La Justicia condenó al policía que atacó con gas a una niña frente al Congreso
El oficial principal de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados. El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, frente al Congreso Nacional. Además de la pena, el juez federal Daniel Rafecas dispuso su inhabilitación para ejercer funciones policiales por el doble del tiempo de la condena.
La sentencia se conoció este miércoles, luego de un juicio correccional que comenzó y terminó en la misma jornada. Rivaldi fue encontrado responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. La acusación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, mientras que el abogado Gregorio Dalbón representó a la niña y a su madre, Carla Mariana Pegoraro, como querellantes.
Durante el proceso quedó probado que madre e hija estaban sentadas en el suelo, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, cuando el efectivo las roció con el aerosol disuasivo que tenía asignado. Según la investigación, ninguna de las dos se enfrentaba a la Policía ni resistía una orden de la autoridad. Como consecuencia del ataque, la menor debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, donde recibió un diagnóstico de conjuntivitis química.
El fiscal Taiano había solicitado una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, mientras que la querella había reclamado un año y ocho meses. En su acusación, el representante del Ministerio Público sostuvo que el policía actuó de manera “desmedida e injustificada, y a una corta distancia”. También señaló que las imágenes del episodio permitían reconocer a la niña y que el agente tenía parcialmente levantado el visor del casco, lo que ampliaba su campo de visión.
Por su parte, Rivaldi negó haber apuntado contra una menor y argumentó que no la había visto debido al tumulto que se produjo durante el operativo. Sostuvo que utilizó el gas pimienta luego de que el contacto físico no alcanzara para dispersar a los manifestantes y planteó que el aerosol pudo haber sido utilizado por un tercero. Sin embargo, la acusación hizo hincapié en el protocolo de mantenimiento del orden público, que establece la obligación de aplicar la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención ante la presencia de niños, embarazadas y adultos mayores.
El caso también tuvo repercusiones políticas porque, cuando ocurrió el episodio, Patricia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad y Alejandra Monteoliva se desempeñaba como su segunda. En aquel momento, Bullrich responsabilizó a la madre por llevar a la niña a la manifestación y sostuvo que “nadie gaseó a una nena”. Sin embargo, posteriormente se difundieron imágenes que mostraron al efectivo rociando a ambas. La querella anticipó que buscará avanzar sobre las responsabilidades de las entonces autoridades de Seguridad y de otros funcionarios vinculados al operativo.
