El Pequeño Lostri Ilustrado

El Poder Ejecutivo porteño, representado en esta ocasión por la Secretaría de Planeamiento Urbano, envió a la Legislatura un listado de inmuebles a los que catalogó como protegidos, que contiene una serie de inexactitudes que disminuyen su valor como documento oficial.

Esta publicación fue enviada con un apresuramiento excesivo, a pesar de que el propio Gobierno porteño le encargó la ampliación de ese mismo listado a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires, que recién terminaría su tarea a fin de año. Hasta ahora, existen unos 16 mil inmuebles catalogados que poseen algún tipo de protección ?preventiva o definitiva?, un número que se verá incrementado cuando la FADU culmine su misión. El problema es que en el listado que contiene el Expediente Nº 933-J-2012 existen tres categorías, cuando solo debería haber dos. La primera categoría es el listado definitivo, de los edificios que fueron incorporados por la Legislatura en leyes de doble lectura. La segunda es el listado preventivo, que contiene los inmuebles que ingresan por medio de una resolución del Ministerio de Desarrollo Urbano, que, aún así, están pendientes de la aprobación legislativa. La tercera categoría son los inmuebles que no fueron incorporados al listado ni por una ley ni por una resolución, sino por el voluntarismo de los funcionarios, por lo que deberían haber quedado afuera del trámite administrativo hasta ser objeto de alguna de las instancias anteriores.

La Legislatura, cuando el Poder Ejecutivo reciba propuesta de la FADU, deberá tratar la catalogación de los nuevos inmuebles que propondrán los técnicos. Entretanto, el listado preventivo y definitivo ?hasta hoy? de los inmuebles debería ser el que envió Planeamiento Urbano a la Legislatura.

La FADU analizará las construcciones anteriores a 1941, que están protegidas por las leyes que llevan los números 3.056 y 2.548, que no prohíben demoler las construcciones anteriores a esa fecha, pero el procedimiento que contienen obliga a los constructores a pedir una autorización al Poder Ejecutivo para construir dentro de su volumen o modificar su estructura. Este, a continuación, debe solicitar la opinión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo mixto conformado por técnicos especializados que revistan en el Ministerio de Cultura, la Legislatura y la Facultad de Arquitectura de la UBA y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

De todos modos, aunque la FADU aún no terminó su trabajo, el secretario de Planeamiento de la Ciudad, Héctor Lostri, se apresuró a mandar el listado a la Legislatura. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano explicaron a Noticias Urbanas que lo enviado ?es un catálogo preventivo, en el que figuran edificios que pueden seguir perteneciendo a él o pueden ser dados de baja?.

La misma fuente reconoció a esta publicación que ?la catalogación en firme solo la puede dictar la Legislatura?, por lo tanto ?el catálogo no puede estar nunca por encima de los actos administrativos?. Aún así, justificaron la falta o la inclusión de algunos inmuebles que no están debidamente catalogados en ?una cuestión de fechas?, ya que hay ?aseguraron? inmuebles que quedaron afuera de la lista o fueron incluidos después de ser editada la publicación, porque la actividad posee una fuerte ?dinámica?.

El arquitecto Carlos Blanco, de Basta de Demoler, expresó que ?existen unos 3.000 edificios que están protegidos. Para que lo estén es necesario que se los incluya en una ley de doble lectura, es decir, que primero debe ser aprobada en el recinto por los diputados y luego tiene que someterse a una audiencia pública para recibir las posibles objeciones de las ONGs y los particulares, antes de su sanción definitiva?.

?El catálogo preventivo ?explicó el arquitecto? se ha desarrollado en los últimos diez años e incluye a edificios que están protegidos arquitectónicamente pero no tienen una ley con segunda lectura que los proteja. Esto último hace que no haya garantías de supervivencia para aquellos: muchos de los edificios catalogados fueron demolidos en los últimos años?, se preocupó el especialista.

Un catálogo con inexactitudes

El expediente Nº 933-J-2012, que contiene el Listado de Edificios Catalogados acompañado de fotocopias color de los Atlas de Edificios Catalogados publicados, contiene algunas imprecisiones e inexactitudes que desmerecen el esfuerzo del Poder Ejecutivo, según fuentes de la oposición.

