Congreso: Acuerdos de espaldas al devenir cotidiano
Durante la última semana se conformó la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, que quedó a cargo de Sebastián Pareja, uno de los alfiles libertarios de Karina. Entretanto, en la jornada del miércoles se conoció el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno, que modifica el régimen de zona fría sobre los subsidios al gas en distintas provincias del Norte y Centro del país, ampliada en 2021. Cabe destacar que la iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el cuatro de mayo pasado y tuvo un tratamiento exprés, ya que fue firmada después de una sola reunión de la Comisión y quedó así habilitada para su debate en el recinto. En el armado libertario buscarán incluirla en el temario de una sesión prevista para el próximo miércoles, junto con otro ítem especial del Ejecutivo: el texto del proyecto de Control de patentes, que es parte del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Antes que todo esto ocurra, la oposición intentará conseguir quórum en la sesión especial del jueves en Diputados para buscar la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni. No todo está dicho y aún no se conoce si lograrán este objetivo, que también buscará la obtención de una Moción de Censura para el deslomado Adorni. En tanto, en el Senado habrá sesión este jueves para tratar el acuerdo con los fondos buitre que no fueron parte de los canjes de deuda y para aprobar el pliego del juez Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia. Además, se le dará ingreso formal a una nueva tanda de pliegos judiciales, una deuda pendiente de la actual administración, que pretende cubrir vacantes, para lo cual sus espadas negocian con los bloques independientes para obtener luz verde.
No hay voto que alcance
Tras la cronología de insistencias de la ley de Financiamiento Universitario, que en el marco constitucional aprobó y ratificó el Congreso, la marcha sumó el capítulo del apoyo social a la iniciativa. Cabe recordar el proceso de insistencia legislativa que se aprobó frente al veto presidencial de octubre de 2025. Sin embargo, su aplicación efectiva permanece suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, alegando falta de previsión de recursos. Esta situación ha llevado el conflicto al ámbito judicial, donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consiguió una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, cuya ejecución está suspendida. Es ineludible reparar que los hospitales que dependen de las Universidades tienen sus días contados sin fondos disponibles y que los salarios docentes y no docentes han perdido un 34 por ciento de su poder adquisitivo, por lo cual sus titulares se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Las universidades nacionales atraviesan una reducción presupuestaria de magnitud excepcional desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004. Asimismo, en marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostienen que “existen diversas estimaciones acerca del costo fiscal de la medida, que oscila entre los $2.5 y los $3.6 billones. El Poder Ejecutivo -además de los argumentos jurídicos- manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la ley y el impacto que tendría en el equilibrio de las cuentas públicas, pero cuando hay derechos fundamentales en juego -como en este caso, el derecho a la educación-, el Estado tiene serios problemas para invocar el argumento de la ‘restricción presupuestaria’ si dicha situación de escasez fue creada -en parte- por su propia voluntad anterior e inmediata”.
Desde el ente mencionan que de acuerdo a la falta de fondos deben analizarse decisiones recientes como la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024. Esa medida, impulsada por el Ejecutivo, implicó una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2% del PIB anual en 2024 y 2025, equivalente a valores actuales a cinco billones de pesos en dos años.
Las afrentas se añaden desde diferentes posiciones. “Resulta indispensable que el Gobierno explique cuáles fueron los criterios utilizados para avanzar con recortes tan profundos en programas vinculados al acceso a medicamentos, a la investigación contra el cáncer, a la alfabetización, a la infraestructura escolar y al mantenimiento de rutas nacionales”, sostuvo el legislador Juan Brugge (Córdoba-Provincias Unidas). La iniciativa parlamentaria apunta a obtener precisiones sobre las restricciones aplicadas en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del país, entre ellas salud, educación, infraestructura vial, ciencia, cultura y asistencia financiera a las provincias.
Celeridad a tope
Los temas en carpeta ya comenzaron su marcha y encabezan la disputa parlamentaria. El protagonismo político es hoy el proyecto para la eliminación -o no- de las PASO, consolidadas desde 2009. De este modo, el oficialismo ya comenzó contactos con distintos gobernadores para sumar apoyos. Asimismo, el nuevo esquema de incentivo a las inversiones apunta a sectores estratégicos y a empresas de innovación. El gobierno anunció que el super RIGI favorece exactamente a empresas ¨que aún no existen. En el mismo rumbo, pretende acelerar el tratamiento del acuerdo de patentes y otros proyectos vinculados a la relación comercial con Estados Unidos.
Si bien estos son los saldos políticos que desvelan al mileísmo, lo ineludible pasa por otro lado. La posible modificación de subsidios para zonas frías generará un fuerte impacto social, producto de la quita de beneficios energéticos en distintas provincias, como Córdoba, Santa Fé y La Rioja. Estas tarifas ya llegan a los 150 mil pesos y la ley provocará la pérdida de empleos, un factor que construye o deconstruye el día a día.
