Al juez Warley le quema el expediente

Uno de los supuestos tasadores del Banco Nación que "plantó" el Consejo e la Magistratura en la compra del edificio de Tacuarí 138 resultó falso. El señor Carlos Chiappe no pasó la pericia caligráfica, el Banco Nación afirmó que no lo cuenta entre su personal y nadie sabe dónde fue a parar la "jugosa" comisión que pagó el Consejo en su momento.

Esta irregularidad administrativa, como tantas otras, habían sido denunciadas por la actual defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, pero chocó siempre con la "pachorra investiva" del juez Ricardo Warley. Tamaña lentitud quizás tenga que ver con que uno de los principales involucrados en los "presuntos ilícitos" que son millonarios en dólares, es el titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la UBA , Juan Octavio "Yuyo" Gauna. Toda una paradoja.

NOTICIAS URBANAS -tal como lo denunció en su momento- relata una de las historias más increíbles de la Justicia porteña de la que nadie -por ahora- se quiere hacer cargo. Lo más lamentable para las instituciones es que parece que el juez Warley tampoco, ya que no citó a ninguno de los consejeros ni a Norberto Urfeig, quien estaba a cargo de la ejecución presupuestaria. Los rumores acerca de su futuro empiezan a ser más "negros" a medida que las pruebas se concretan y la impaciencia del poder político lo va "poniendo en la mira" al decir de fuentes legislativas y tribunalicias consultadas por este medio.

Uno de los mayores cuetionamientos del expediente fueron las compras de edificios que realizó la anterior gestión, encabezada por los ex consejeros Juan Octavio Gauna, Gloria Bonatto, Carlos María Cárcova, Norberto Lorenzo, María Luisa Casas de Chamorro Vanasco y Julio Cueto Rúa. Durante sus mandatos, se adquirieron por compra directa y de urgencia dos edificios ubicados en Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932, por los que se pagaron, respectivamente, 2.250.000 dólares y 1.550.000 dólares (más las comisiones, en ambos casos), que hasta la fecha están vacíos y desocupados. Ni hablar de los alquileres que se pagan hasta el día de hoy para poder seguir funcionando casi con hacinamiento, por compras de supuestas "necesidad y urgencia".

Cuando se renovaron las autoridades, éstas se encontraron con un panorama desolador. El inmueble de Yrigoyen fue directamente considerado "inservible" para el funcionamiento del fuero. Y pusieron sus esfuerzos en terminar las refacciones del edificio de Tacuarí 138, cuya historia de la compra merece un párrafo aparte.

Los 2.250.000 dólares que costó el inmueble de Tacuarí fueron pagados íntegramente al contado en el acto de la escrituración. La falta de pedidos de tasación al Banco Ciudad es otra cuestión que se les achaca a los funcionarios judiciales denunciados. La tasación oficial del Banco de la Nación (con un membrete impreso) para recomendar la conveniencia de la compra resultó falsa. El Banco de la Nación informó que los supuestos tasadores consultados por el Consejo para las adquisiciones que realizó, llamados Carlos Chiappe y Valentín Barchielli, no integraban su personal.

Según la información de la Resolución 408/03 del Plenario del actual Consejo (que misteriosamente fue borrada de la página web), las polémicas maniobras tuvieron el siguiente desarrollo. El por entonces director de Ejecución Presupuestaria, Norberto Urfeig, tramitó la compra contando con una sola oferta que no pudo explicar cómo le llegó. El edificio le fue adquirido a una persona llamada Graciela Bastida. Sin embargo, cuando el Consejo aprobó la compra ésta no era la propietaria del inmueble, ya que lo adquirió casi en el mismo instante en que fue vendido al organismo encargado de seleccionar a los jueces.

En escrituras simultáneas realizadas ante la escribanía Terceño, Bastida compró el inmueble en 700.000 dólares a la firma Susalin SACIFIA y acto seguido lo vendió en 2.250.000 dólares al Consejo, es decir a 1.550.000 dólares más.

Esta señora nunca podrá acreditar que por sus manos pasaron tantos miles de dólares, porque en realidad quien asistió a escriturar y firmó en su nombre fue otro testaferro de nombre Sergio Pachano. Bastida aseguró que no hizo un poder ante escribano sino que le llevaron unos papeles que no recordaba y que se los hizo firmar Raúl Bonomi, de quien era empleada.

"Más grave aún resulta esta cuestión -dice la Resolución 408/03- cuando se verifica que la Sra. Bastida, sin ser la dueña del inmueble, designó a un representante para negociar la operación con el Consejo, el Sr. Carlos Chiappe, quien en su primera nota consignó un domicilio falso que corresponde al Paseo La Plaza". Existe un recibo, con la firma de Chiappe, que acredita que cobró la comisión. El documento tiene fecha del 28 de febrero 2000, pero la boleta fue impresa en abril de ese año -dos meses después- y en una imprenta no inscripta en el Registro Fiscal de Imprentas. Este Chiappe es el mismo cuya firma figura como falso tasador del Banco Nación. Actualmente no vive ni en Miami, ni en Cancún ni en las Islas Vírgenes, sino en un geriátrico y está asustado.

En la investigación interna realizada por los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, cuyas constancias se acumularon en los sumarios 121 y 122/03, se constataron casi todas las irregularidades y los vínculos entre Bonomi y Urfeig y demás personajes del ex Consejo. Todas las pruebas fueron entregadas al juez Warley, sin que éste impulsara la investigación.

El tema fue tan escandaloso que hasta el programa televisivo Punto Doc le realizó un informe en su ciclo. El secretario del Consejo de la Magistratura, Carlos María Cárcova, entrevistado por Punto Doc intentó justificar los gastos y la metodología de manera poco convincente, constituyéndose en la voz oficial del descargo de los consejeros, ya que los otros consejeros imputados y Norberto Urfeig se negaron a hablar.