Decretar: esa mala costumbre

"Firmo muchos decretos de los cuales no sé los detalles?, declaró hace unos días Mauricio Macri, más cerca del sincericidio que del romance porteño. Es que según el Jefe de Gobierno, ?el fervor de la gestión? hizo que se olvidara de leer el anexo del decreto 625 del 6 de julio, disposición que requería a todas las empresas radicadas en Buenos Aires cierta información sobre sus trabajadores, para volcarla en el malogrado Registro de Empleadores On Line: edad, sexo, idiomas, nivel de instrucción y situación contractual como así también cantidad de hijos. Pero el anexo, de 63 páginas, que le hizo tanto ruido a la oposición, exigía datos sobre posibles adicciones de los empleados, llámense tabaquismo, alcoholismo, drogadependencia o ludopatía. El subsecretario de Trabajo, Jorge Ginzo, redactor de la norma, se escudó en el comodín del material estadístico, supuesto insumo básico para la puesta en marcha de políticas públicas en materia de ?prevención y protección laboral?. ¿Transgredir la privacidad de los ciudadanos? En absoluto, indicaron a NU fuentes de la cartera de Desarrollo Económico, a cargo de Francisco Cabrera, de la que depende aquel funcionario. Entonces, en menos de una semana se dio lugar a un nuevo episodio (¿cuántos ya?) del ?que sí-que no? de la administración macrista: que defendemos la medida a muerte, que no vamos a pedir los nombres de los trabajadores adictos, que mejor revoquemos el decreto porque hay mucho rechazo. Lo cierto es que distintos abogados constitucionalistas fueron más categóricos que Mauricio Macri en TN. Se trata de una decisión inconstitucional, dijeron enseguida.

Además de la referencia a la violación del artículo 19 de la Carta Magna, que observa ?la zona de reserva de cada persona?, Daniel Sabsay señala que el citado decreto infringía el artículo 12 del texto constitucional local, que ordena que la Ciudad garantice ?el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana?. Por su parte, Andrés Gil Domínguez menciona que la medida también violaba la Ley 25.326 de protección de datos personales, conocida como Ley de Hábeas Data, ?ya que los datos sensibles, como los relacionados a la salud y la sexualidad, sólo pueden ser registrados con la condición de que la persona preste consentimiento?. En la oposición, vale decir, salieron a hacerle la plancha al ingeniero. La Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los legisladores Sergio Abrevaya, Facundo Di Filippo, la diputada nacional Fernanda Gil Lozano y el ex legislador Milcíades Peña, se sorprendió por la ?honestidad brutal de Mauricio Macri, quien no tiene quien le lea los decretos?. Además, los dirigentes de la CC porteña advirtieron que ?el día en que el Jefe de Gobierno tenga que rendir cuentas a la Justicia por alguna distracción que le ocasione perjuicios a los vecinos, no va a poder utilizar su ignorancia como estrategia defensiva?. En tanto, la diputada electa por el Encuentro Popular para la Victoria y presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), María José Lubertino, asegura no entender la forma en que dicha información acerca de la vida privada de los trabajadores pudiera ?mejorar las herramientas de gobierno y la toma de decisiones?. Una postura semejante mantuvieron el ex jefe de Gobierno y legislador de Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y el titular de la bancada K en la Legislatura, Diego Kravetz, quien denunció fines persecutorios en la decisión. A su vez, Alejandro Rabinovich, diputado porteño de Autonomía con Igualdad, consideró que ese tipo de instrumento ?debería utilizarse para fiscalizar el cumplimiento de los contratos de trabajo y los convenios colectivos, y no para solicitar información sobre lo que hace un trabajador fuera de su horario laboral?.

Consultado, el diputado macrista Daniel Amoroso señaló que ?es saludable para la Ciudad que el Gobierno corrija errores que pudo haber cometido. Las críticas también son sanas, aunque habría que analizarlas en cada caso. Por ejemplo, el decreto 625/09 no incumplía ni con la ley de Asociaciones Sindicales ni con la ley de Contrato de Trabajo, ya que los informes que las empresas debían suministrar contenían datos anónimos de sus empleados?, defendió el legislador PRO.

CONTROVERSIAS

Si de rifar medidas polémicas se trata, la gestión PRO viene comprando todo el talonario. A poco de asumir la jefatura porteña, mediante el decreto 60/08, Mauricio Macri autorizó a duplicar el tope salarial respecto a los contratos de personal, que ascendió a 6.000 pesos. ¿La justificación? Actualizar el techo de 3.000 pesos, de 2001 y, sobre todo, la necesidad de cubrir puestos de alta calificación en la administración porteña. La medida, que contó con un antecedente similar cuando en diciembre Macri llevó de 21.600 a 25.000 pesos la cifra para contratar asesores, hizo de aquel verano una estación movidita. Eran tiempos en que el Jefe de Gobierno rescindía 2.300 contratos, ¡cómo olvidarlo!, disposición que fue bloqueada judicialmente. Luego, a través del decreto 664/08, el titular del Ejecutivo porteño ordenó el ?otorgamiento de una Gratificación Anual Extraordinaria por cumplimiento de Objetivos de Gestión?. El incentivo, entendido como bonus en la idiosincrasia empresarial, beneficia hasta con dos sueldos a los ministros, quienes por la misma decisión obtuvieron un aumento salarial. También favorece a secretarios, subsecretarios y directores generales. Y paremos de contar. ?Se trata de cargos políticos que no deberían regirse con criterios de club de fútbol. Es obligación de los funcionarios cumplir con su deber?, sostuvo Aníbal Ibarra entonces. Diego Kravetz, ni lerdo ni perezoso, refirió que ?si Mauricio Macri pretende ser justo tendría que descontar a la mayoría de sus ministros una parte importante de su sueldo, ya que no han hecho absolutamente nada?. Incluido el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, la autoridad de aplicación.

