El miércoles las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto de la Legislatura porteña analizaron dos proyectos del Gobierno porteño que fueron enviados el lunes al Palacio Legislativo. Los proyectos incluyen 16 convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad y empresas privadas con el fin de cambiar las normas de edificación de varias parcelas del distrito.
Uno de los proyectos incluye 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.
Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas.
Estas parcelas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.
El proyecto restante, en tanto, define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.
La idea del oficialismo porteño es que en una nueva reunión de comisiones que se realizará este viernes por la tarde, los dos proyectos reciban dictamen de mayoría. Y que de esa manera, queden listos para ser tratados en el recinto.
Sin embargo, según supo Noticias Urbanas ni la Coalición Cívica ni el bloque de la UCR Evolución acompañaran al Pro en la firma del dictamen de mayoría.
“Seguramente haya despacho de mayoría y minoría”, le dijo un legislador del Pro a este medio.
Por su parte, el bloque de legisladores del Frente de Todos (FdT) ya salió a cuestionar ambas iniciativas. “Larreta pone a la Legislatura en un mero rol de gestor de permisos de construcción para grandes desarrollos inmobiliarios, y al Estado porteño en facilitador de esos intereses privados. No puede ser que toda la Ciudad hoy se construya en base a excepciones. No hay estudios de diagnóstico, ni análisis técnico serio. No hay planificación”, expresó la legisladora Claudia Neira.
Luego de la reunión de comisiones del miércoles y antes de la este viernes, Noticias Urbanas dialogó con el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, el legislador del Pro dentro del bloque de Vamos Juntos, Daniel del Sol, sobre la posición del oficialismo frente a estos nuevos convenios.
¿De qué se tratan los dos proyectos que el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura y que incluyen 16 convenios urbanísticos?
Los convenios urbanísticos que estamos tratando fueron analizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad, a partir de una convocatoria que realizó a principio de año. Son acuerdos que propician cambios normativos de diferentes parcelas a cambio de una contraprestación a favor de la Ciudad, que en este caso superaría los 35 millones de dólares.
La idea del oficialismo es que este viernes reciban dictamen de mayoría y puedan ser tratados en el recinto.
Convocamos la reunión de diputados para el viernes a la tarde, en la que intentaremos lograr un dictamen favorable. Después del despacho evaluaremos la fecha de votación en el recinto.
¿Qué opina de las críticas que ya le hizo la oposición a estos nuevos convenios?
Son distintas miradas. Nosotros entendemos que estas iniciativas significan más desarrollo para la Ciudad, reactivación del sector y 6.000 puestos de empleo indirecto, que son muy necesarios en un contexto difícil por la pandemia.
¿Por qué los convenios se trataron con tanta celeridad en las comisiones? ¿Esta fue una orden que les dio el Ejecutivo porteño?
Desde que asumí como presidente de la comisión trabajamos de esta manera en los proyectos pendientes y en los que ingresan, así que definimos con el Ejecutivo hacer primero la reunión informativa. Especialmente porque se tratan de proyectos de doble lectura, con una instancia de audiencia pública, y demandan un proceso parlamentario mayor, a partir de las observaciones y modificaciones que surgen en pos de generar consensos y mejorar los expedientes.
