Funcionaria y estafadora

El Jefe de Gobierno delegó la defensa de los derechos laborales en una estafadora. Lilia María Alonso es la actual subsecretaria de Trabajo designada por el decreto 866/10 que firmó el propio Mauricio Macri. Alonso arribó a la subsecretaria estando imputada en una estafa a un jubilado. Ella misma reconoció que cometió tal estafa. Pero se salvó de la condena que le hubiera impedido asumir el cargo público.

Entonces, la actual funcionaria macrista era asesora en el Ministerio de Trabajo nacional. La demanda por estafa se la inició Juan Andrés Lemus. Este jubilado, según surge del expediente al que accedió NU, tenía problemas previsionales con la empresa que fuera su empleadora. Entonces contactó a la funcionaria, que es abogada. Alonso lo asistió en un trámite conciliatorio, y luego lo derivó a su propio estudio jurídico con el fin de conseguirle una jubilación superior. Lemus entonces habría entregado a Alonso 10 mil pesos por los trámites jubilatorios. Pero no obtuvo lo que quería.

Por lo tanto, arremetió con la ley. La causa continuó hasta el juicio oral. Allí la funcionaria logró que el Tribunal Oral Criminal Nº 20, en el expediente 2.657, acepte la suspensión del juicio a prueba, más conocido este ardid jurídico con el nombre de probation. Al apegarse a la probation la obligaron a pagar una multa y cumplir tareas comunitarias. Esto la benefició porque no es una condena; los jueces del TOC Nº 20 lo llaman ?reglas de conducta?. Así, zafó de la sentencia.

El jubilado entonces apeló la resolución del juicio oral. Quería condena porque consideraba que la estafa se produjo siendo la abogada una funcionaria del Estado. Una vez en Casación Penal, los integrantes de la Sala II, que preside Gustavo Mitchell y acompañan Luis García y Guillermo Yacobucci, ratificaron la resolución del tribunal oral. La probation quedó firme con el silencio del fiscal General, Pedro Narváiz, quien nunca se expidió.

Pese a que éticamente existen cuestionamientos, el macrismo prefiere pagar el costo del escándalo social y no echar a Lilia Alonso. Por lo menos, no en las próximas horas. La causa contra la subsecretaría de Trabajo PRO es remitida a sus enemigos más cercanos, los delegados de esa área que adhieren a ATE.

La demanda, entonces, también fue enviada a la fundación La Alameda, reconocida por su lucha contra la esclavitud laboral, y también al legislador Marcelo Parrilli. Por lo que pudo averiguar este medio, la información, fue filtrada a los delegados gremiales por un funcionario PRO.

Los motivos de la filtración hay que buscarlos en la interna contra el ministro de Desarrollo Económico. La forma de barrer al empresario de elite, Francisco Cabrera, hoy ministro del cual depende la subsecretaria de Trabajo, es que él propuso al Jefe de Gobierno designar a Alonso.

Sin embargo, la Subsecretaría de Trabajo estuvo en crisis desde los primero días del gobierno PRO. Ya fueron echados dos subsecretarios. El primero, Jorge Ginzo, elaboró un test por adicciones a empleados. Macri firmó el decreto elaborado por Ginzo, y la polémica se encendió.

?Firmo muchos decretos de los cuales no sé los detalles?, se justificó ante los medios el jefe del Ejecutivo, quedando en ridículo. El segundo subsecretario fue Miguel Ángel de Virgilis. Éste hizo entrar a Alonso, quien en ese momento ocupó el área de Jurídicos en la Subsecretaría. Este puesto es clave porque allí se deciden si avanzan o se cajonean los procesos contra los empresarios infractores.

?De Virgilis, en realidad, le hace un favor a Etala?, comentó un funcionario. Carlos Etala es un académico del derecho laboral, autor de libros y uno de los abogados laboralistas con mayor peso. ?Etala pide a su amigo De Virgilis que meta en la Subsecretaría a su hermana María Cristina y a Alonso, por estar en pareja con uno de sus sobrinos.?

La expulsión del segundo subsecretario se produjo por el derrumbe de Orion Gym, el gimnasio de Villa Urquiza donde murieron tres personas. La fatalidad fue provocada por un pozo cavado en una obra lindera al local. De Virgilis no asistió a la interpelación en la Legislatura por la caída del gimnasio y dejó en su lugar al director de Protección de Trabajo, Ángel Rodríguez.

Delante de los legisladores, Rodríguez reconoció carecer de la especialización en higiene y seguridad (su profesión es la contaduría), y que recibió la denuncia de la Uocra acerca de la falta de apuntalamiento en las medianeras. Pero esa denuncia no fue retransmitida a la Agencia de Control porteña.

NU supo que el contador Ángel Rodríguez, quien ocupa legalmente el segundo puesto de importancia en la subsecretaria laboral, ya estaría removido. ?Hoy (por el martes) fue presentado Héctor ?Tito? Aguirre?, explicó una fuente consultada.

Aguirre, quien sería en las próximas horas designado legalmente como director de Protección de Trabajo, también tiene responsabilidades en la caída del gimnasio de la calle Mendoza y Triunvirato. Fue coordinador de Obras, una de las cinco direcciones de la Subsecretaría de Trabajo vinculadas al control de las construcciones.

?Tito Aguirre llegó de la mano de Pichi Varela. Es que la pareja de Tito es Melina Cristiano, la sobrina de este peso pesado.? Florencio Varela manejó el área de trabajo durante el ibarrismo y fue expulsado tras el incendio de Cromañón.

La Subsecretaría es un lugar codiciado. Y la carrera ya se largó.