Universidades en el centro del apuro por el Presupuesto 2027
En una semana clave en el Congreso, la oposición exige al gobierno reformular el presupuesto 2027 para garantizar la ley de financiamiento universitario. El reclamo de Unión por la Patria (UxP), que presentó el diputado Guillermo Michel, apunta al fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 11 y a la ley de Financiamiento Universitario 27.795. La propuesta busca compensar el gasto adicional con una reducción de la Jurisdicción 91, "Obligaciones a cargo del Tesoro", sin tocar el resultado financiero, manteniendo así la estabilidad presupuestaria mientras se aseguran los fondos necesarios para la educación superior.
La brecha es grande y constituye el núcleo del conflicto: el Gobierno prevé 7,7 billones de pesos para las universidades, mientras que los rectores calculan que hacen falta 11 billones para cumplir la ley. Este déficit de más de 3 billones de pesos ha generado un amplio consenso opositor, ya que el reclamo no es solo del peronismo: la UCR, Provincias Unidos y Argentina Federal también piden que se cumpla la norma. La disparidad entre lo proyectado y lo requerido plantea un desafío constitucional que podría terminar en la vía judicial si no se resuelve en el recinto legislativo.
Ante esta situación, La Libertad Avanza (LLA) impulsa con otros bloques un proyecto para mantener vigentes varios puntos de la ley y quiere debatirlo la semana próxima. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio y Argentina Federal, tiene un impacto fiscal de $600.000 millones en 2027, que deberían incorporarse al Presupuesto para asegurar el voto de los aliados. Por su parte, Economía incluyó en el proyecto 7,25 billones de pesos para discapacidad, aunque esta cifra sigue siendo objeto de discusión entre las diversas fuerzas políticas que conforman el Legislativo.
La crítica opositora se centra en la falta de diálogo institucional. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), pidió una hoja de ruta y se quejó de que pasó casi un mes desde que ingresó el proyecto sin una sola reunión para analizarlo. Martínez informó además que el lunes ingresaron una nota por el capítulo de las universidades públicas, para que se instruya a la Jefatura de Gabinete a cumplir el fallo judicial y garantizar el financiamiento en 2027. La propuesta oficial de la oposición es subir los créditos con recursos de otras partidas del mismo proyecto, de modo de no alterar el resultado financiero previsto, buscando así una solución técnica que no impacte en las cuentas públicas.
El escenario se complica porque el fallo de la Corte debilita la sesión opositora del 15 y el gobierno prepara con sus aliados una súper sesión en respuesta. Los números del proyecto presupuestario reflejan un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847 a fin de año, variables que han sido cuestionadas por ser diferentes a las que Hacienda defendió anteriormente. El debate presupuestario se convierte así en la principal batalla política del Congreso, donde se definirá no solo el futuro financiero de las universidades sino también la capacidad del gobierno para aprobar su "ley de leyes" en medio de tensiones internas y presiones externas.