Jorge Macri vetó cuatro leyes y el peronismo anticipa que insistirá en la Legislatura

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, avanzó en los últimos días con una serie de vetos a leyes aprobadas por la Legislatura porteña, que ya suman cuatro iniciativas rechazadas total o parcialmente y a las que se agregarán al menos otras dos próximamente.

Las decisiones, formalizadas mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, reabrieron el debate político sobre la potestad del Poder Ejecutivo de vetar leyes sancionadas en la Legislatura y la evaluación que nace de los diputados que la consideran una medida arbitraria que soslaya su tarea.

Desde la sede de Gobierno porteño en Parque Patricios justificaron los vetos en dos ejes centrales: la supuesta invasión o duplicación de competencias propias del Poder Ejecutivo, mediante la creación de comisiones u órganos paralelos, y la falta de viabilidad técnica y presupuestaria de las normas sancionadas.

Mientras que en el peronismo confirmaron que impulsarán la insistencia legislativa en los proyectos vetados. “Cuando el veto se ejerce de manera arbitraria, el mensaje es muy negativo y va en contra de un funcionamiento armónico con la Legislatura”, analizó Claudia Neira. María Bielli agregó que la insistencia legislativa será una prioridad.

En cambio, el radicalismo -bloque alcanzado por dos de los vetos- prefirió no confrontar públicamente. Desde sus despachos reconocieron que “quizás fueron proyectos que salieron demasiado rápido” y agregaron que “que habrá que trabajar más para construir una propuesta superadora” junto con el Ejecutivo.

Las leyes alcanzadas por esta decisión de la administración del Pro fueron aprobadas el 27 de noviembre en la última sesión ordinaria del año que se extendió por más de 14 horas y que tuvo como principal sanción a la del Presupuesto 2026.

En aquella jornada, sin embargo, también se dio aval a más de 600 expedientes, muchos de ellos incluidos en las negociaciones típicas de fin de año entre los bloques legislativos, y varios que llegaron al recinto sin haber tenido un debate previo en las comisiones parlamentarias.

Puntos de Encuentro Seguros para niñas, niños y adolescentes

El primer veto recayó sobre la ley de autoría de la legisladora radical Aldana Crucitta que buscaba fortalecer los mecanismos de comunicación directa entre el Estado porteño y niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa proponía la creación de los “Puntos de Encuentro Seguros”, espacios equipados con dispositivos tecnológicos de uso simple para que chicos y chicas pudieran contactar de manera directa a la Línea 102 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, designado como autoridad de aplicación.

El objetivo era ofrecer una herramienta accesible para pedir ayuda de forma autónoma frente a situaciones de conflicto o vulneración de derechos. El Gobierno porteño, sin embargo, consideró que la norma duplicaba funciones ya existentes dentro del Ejecutivo y carecía de una planificación técnica y presupuestaria adecuada para su implementación.

Estudio epidemiológico extraordinario en salud mental

El segundo veto fue parcial y alcanzó artículos clave de la ley 6880 impulsada por la legisladora Victoria Freire, de Fuerza por Buenos Aires, que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en toda la Ciudad, con foco en el período posterior a la pandemia de COVID-19. La norma establecía el relevamiento de padecimientos en población adulta, infancias y adolescencias, incorporando además determinantes sociales, económicos, políticos y culturales.

Jorge Macri vetó los artículos 4, 5 y 7, que preveían la creación de una Comisión Especial para llevar adelante el estudio, integrada por asociaciones profesionales, colectivos de usuarios, organizaciones sociales y ámbitos académicos, y fijaban el plazo para su convocatoria.

El resto de la ley, que define el marco conceptual y los objetivos generales del relevamiento, quedó vigente. Desde el Ejecutivo argumentaron que la comisión implicaba superposición de funciones con áreas ya existentes y generaba estructuras innecesarias dentro del Estado.

Estándares de calidad para hogares de niñas, niños y adolescentes

El tercer veto alcanzó a la ley 6900 de la legisladora Claudia Neira que establecía estándares de calidad del cuidado para hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, tanto de gestión pública como privada. En este caso, la iniciativa fue ingresada en 2024 y debatida en la Comisión correspondiente, donde obtuvo dictamen.

Al respecto, el Gobierno vetó artículos centrales del proyecto -entre ellos los vinculados a funciones de la autoridad de aplicación, modificaciones a códigos edilicios, requisitos de personal, condiciones de seguridad, acceso a sistemas de información y previsiones presupuestarias- dejando fuera del texto definitivo aspectos sustantivos de la regulación.

