Los sindicalistas Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Pablo Moyano, cercanos a Cristina Kirchner, pidieron un impuesto a la riqueza para cancelar la deuda que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, la propuesta va en línea con la que emitió el bloque de senadores que responde a la vicepresidenta.
Los gremialistas dieron a conocer su posición a través de un comunicado que titularon “Paz, pan y trabajo: que la deuda no la paguen los de abajo”, que incluye críticas al entendimiento que alcanzó el Gobierno nacional con el organismo internacional de crédito.
A su vez, expusieron que “deben ser los sectores más pudientes de nuestra sociedad” quienes paguen la deuda y para ello proponen “que la Ley 27.605/21 se prorrogue y sea un aporte solidario extensivo de las grandes fortunas mientras dure el endeudamiento con el FMI”.
A 40 años de #PazPanyTrabajo y el pueblo trabajador como protagonista.
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— CTA (@CTAok) March 30, 2022
“Que paguen los cien agentes que sabemos que fugaron 24.679 millones de dólares y que los organismos de control fijen la mirada e investiguen a quienes tienen activos no declarados en el exterior y que paguen los que tienen que pagar”, determinaron.
Según Perfil, a lo largo del texto, en línea con lo que manifiesta Pablo Moyano en cada oportunidad sostienen que no puede existir “un ajuste” para la clase trabajadora. Si eso sucede, habrá convocatoria en “las calles, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria reclamando por lo que se comprometieron: salarios y jubilaciones por encima de la inflación, ningún tipo de reforma laboral ni previsional, las tarifas de los servicios públicas deben ser razonablemente accesibles para el trabajador”.
Por último, los firmantes hicieron mención a la agenda de la coalición oficial: “El gobierno del Frente de Todos, nuestro gobierno, llegó para poner fin a las injusticias, para poner en marcha el aparato productivo, para dar trabajo y para construir un Estado de bienestar donde podamos vivir dignamente”.
La proclama no lleva la firma de los gremios de los denominados “gordos”, lo que desnuda la grieta sindical que existen entre aquellos alineados a la posición de Alberto Fernández y otros que apoyan a la vicepresidenta.