Ley de Tierras Rurales: una cifra que encendió la discusión
La discusión sobre la propiedad de las tierras rurales volvió a ocupar un lugar central a partir de los datos que muestran la magnitud de la superficie en manos de extranjeros. Actualmente, unas 13,3 millones de hectáreas rurales pertenecen a personas físicas o jurídicas extranjeras, según los registros oficiales relevados por el Registro Nacional de Tierras Rurales. La cifra representa cerca del 5% de la superficie rural del país.
De acuerdo con los registros citados, la superficie en manos extranjeras creció desde aproximadamente 12,5 millones de hectáreas en 2018 hasta los actuales 13,3 millones. Esto implica un incremento de unas 781 mil hectáreas, equivalente al 6,25% en ese período. Pese al crecimiento, el porcentaje nacional continúa por debajo del límite general establecido por la legislación.
La normativa también establece restricciones adicionales. Ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% del porcentaje habilitado para la titularidad extranjera y, además, un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente según la ubicación. El objetivo del régimen es establecer controles específicos sobre la propiedad rural extranjera.
En paralelo, durante la gestión de Javier Milei se autorizaron 111 operaciones de compra de tierras rurales por parte de extranjeros, según información proporcionada por el Ministerio de Justicia. De ese total, 35 certificados fueron otorgados durante 2024, otros 29 en 2025 y 47 en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos relevados por Chequeado.
La discusión sobre el futuro de estas restricciones se mantiene vinculada al debate sobre inversiones, propiedad de los recursos y soberanía territorial. Mientras el Gobierno impulsó modificaciones al régimen de tierras rurales, los datos oficiales muestran que actualmente 13,3 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras y que esa superficie aumentó respecto de los registros de 2018. El debate, en ese contexto, continúa atravesado por la tensión entre flexibilizar las condiciones para la inversión y mantener límites sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.
