El Gobierno avanza con reformas polémicas: expropiaciones, desalojos y venta de tierras
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en la Casa Rosada el envío al Congreso de una decena de proyectos que completan la agenda del Ejecutivo y se suman a la reforma del Código Penal ya anunciada. Entre las iniciativas figura la intención de “limitar las expropiaciones a casos ‘estrictamente excepcionales’ ” y de elevar las indemnizaciones a quienes resulten afectados, una medida que, según el funcionario, busca reducir la “inseguridad jurídica” y atraer inversiones.
Dentro del paquete se incluye además una reforma de la ley de tierras rurales que elimina las restricciones a la venta de campos a extranjeros, con el argumento oficial de que “los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión” y que ciertas actividades -petróleo, minería o agroindustria- requieren la compra de grandes extensiones para desarrollarse. El anuncio remarca la apuesta del gobierno por capitales globales para impulsar sectores estratégicos.
Otra iniciativa que despertó críticas y expectativas por igual es la modificación del régimen de desalojos: el Ejecutivo propone agilizar los procesos para recuperar inmuebles y desarticular ocupaciones, con una ley que dé “vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”. El objetivo declarado es combatir lo que calificaron como “el flagelo nacional que son los okupas” y dar mayor seguridad al mercado de alquileres.
Ultimando el envío de la “Ley Hojarasca” y preparando el próximo paquete de desregulación que enviaremos al Congreso de la Nación. Fin. pic.twitter.com/F1hxlsDXi1
— Manuel Adorni (@madorni) March 25, 2026
El paquete contempla además medidas para la revisión de pensiones por discapacidad y del sistema de beneficios sociales, proponiendo endurecer requisitos y transparentar otorgamientos para “diferenciar entre beneficiarios legítimos y quienes habrían accedido al beneficio en forma irregular”. En su exposición, Adorni cuestionó el manejo anterior de estos programas y lo vinculó con problemas fiscales y presiones sobre la economía.
Entre las iniciativas de gestión del Estado, el Gobierno confirmó la intención de concesionar por 30 años el complejo hotelero de Chapadmalal, con el fin de captar inversión privada para restaurar las instalaciones y aliviar la carga financiera estatal. Adorni sostuvo que parte de los ingresos por privatizaciones -un 10% según el anuncio- se destinarán a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional, enmarcando la propuesta en la prioridad oficial por reforzar capacidades estratégicas.
El paquete legislativo abre un frente de debate político y social: desde el oficialismo lo presentan como una estrategia para atraer inversiones, mejorar la seguridad jurídica y agilizar la gestión pública; desde la oposición y sectores sociales advierten riesgos sobre el acceso a la tierra, los derechos de los ocupantes y el recorte de protección social. El Ejecutivo completó el anuncio informando que enviará también al Senado 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores para su confirmación, marcando el inicio de una intensa temporada legislativa.
