La Comuna 12, al tope de las autorizaciones para extraer árboles

El arbolado de la Comuna 12 volvió a quedar en el centro de la escena. En poco más de siete meses, el Gobierno porteño autorizó la extracción de más de 350 árboles en Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón. Las decisiones quedaron plasmadas en diez resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, un volumen que coloca a la comuna al tope del ranking de los permisos de tala de ejemplares en la Ciudad y reabre las discusiones sobre la conservación del patrimonio verde.

La cantidad de resoluciones no implica necesariamente que todos los árboles sean retirados al mismo tiempo, ya que cada acto administrativo reúne un conjunto de ejemplares distribuidos en distintas calles y responde a inspecciones realizadas previamente por personal técnico.

Sin embargo, el volumen registrado durante 2026 vuelve a ubicar a la Comuna 12 como uno de los principales escenarios de las intervenciones sobre el arbolado porteño, una situación que en los últimos años ya había generado cuestionamientos de vecinos y organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio ambiental.

Detrás aparecen la Comuna 10, mientras que las comunas 1, 14 y 6 registran una cantidad considerablemente menor de actos administrativos vinculados con extracciones. Aunque cada resolución comprende un número diferente de ejemplares, la frecuencia con la que la Comuna 12 recurre a esta herramienta vuelve a poner el foco sobre la gestión del patrimonio arbóreo en uno de los sectores más arbolados de la Ciudad.

El listado de especies refleja también la diversidad del arbolado de la Comuna. Entre los ejemplares autorizados para extracción aparecen fresnos americanos y fresnos verdes, paraísos, arces negundo, tipas, plátanos, ginkgos biloba, ceibos, ligustros, albizias, ciruelos, crespones, moreras de papel y robinias.

Muchas de estas especies fueron incorporadas hace décadas al paisaje urbano porteño y hoy forman parte de corredores arbolados característicos en barrios como Villa Urquiza y Coghlan, donde los ejemplares adultos cumplen un rol clave en la regulación de la temperatura, la captación de agua de lluvia y la provisión de sombra.

En la mayoría de los casos, las inspecciones oficiales justifican las extracciones por razones de seguridad. Los informes técnicos mencionan ejemplares secos o semisecos, inclinaciones pronunciadas, pudriciones en el tronco, daños estructurales, ramas de gran porte con riesgo de desprendimiento, presencia de insectos o deterioros que, según los inspectores, hacen inviable su recuperación y representan un peligro para personas o bienes.

Sin embargo, algunas de las actuaciones también despertaron interrogantes. Entre los casos que figuran en las resoluciones aparece un árbol ubicado sobre Holmberg al 3500, frente a una obra en construcción, cuyo informe señala una importante podredumbre en el fuste y un marcado desbalance de la copa. También fueron autorizadas extracciones de ejemplares ubicados en Larsen, Andonaegui, Conde, Habana y Valdenegro, entre otras calles de la Comuna.

Los árboles alcanzados por las resoluciones no solo se encuentran sobre veredas, sino también en algunos de los principales parques, plazas y espacios verdes de la Comuna 12. Entre ellos figuran el Parque Saavedra, el Parque General Paz, el Parque Múgica, el Parque Goyeneche (Parque Pioneros de la Antártida), el espacio verde de la estación Coghlan, el espacio verde del Barrio San Martín, las plazas Doctor Escudero, Doña Petrona Gandulfo, Edmundo Rivero y Primero de Marzo, además de distintas plazoletas del distrito.

A su vez, algunas de las fotografías incorporadas a los expedientes muestran árboles que, al menos a simple vista, conservan copas frondosas o presentan signos de vitalidad, aun cuando los informes los describen como secos o semisecos. Esa diferencia entre la documentación técnica y la percepción visual es uno de los aspectos que organizaciones ambientalistas vienen señalando desde hace tiempo y que alimenta el debate sobre los criterios utilizados para disponer una extracción.

En varias de las resoluciones publicadas este año también se aclara que, una vez retirados los ejemplares, se procederá a la plantación de nuevos árboles aptos para el arbolado público urbano, de acuerdo con las características de cada vereda y plantera. No obstante, algunos especialistas advirtieron que la reposición no implica una compensación inmediata de los servicios ambientales que brinda un árbol adulto, cuyo desarrollo demanda varias décadas.

La legislación porteña establece que la poda y la extracción de ejemplares del arbolado público solo pueden realizarse cuando son ordenadas o autorizadas por la autoridad competente. La Ley 3.263 dispone que estas intervenciones deben responder a situaciones específicas, como la preservación de la seguridad de las personas y los bienes, la ejecución o mantenimiento de servicios públicos o tareas de conservación del patrimonio arbóreo. Al mismo tiempo, impone al Estado la obligación de preservar los ejemplares existentes y adoptar medidas que favorezcan su desarrollo.

La normativa vigente establece que la extracción constituye la última alternativa dentro del manejo del arbolado público. Antes de llegar a esa instancia, la ley contempla tareas de conservación, mantenimiento y poda, cuando estas permitan preservar el ejemplar.

Solo cuando los informes técnicos concluyen en que el árbol no puede recuperarse o representa un riesgo para la seguridad de personas y bienes, puede autorizarse su retiro. En la mayoría de las resoluciones difundidas este año, la Comuna 12 sostuvo que las inspecciones determinaron precisamente esas condiciones, aunque el detalle técnico de cada caso continúa siendo motivo de discusión entre especialistas y organizaciones ambientales.

La discusión sobre el manejo del arbolado no es nueva. Años atrás, la Justicia porteña ordenó suspender las tareas de poda y tala que no estuvieran vinculadas con cuestiones de seguridad hasta que la Ciudad implementara un sistema informático que permitiera conocer el estado de cada árbol y garantizar la trazabilidad de las intervenciones. En aquella resolución judicial también se reclamó mayor acceso público a la información y a la implementación integral del Plan Maestro de Arbolado.

El fallo remarcó que un árbol no puede ser considerado un elemento más del mobiliario urbano y destacó que se trata de un patrimonio ambiental construido a lo largo de décadas, cuya gestión requiere criterios técnicos, publicidad de los actos administrativos y mecanismos que permitan el control ciudadano.

Organizaciones ambientalistas sostienen que las extracciones y podas deben responder estrictamente a evaluaciones individuales y debidamente fundamentadas, y reclaman una mayor difusión de los informes técnicos, de los diagnósticos sanitarios y del seguimiento de los reemplazos anunciados. También advierten sobre la necesidad de fortalecer las tareas de mantenimiento preventivo para evitar que la extracción se convierta en la principal respuesta frente al deterioro del arbolado.

Por ahora, nada cambió en este aspecto. La única diferencia es que las organizaciones ambientalistas y los vecinos están atentos a lo que pase.