Polémica por el derecho a huelga
Un nuevo actor se sumó a la polémica disparada por la decisión del Gobierno porteño de descontar a los docentes de la enseñanza pública que participaron de un paro la semana pasada el salario correspondiente a esas jornadas, que fue avalada por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad. La agrupación Observatorio de Derechos Humanos cuestionó la decisión de la Justicia local bajo la premisa de que el derecho a huelga ?es una institución jurídica de rango constitucional?. Además, expresó su repudio a la realización de auditoría por parte del Ejecutivo local que den cuenta de los nombres de quienes participaron de los paros.
A través de un comunicado de prensa, la organización argumentó que el derecho a huelga está amparado por tratados internacionales, ?consagrada expresamente para la protección de los trabajadores como garantía de las asociaciones sindicales para poder ejercer el único poder disponible: el de retirar la fuerza de trabajo, de su empleador?. ?El GCBA reúne la condición de empleador de un colectivo de trabajadores y de garante de los derechos establecidos en la Constitución Nacional, la CCBA, la normativa internacional, y las legislaciones nacionales y locales?, agregó.
El planteo del Observatorio es que con los descuentos el Ejecutivo porteño apela a ?una medida de disciplinamiento? que, argumenta, ?no solo afecta a los actores de la causa, sino que, dada su repercusión mediática, incidirá en la conducta de todos los trabajadores al momento de evaluar las medidas de fuerza a tomar para defender sus derechos. Y todo esto habilitado en contra de lo que establece la ley escrita?.