La norma buscaba fijar un marco integral de derechos, obligaciones del Estado y estándares de calidad, con principios como el interés superior del niño, la participación, la autonomía progresiva y la no discriminación. Según el Ejecutivo, la Ciudad cuenta actualmente con 54 hogares (8 propios y 46 conveniados), no existe una partida presupuestaria específica para la implementación de la ley y varios establecimientos manifestaron su rechazo a la iniciativa por considerar que desconocía la complejidad del funcionamiento de estos espacios. “Este proyecto evidencia un desconocimiento del funcionamiento de los Hogares”, deslizaron.

Desde el peronismo, en tanto, las críticas fueron duras. La diputada Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza Buenos Aires, sostuvo que “lo sustancial e inaceptable” del veto es que recae sobre los artículos que “van al corazón de la ley”.

“El mensaje es que no están dispuestos a poner ni esfuerzo ni presupuesto en mejorar la vida de los niños más vulnerables”, afirmó. En la misma línea, la legisladora Maru Bielli habló de un “desinterés brutal” por parte del Ejecutivo y anticipó que la insistencia con la norma “estará en el centro de la agenda” parlamentaria.

Política metropolitana y Consejo Consultivo

El cuarto veto fue parcial y alcanzó a la ley 6859, del radical Lucio Lapeña, que buscaba consolidar un enfoque metropolitano en el diseño de políticas públicas de la Ciudad en articulación con la Provincia de Buenos Aires y los municipios del conurbano. La decisión dejó sin efecto el artículo 8°, que creaba el Consejo Consultivo Metropolitano como órgano honorario de participación ciudadana, pero mantuvo vigente el resto del articulado.

Además de los cuatro vetos ya formalizados, en el Ejecutivo anticipan al menos otros dos rechazos.

Uno de ellos será parcial y recaerá sobre la ley 6912, que habilita la creación del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La determinación del Gobierno porteño contempla permitir la conformación del Colegio, pero no los artículos que amplían el esquema de asesorías y estructuras asociadas.

Esta iniciativa tiene un antecedente en 2007, cuando a una semana de llegar al cargo de Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, primo de Jorge, emitió su primer veto que tuvo como objeto la ley de la Legislatura que, justamente, daba creacion al Colegio Único de Profesionales de la Higiene y Seguridad. En sus ocho años de gestión entre 2007 y 2015 alcanzó los 128 vetos.

El otro rechazo de la gestión actual será total y afectará a la ley 6939, que renovaba el permiso de uso de un inmueble ubicado en Ramón Falcón 2714, donde funciona el Mercado de Flores gestionado por la Cooperativa “Libertadores de América”. Según el Ejecutivo, el permiso otorgado en 2017 por cuatro años está vencido y el uso actual del espacio carece de habilitación legal.

La Constitución porteña establece en su artículo 87 que el Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley sancionado por la Legislatura, expresando los fundamentos. En ese caso, la norma vuelve al Parlamento, que puede insistir con el texto original con el voto de dos tercios de sus miembros; si no se alcanza esa mayoría, el proyecto no puede volver a tratarse en ese año legislativo.

El artículo 88, en tanto, prohíbe la promulgación parcial sin consentimiento legislativo, pero habilita el veto parcial: el proyecto vuelve íntegramente a la Legislatura, que puede aceptar el veto con la mayoría necesaria para sancionar leyes o insistir en el texto original con dos tercios de los votos.

Tras la publicación de los vetos en el Boletín Oficial y consultados por Noticias Urbanas, desde el peronismo adelantaron que buscarán insistir con las leyes vetadas, en especial las vinculadas a la protección de niñas, niños y adolescentes.

“Lo que dice el veto es que no están dispuestos a poner ni esfuerzo ni presupuesto en mejorar la vida de los niños en los hogares de la Ciudad”, advirtió Neira, quien explicó que durante el debate parlamentario del proyecto de la ley rechazada se trabajó junto con funcionarios del área de la niñez y con el oficialismo en la redacción final. “Estos nos lleva a dar una discusión para poder sostener estos artículos”, adelantó.

De manera coincidente, Bielli indicó que para su fuerza política “es una prioridad la protección de los niños más vulnerados y sin cuidados parentales que viven en estos hogares”, por lo que cuestionó que se hayan “vetado los artículos más sustanciales de la asignación de presupuesto” del programa. “Eso marca un desinterés brutal de Macri por estas niñas y niños”, remarcó y aseguró que “estará en el centro de la agenda insistir con esta ley”.