El diputado Alejandro Amor (Frente para la Victoria) presentó, por esta razón, un pedido de informes por el cual le solicitó al Poder Ejecutivo que retirara el expediente y rehiciera el trabajo. Por caso, en el listado figura un inmueble situado en la calle Carbonari 1664, que no ha sido objeto de aprobación legislativa, ni cuenta con una resolución que lo incluya en el Listado de Inmuebles Catalogados Singulares.

También se incluyeron inmuebles a los que se les atribuyó su pertenencia al Área de Protección Histórica Calle Lavalle, un área que no existe como tal porque no logró la aprobación legislativa al no haber llegado a segunda lectura.

Existen otros errores e inexactitudes, por lo que Amor calificó al trabajo de la Secretaría de Planeamiento como ?carente de rigurosidad técnica?.

?Estos temas, que significan la protección del patrimonio cultural y arquitectónico, deben ser tratados y trabajados entre todos los sectores, pero para eso es necesario que el Poder Ejecutivo acepte los aportes de otros. La arrogancia dificulta el avance en estas materias tan sensibles?, remató el legislador del Frente para la Victoria.

REFLEXIONES SOBRE EL PATRIMONIO

La ciudad es un organismo vivo, en donde lo único permanente es el cambio.

Hoy está instalado el debate sobre Planeamiento Urbano y Patrimonio Arquitectónico.

La ciudad no se queda quieta, muta, se transforma. Existe una clara resistencia a los cambios por un lado y ansiedades de transformación por el otro. No se pueden ignorar los malestares e impaciencias.

La ciudad es conflicto y negociación permanente, esto debe asumirse. No es un museo ni una factoría, es el espacio del debate y del acuerdo.

Las discusiones urbanísticas tienen unicidad, se pueden fragmentar pero tienen unicidad. Patrimonio y crecimiento sustentable están interrelacionadas. El patrimonio debe cruzarse en su reflexión con las múltiples temáticas que construyen la ciudad: crecimiento demográfico, distribución de la población, densidades, alturas, morfologías, paisajes urbanos, aprovechamiento de las infraestructuras, sus usos y actividades.

Las ciudades son como las personas, no se parecen a ninguna otra, se parecen a sí mismas. Cada una tiene su historia y de ahí deviene su patrimonio y sus demandas de crecimiento.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es su diversidad, sus paisajes interiores y su mixtura social.

Asume roles, su condición de ciudad residencial como así también la particularidad de albergar a las autoridades políticas y económicas de la Argentina.

Buenos Aires es sus barrios y lugares, que forman parte de un todo y que tienen su propio encanto. Zonas estables, zonas híbridas, zonas inestables, fragmentos a proteger y áreas de oportunidad de crecimiento y zonas de sufrimiento e injusticia.

Con sus corredores de estructuración y su aspiración de tener calles serenas y otras animadas. Lugares con vocación de centralidad y encuentro, ambientes residenciales más amables y lugares con necesidad de justicia.

Todo esto es Buenos Aires...donde cada generación dejo su marca.

Los paradigmas de cada momento histórico se ven reflejados en sus normas. Las normas de la Ciudad no incluían ni reconocían la temática del patrimonio en su sistema general hasta la aparición de la sección 10 en el Código de Planeamiento Urbano en el año1991, en el Plan Urbano Ambiental y la Ley 3056.

Es reciente la incorporación de las normas de protección del patrimonio como un elemento más de las normas urbanas generales pero aun hay que perfeccionarlas incorporándoles un marco de sustentabilidad.

En estos últimos años, hemos protegido muchos inmuebles de su demolición, pero seamos honestos, con sólo catalogarlos no resolvemos su rehabilitación ni su puesta en valor. Aún no es suficiente.

Falta aún pensar e implementar instrumentos de incentivo económico como la regulación del Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (FEREC) y la transferencia de la capacidad constructiva.

Con el compromiso de vecinos, ONGs, profesionales de la arquitectura, la cultura, decisores políticos, periodistas y nuestra Universidad hemos logrado incorporar la temática en la agenda pública.

Cada época define su horizonte de derechos urbanos, sigamos construyendo consensos por una Buenos Aires cada vez más bella, más rica y más justa.

* Bárbara Rossen, Arquitecta. Especialista en Proyecto Urbanos