Greco y Cenzón, con las mismas dudas

El regreso del subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana, Ignacio Greco, y el ex director de Compras de la Ciudad, Edgardo Cenzón, no produjo avances significativos en relación a lo que se había logrado en su anterior visita, aunque sí fue mejor la recepción de los diputados de la oposición, que se mostraron más resignados a recibir respuestas evasivas y promesas de envío de documentación.

Greco fue quien se llevó la mayor parte de las preguntas. Antes que nadie, el diputado Fabio Basteiro (Proyecto Sur), manifestó que la nueva citación había sido considerada necesaria tras la lectura de la versión taquigráfica de la anterior, plagada de ?no los sé? y ?desconozco?. La frase favorita de Greco para esta ocasión fue, en cambio, ?está en el decreto?, principalmente ante las preguntas del legislador Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) acerca de los criterios para entrega de remuneraciones.

Epszteyn aseguró que, según las cuentas de la policía, el 92,7 por ciento de los policías recibe remuneraciones por riesgo personal, incluidos oficiales de nivel jerárquico y el mismo jefe de la PM, Eugenio Burzaco. ?¿En qué casos corresponde nivel jerárquico y en cuales riesgo profesional? ¿Cuándo se determina el riesgo profesional??, inquirió el diputado. La respuesta, luego de muchas vueltas, fue que la información obre a qué agentes corresponde el pago de riesgo profesional deriva de informes enviados por la jefatura de la Metropolitana.

El diputado concluyó que eso equivalía a que la fuerza de seguridad decidiera sus propias remuneraciones, aunque el funcionario rechazó la explicación por simplista. En medio de la discusión, el peronista Diego Kravetz resaltó que si el testigo no era capaz de dar explicaciones sin remitir a los diputados a un expediente ?no nos sirve para nada?. ?Explíquenos qué es lo que dice el decreto?, reclamó.

Llegado el turno de las preguntas de Raúl Fernández (Encuentro Progresista), las preguntas viraron al tema de la caja especial dispuesta por un decreto en el que, según argumentó el legislador, se designa a las autoridades de la PM como administradoras de esos fondos. ?Lo que los funcionarios a cargo de la administración y rendición de la PM les corresponde es la determinación de en qué casos es conveniente la utilización de esa caja especial. De la misma forma que el presupuesto general, la gestión administrativa de la utilización de fondos de caja especial sigue siendo competencia de la Subsecretaría?, argumentó Greco, aunque luego reconocía que si así lo disponía el decreto, la rendición de cuentas por ese fondo correspondería a Burzaco y demás autoridades de la policía.

CHALECOS Y PATRULLAS

El primero en nombrar el tema fue Basteiro, quien logró que el funcionario admitiera que el contrato por los chalecos está en evaluación y aún no rescindido. Algo similar argumentó con respecto al blindaje, donde un informe de integrantes de la fuerza detallaba los problemas ocasionados por el uso del tipo RB3, demasiado pesado para los vehículos.

El subsecretario había remitido a la procuración un informe en el que indagaba sobre la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa que había provisto el blindaje en base a que resultaba ?inoperante y antieconómico?. También dijo que esa posición se revisó después de que se recomendara revisar si el mismo contrato podría readecuarse a la necesidad de un nuevo blindaje. ?El mejorar la situación vigente no surge ni de su nota ni de la de la policía?, señaló Fernández.

Con respecto a la revisión posterior, Kravetz cuestionó el que se hubiera realizado una costosa verificación general después de que se conocieran los problemas de blindaje cuando los vehículos ya cuentan con un sistema de control permanente. ?Por las condiciones de ese momento consideramos más conveniente hacer una revisión rápida integral de todos los patrulleros.?, dijo Greco, y alegó desconocer las razones de dicha revisión.

CENZÓN EL BREVE

La exposición del ex director de compras contó con respuestas más directas, aunque varias de las respuestas prometió contestarlas por escrito mediante información más detallada. Las promesas fueron más que nada para el diputado Kravetz, quien inquirió sobre todo tipo de elementos adquiridos: desde motos hasta cuchillos y armas. Las pistolas merecieron un capítulo aparte, por el interés que suscitó la confirmación de que se compraron armas de un calibre diferente a los 9 mm, aunque Cenzón dijo que no recordaba ni el calibre ni el propósito de las otras armas.

El punto alto de su declaración, según resaltó luego Raúl Fernández, fue el reconocimiento de que la Ciudad había solicitado la adquisición de cuatro cámaras ocultas en septiembre de 2009, fecha que se superpone a la compra de otros aparatos de inteligencia (Ver nota: Greco y Cenzón: Pocas palabras, muchas denuncias). Aunque la compra de cámaras no se concretó, Fernández lo consideró una prueba de las intenciones de realizar tareas de espionaje.