Malvinas: el Gobierno endurece su postura e incluiría a la pesca
El Gobierno nacional avanza en el endurecimiento de su estrategia sobre las Islas Malvinas y evalúa ampliar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que enviará al Congreso la próxima semana para incorporar sanciones que alcancen, además de la exploración y explotación hidrocarburífera, a la pesca ilegal y otras actividades vinculadas con los recursos de la zona. La incorporación de estos sectores se terminará de definir en las próximas horas en la Secretaría de Legal y Técnica y busca modificar la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, para extender el régimen de sanciones.
La posibilidad de incluir a la pesca responde a un reclamo que surgió desde el propio sector pesquero y que luego fue tomado por el peronismo. Durante la sesión de Diputados del miércoles, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, pidió que las nuevas sanciones también alcancen a las empresas que participen de actividades pesqueras vinculadas con las islas.
El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados el próximo lunes y el oficialismo busca un tratamiento rápido en comisión para que comience a debatirse entre fines de septiembre y principios de octubre, con la expectativa de que avance sin mayores resistencias políticas. Entre los posibles funcionarios que podrían explicar el contenido de la iniciativa en el Congreso aparecen el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, quienes participaron en la elaboración del texto, mientras el asesor presidencial Santiago Caputo trabaja en los últimos detalles antes del envío al Parlamento.
Ambas compañías avanzaron a fines de 2025 con la decisión final de inversión para desarrollar el emprendimiento, que podría convertirse en el primero de producción de petróleo en aguas próximas a las islas. Para la Argentina, esas operaciones son ilegítimas porque se desarrollan sin autorización del Estado nacional en un área sobre la que el país sostiene su reclamo de soberanía.
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, sostuvo, y ratificó que el Gobierno avanzará con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será contemplado en el Presupuesto 2027.
