus funciones? y otros dispositivos para detectar pinchaduras, interferencias y micrófonos ocultos. La causa que investiga el escándalo de las escuchas ilegales podría dar un nuevo giro que comprometería aún más la situación del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El juzgado de Norberto Oyarbide pediría a la comisión investigadora que le remitiera la prueba documental para anexarla a la causa. En el macrismo reconocieron las compras secretas, pero rechazaron que hayan tenido como fin tareas de inteligencia. De todas formas, evitaron dar una respuesta formal a la denuncia.

Según consigna el diario Tiempo Argentino, la documentación que aportarán a la justicia y que anticiparon a los principales diarios nacionales, el gobierno porteño autorizó la compra ?en forma reservada?, y por ?razones de Estado?, de software y equipos tecnológicos para ?realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia?. La operación roza el 1,5 millón de pesos y fue realizada en forma secreta, al amparo de la legislación nacional que permite adquisiciones de este tipo. Sin embargo, esa modalidad está expresamente prohibida por el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad y por la Ley 2095 de compras y contrataciones.

El dato surge de dos expedientes administrativos, donde el Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezado por Guillermo Montenegro, habría aprobado el pliego de bases y condiciones para la compra por contratación directa de software para inteligencia criminal. La lista de adquisiciones también incluye cuatro sofisticados aparatos: un analizador de espectro, dedicado a detectar micrófonos; un detector de junturas, para descubrir si un teléfono de línea está intervenido; un sistema de analizador de redes y aparatos telefónicos, creado para detectar pinchaduras; una videocámara con termografía, para registrar seguimientos a partir de las temperaturas captadas; y un receptor portátil, un aparato diseñado para ?radio monitoreo de campo?, es decir, para escuchar conversaciones telefónicas en movimiento gracias a su pequeño tamaño, en formato ?portable?.

Las compras fueron de 560.472 pesos para el programa informático y superarían los 660 mil para los equipos.

?Sabemos que el receptor portátil y el software sí fueron comprados?, reveló Fernández, ex secretario de gobierno de Aníbal Ibarra y actual legislador por el monobloque Encuentro Progresista. Una fuente de la Policía Metropolitana confirmó a este diario que los equipos fueron comprados, y que el software ya funciona. ?Es un super Google que nos permitió desbaratar hace poco una red de pedofilia?, dijo un funcionario en defensa de la compra de 560 mil pesos.

Respecto a los aparatos, la fuente confirmó la compra, pero se negó a explicar las características ?hasta conocer los detalles de la denuncia?.

Según la investigación, que también estuvo a cargo de Kravetz, titular del bloque peronista, la compra del software fue realizada en noviembre de 2009, y forma parte del expediente 1.311.125, donde el ministro de Justicia Guillermo Montenegro aprueba el pedido del superintendente de Comunicaciones de la Metropolitana, Eduardo Martino. El expediente también lleva la firma de Edgardo Cenzón, ex director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño, y del entonces subjefe de la fuerza a cargo de su jefatura, Osvaldo Chamorro, el hombre que quedó al mando de la Metro luego de la renuncia del ex comisario mayor de la Policía Federal Jorge ?Fino? Palacios. Chamorro y Palacios eran socios en una agencia de seguridad privada. Dentro de 15 días, el ex hombre fuerte de la Federal cumplirá un año preso acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a intervenir teléfonos desde el gobierno porteño, junto al ex agente Ciro James, también tras las rejas.

La compra de los aparatos forma parte de otro enigma de la investigación. ?Sabemos que forman parte del expediente 1.173.765/2009, pero el gobierno niega su existencia?, explica Kravetz. Hace 15 días pidieron todos los expedientes de compra y esa adquisición no aparece en la lista que entregó Montenegro. Donde sí aparece es dentro de la resolución 55 del 1 de febrero de este año, donde el ex juez reorienta 660 mil pesos de su presupuesto para comprar los aparatos. Ese es el único monto que se conoce de esa operación que también encierra características legales inquietantes: ambas compras fueron realizadas al amparo de la Ley 23.354, cuyo artículo 56, inciso 3, apartado C, autoriza al Estado Nacional a realizar compras secretas por ?razones de Estado?. Para los denunciantes se trata de ?la continuación del aparato privado que entró en crisis con el escándalo de las escuchas?. Ese interrogante deberán enfrentar Cenzón, Martino e Ignacio Grecco, subsecretario de Administración de la Metro. Los tres deberán prestar testimonio el martes que viene ante la Comisión Investigadora.