Publicado: 13/10/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

De Aysa al Belgrano Cargas: la próxima batalla privatizadora

Los principales jugadores del negocio ferroviario se preparan para ampliar su participación.
De Aysa al Belgrano Cargas: la próxima batalla privatizadora
Redacción NU
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Tras avanzar con la privatización de AySA, el Gobierno prepara la licitación de la red de cargas del Belgrano, que comprende los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza. El ministro de Economía, Luis Caputo, estima que la operación podría aportar unos US$700 millones a los ingresos previstos por privatizaciones.

La apertura de sobres está prevista para el 11 de noviembre, cuando se conocerán las propuestas técnicas y económicas. Entre los interesados figuran Grupo México Transportes, un consorcio de empresas cerealeras y el Grupo Roggio, que busca competir nuevamente después de perder la licitación de AySA.

Las cerealeras negocian ampliar su consorcio con la incorporación de una empresa minera y otra compañía con actividad portuaria, de acuerdo con fuentes citadas por el medio. La alianza Pro-Ferrocarril Belgrano reúne actualmente a Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas, Aceitera General Deheza y Louis Dreyfus Company.

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El diseño de la licitación generó objeciones entre algunos participantes. Uno de los puntos cuestionados es el requisito de acreditar experiencia previa en la gestión de redes ferroviarias. Además, aunque el Gobierno había promovido un esquema de acceso abierto, los pliegos permitirían que una misma empresa opere la red y sea propietaria de los trenes.

Grupo México evalúa las condiciones del concurso y, según el artículo, había manifestado contar con US$3.000 millones para la totalidad de la red. Por su parte, Techint estudia presentarse por la línea San Martín, con interés en la logística vinculada al transporte minero y la conexión con los puertos.

El plan contempla inversiones privadas y obras de reacondicionamiento de las vías, estimadas en unos US$800 millones. Los adjudicatarios podrán acogerse al RIGI, con un piso de inversión de US$200 millones; el esquema prevé ingresos por peajes dentro de límites tarifarios fijados por el Estado.

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