El conflicto continúa en los tribunales

La solución política a la ocupación del parque Indoamericano sirvió para despejar el terreno de carpas, personas, piolines y piedras, pero también de chicanas políticas que comenzaban a costar demasiado caras en uno y otro lado de la Plaza de Mayo. Pero mientras la política llegó a un acuerdo visible en la superficie, en la Justicia de la Ciudad el conflicto continúa oculto en una interna entre fueros y funcionarios judiciales, expuesto en dos causas (una por el delito de usurpación, y otra por el dictado de medidas cautelares para tutelar los derechos y la seguridad de los ocupantes).

Aunque para el Tribunal Superior de Justicia ya no haya dudas al respecto, usurpación y ocupación son las dos palabras claves para entender por qué la situación judicial de la toma del parque Indoamericano navega aún entre el juzgado Nº 26 en lo Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) de la Ciudad, a cargo de María Cristina Nazar, y el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 4, a cargo de Elena Liberatori.

La causa judicial de la toma del Indoamericano nació caratulada como ?usurpación? a través de una solicitud del fiscal Cristian Longobardi que se radicó en el juzgado de Nazar, quien inmediatamente ordenó desalojar el lugar. Pero tras las muertes en el parque y la intervención, entre otros actores, del defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, quien solicitó a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario el dictado de una medida cautelar de no innovar ?la cual recayó en el Juzgado N˚6 en lo CAyT, interinamente a cargo del juez Roberto Andrés Gallardo?, nacieron una serie de expedientes con la defensa de los derechos de las personas que ocuparon el predio como objetivo. Objetivo que, al día de hoy, se ha visto cumplido, y por lo cual sería lógico que estos expedientes devengan en abstractos.

Con el proceso de pacificación culminado, los acuerdos políticos logrados y un plan de créditos blandos para resolver la demanda de viviendas, la competencia penal se presume como la ganadora de una pelea entre los fueros porteños. Un equipo de cuatro fiscales creado por el fiscal general Germán Garavano continúa al frente de las investigaciones de los hechos ocurridos (Cristian Longobardi, la fiscal de primera instancia Claudia Barcia ?integrante del equipo de la Fiscalía Sudeste?, la fiscal de Cámara Sandra Guagnino y el fiscal adjunto en lo PCyF Luis Cevasco serán cofiscales en la causa caratulada ?NN s/Usurpación?).

?El criterio de actuación en la Fiscalía es claro, profundizar la investigación para lograr la identificación de los autores intelectuales del delito de usurpación, recabar pruebas y realizar la acusación?, afirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, mostrándose satisfechos por la liberación del predio, pero dispuestos a llevar ante un juez ?tanto a los que señalaron como responsables de la ocupación desde el Gobierno porteño, como a los que mostró Aníbal Fernández en video e incluso a los que ante los medios se reconocieron como representantes de los okupas?.

La ocupación del predio de Villa Soldati volvió a poner en evidencia dos modelos de Estado y también dos criterios judiciales. En tanto el Gobierno de la Ciudad reclamaba el cumplimiento de la ley y el desalojo del predio mediante orden judicial cumplida por las fuerzas de seguridad federales, el Gobierno nacional se mantenía firme en su convicción de no reprimir el reclamo social, sancionó a los policías de la Federal implicados en los sucesos violentos de la noche del martes con resultados mortales y reiteró la necesidad de encontrar desde el diálogo político una respuesta a la necesidad habitacional de los ocupantes del espacio público.

Simplificando: Ciudad = desalojo sin negociación, Nación = subsidios y liberación pacífica. En la Justicia porteña estas posiciones también se hicieron evidentes. Gallardo y Liberatori, jueces del fuero CAyT, dictaron medidas en sintonía con la política de liberación pacífica y asistencia estatal; mientras que el fuero Penal, Contravencional y de Faltas (tanto la jueza Nazar como el representante del Ministerio Público Fiscal) actuó en una la línea más próxima a la postura del Gobierno porteño.

Mientras en la política, la solución alcanzada se aproximó bastante a la postura del Gobierno K, en la Justicia, con la postura del Tribunal Superior de Justicia resolviendo a favor de la competencia penal, podría decirse que viene ganando la posición PRO.

Cronología judicial

De acuerdo al régimen establecido para el Fuero CAyT, las causas que se inicien por urgencia en días y horarios inhábiles para la Justicia recaen en un juzgado de turno. La semana de los hechos de Soldati, el juzgado de turno era el Nº 6, cuya titular es la jueza Patricia López Vergara, pero debido a sus funciones como consejera de la Magistratura, se encuentra de licencia teniendo como juez subrogante a Roberto Andrés Gallardo.

Las causas iniciadas durante el feriado del 8 de diciembre a raíz de los incidentes ocurridos el día anterior durante el desalojo fueron recibidas por Gallardo, quien, por razones de urgencia, dictó una medida cautelar de no innnovar, dispuso una serie de medidas preventivas e incluso citó para una reunión al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, lo que nunca se concretó.

El jueves 9, la causa fue sorteada entre los 15 juzgados en lo CAyT, y resultó el Juzgado Nº 7 a cargo de Lidia Lago el tribunal en el que debía continuarse la investigación, pero la jueza se declaró incompetente enfatizando que ?cualquier decisión que se pudiera adoptar fuera del marco de la causa promovida por usurpación ante la Justicia PCyF importaría una intromisión indebida en la intervención del juez interviniente?.

Ante la remisión de los expedientes a un juzgado PCyF, en la madrugada del jueves un grupo de dirigentes políticos y sociales, acompañados por el Asesor Tutelar ante la Cámara, Gustavo Moreno, se presentaron ante el juzgado de turno ?para evitar el conflicto social y, en especial, un eventual desalojo y/o aumento de la ocupación del predio en cuestión?. El juez Gallardo ?que continuaba de turno? resolvió dictar una medida precautelar y solicitar al Estado nacional ?la asistencia de las fuerzas de seguridad federales a los efectos de realizar un operativo de pacificación?.

A primera hora del viernes 10, la Cámara de Apelaciones del fuero CAyT realizó el sorteo del expediente, el cual quedó radicado en el juzgado a cargo de Elena Liberatori, quien aceptó la competencia convocando a representantes de organizaciones sociales y del Gobierno de la Ciudad a una reunión antes de tomar una decisión y conformar un comité de crisis. A esta reunión fue poca concurrencia, ya que los popes de la política optaron por concurrir a la reunión de ?pacificación? convocada por Nazar (jueza que en paralelo continuaba con la causa penal por usurpación).

Declaraciones de incompetencia mediante, y tras la resolución del conflicto de competencias entre los fueros por parte del TSJ a favor del PCyF, la semana comenzó con un cambio en el juzgado de turno (salió Gallardo y asumió la responsabilidad de resolver temas urgentes fuera del horario judicial la jueza Lidia Lago, quien había rechazado la competencia en todo lo vinculado con la ocupación del predio de Soldati). Y las acciones judiciales planteadas en horas de la madrugada dejaron de aparecer.