Avanzar un casillero
El martes 26 de octubre todo era alegría en la Comisión de Educación de la Legislatura: los diputados acababan de dar dictamen de mayoría a un proyecto que establece la incorporación de los 3.000 maestros que trabajan en los programas de inclusión escolar al estatuto docente, un reclamo histórico del sector que ya lleva más de dos décadas. Detrás de la propuesta elaborada entre la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Ministerio de Educación porteño, apoyada por la gran mayoría de los trabajadores, se desarrolló una puja de intereses que postergó la discusión de otros aspectos relativos al ingreso de estos educadores al sistema, una falencia que muchos coinciden en denominar como ?el mal menor?.
El problema histórico tiene raíz en la creación de servicios y programas complementarios ?tan diversos como ajedrez, cursos de alfabetización, centros de primera infancia y teatro escolar? a la currícula formal. Los maestros que trabajan en ellos lo hacen en calidad de contratados por el Gobierno de la Ciudad, debido a que estas múltiples áreas no fueron incluidas en el Estatuto Docente. El proyecto que firmó el Ejecutivo plantea, a grandes rasgos, saldar esa deuda mediante la creación de un ?Área de Programas Socioeducativos?, diferenciada de las previamente existentes. Esto permite a los docentes dejar de ser contratados para pasar a la condición de interinos, quedando garantizada su estabilidad laboral. Sin embargo, la falencia subsiste en tanto no se establece el pase a la titularidad y queda pendiente la conformación de una junta y un sistema de concursos para la nueva área.
A los ojos de quienes apoyaron la iniciativa, las cuestiones de la titularidad y los concursos son secundarias con respecto a la posibilidad de otorgar estabilidad a los trabajadores de estos programas, poniendo fin a un problema que lleva más de 20 años. Francisco ?Tito? Nenna, legislador del Encuentro Popular para la Victoria, incluso estimó en un ?95 por ciento? el porcentaje de trabajadores que dieron su apoyo a la ley, aún aceptando dejar para el futuro nuevas conquistas. ?La próxima pelea será por el concurso y la titularización pero ahora hay que ponerse en la piel de los trabajadores.
Prefieren comerse el sapo a no tener estabilidad?, explicó a NU la legisladora Laura García Tuñón (Proyecto Sur). No obstante, no todas las voces dentro de la Comisión se volcaron a favor de esta postura. Así lo expresa un despacho de minoría firmado solamente por su autora, la diputada del ibarrismo María Elena Naddeo, aunque originalmente contara con más firmas, incluida la de García Tuñón. El proyecto de Naddeo va más allá del que recibió la mayoría de las adhesiones al proponer que, en lugar de crear una nueva división dentro del estatuto, los docentes de los programas incorporados pasaran a las diferentes áreas ya existentes, donde ya funcionan las diferentes juntas y en las que el régimen de concursos ya está establecido, para obtener automáticamente, de esa forma, la titularidad. En diálogo con NU, Enzo Pagani, representante del PRO dentro de la Comisión, expresó que Naddeo en realidad no estaba en contra de lo propuesta oficial, sino que su disconformidad se refería a ?una cuestión de método?.
Las fuentes consultadas coinciden en identificar una versión que señala a los pequeños gremios docentes como la fuente de la presión para que el proyecto de Naddeo fuera inviable. La versión apunta a que, cuando el Ministerio se reunió con varios de los sindicatos, éstos se quejaron de que si se sumaban los nuevos trabajadores a las áreas en cuyas juntas tienen preponderancia, la balanza de poder se inclinaría necesariamente a favor de UTE, gremio al que pertenece gran parte de los precarizados. De hecho, el único gremio que durante la discusión en Comisión expresó su respaldo a la iniciativa disidente fue Ademys, que establece como línea prioritaria el respeto a la conformación actual del estatuto. Tanto García Tuñón como Naddeo señalaron la posibilidad de que existiera una amenaza velada de que el Ejecutivo podría recurrir al veto, como ya había sucedido en 2008 con Narodowski en Educación, si se hacía fuerza por darle más alcance a la ley. Así, los trabajadores logran salir de su situación, aunque sin concursar y en un área separada de las existentes; mientras que el Gobierno recoge los laureles por haber resuelto la situación con una medida apoyada de modo casi unánime, reservándose la facultad de revisar cada caso para la titularización para después generar algún mecanismo de concurso. UTE, por su lado, recibe el crédito por haber destrabado y llevado a buen término la negociación. Otro enfoque es el de Nenna, quien opinó que el dictamen mayoritario es la conclusión de 25 años de luchas y movilizaciones. Pagani analizó el despacho como un éxito del GCBA y consideró que el de Naddeo hubiese ?demorado la incorporación?.