Después del ?colchonazo? del lunes frente al Tribunal Contencioso Administrativo del Gobierno de la Ciudad, en el que varios vecinos presentaron alrededor de 50 amparos judiciales de cerca de 1.000 personas afectadas por el decreto 574/09 que cesaba el pago de subsidios a los beneficiarios del programa Apoyo Habitacional de alojamiento transitorio en hoteles, funcionarios del organismo se comprometieron a emitir un nuevo decreto que derogue el anterior y suspenda los desalojos hasta fin de año. Además, prometieron dar una respuesta favorable al pedido de reunión con autoridades del Instituto de la Vivienda (IVC), del Ministerio de Desarrollo Social, la Jefatura de Gabinete y con legisladores porteños, antes del 31. Mientras, para estas personas que son parte de las 500 mil que, según estadísticas no oficiales, transitan la emergencia habitacional, la situación de calle acecha.

JUGANDO (O PADECIENDO) EL PROPIO JUEGO DE LA OCA

La lógica de marcha y contramarcha ya es toda una marca de gestión PRO. En enero, luego de la protesta de agrupaciones vecinales, Macri tuvo que dejar sin efecto el sistema de estacionamiento medido en barrios como Palermo y Recoleta, algo parecido a lo que aconteció con el intento de peatonalizar la calle Defensa, en San Telmo. Por otro lado, en octubre de 2008, el Jefe de Gobierno ya había tenido que reincorporar a unos 500 empleados cesanteados, mayores de 60 años. Un mes después, eliminó el impuesto a las tarjetas de crédito, con el que se calculaba una recaudación de 350 millones de pesos. Y a fin de año, el funcionario desestimó el acuerdo entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño, que representaba 170 millones para la Ciudad. Más acá, el día del discutido registro online, Mauricio Macri tuvo que anular la disposición por la cual los muertos a causa de la gripe A debían ser velados a cajón cerrado y posteriormente cremados.

En relación al decreto 625/09, Pablo Failde, vicepresidente del bloque Frente para la Victoria, expresó: ?El gobierno de Macri todavía demuestra altos niveles de improvisación. Creo que fue pura torpeza lo que pasó y que esa decisión de corte discriminatorio e inconstitucional no fue tomada con una clara intencionalidad ideológica. Hay cientos de ejemplos de idas y venidas en la gestión macrista. Sucedió también con la cuestión de las becas escolares?. Entre tanto, Eduardo Epszteyn, legislador de Diálogo por Buenos Aires, precisó: ?Fue poco serio el incidente con el registro de adicciones. ¿Qué hizo el secretario legal y técnico al respecto? No puede ser que no se haya castigado a ningún funcionario?.

LA VOZ DEL OFICIALISMO

Consultados por NU, diputados oficialistas defendieron la gestión de Macri respecto a las idas y venidas de ciertas decisiones, que volvieron a la palestra por el derogado decreto 625/09. Martín Borrelli, por caso, afirmó: ?El macrismo es un gobierno que sabe escuchar y contempla todos los intereses. No nos ruborizamos cuando advertimos que lo hecho podría estar mejor o que no se tendría que haber hecho. Por eso la dificultad sobre el Registro de Empleadores On Line se resolvió en 24 horas. Sin embargo, en la oposición abunda el gataflorismo?.

Por su parte, Martín Ocampo, legislador PRO de extracción radical, aseguró que ?equivocarse es parte del hacer, como lo es dar continuidad a políticas auspiciosas de gestiones anteriores?. Además, refirió que las críticas que tildan de improvisada a la administración PRO ?son menores?, al tiempo que reconoció en el poder de veto del Ejecutivo, ?una herramienta favorable a la interacción de las instituciones republicanas?.

A su vez, Oscar Zago, también legislador macrista de origen radical, recordó que tras la polémica por el decreto 625 ?no fue la primera vez que el Gobierno porteño escuchó a los vecinos y a la oposición para modificar o anular alguna medida?. Y agregó: ?Estamos orgullosos de la gestión?.

Por último, Daniel Amoroso, presidente de la comisión de Tránsito y Transporte, señaló: ?En democracia, es positivo el rol de la oposición, pero a veces maximiza los errores. Cuando se dispuso la medida de los contracarriles en avenida Pueyrredón, por ejemplo, la gente agradeció que se hiciera algo?.

"MACRI ESTÁ ÉTICA Y POLÍTICAMENTE OBLIGADO A LEER LO QUE FIRMA"
Por Martín Hourest
Legislador Igualdad Social

Es extraño que una administración que tiene minoría parlamentaria pero que ha construido una mayoría con el bloque K, recurra a decretos para reglar determinadas cuestiones. Ese es un primer problema, de índole institucional. En segundo lugar está la cuestión de aquellos decretos que significaron vetos, que también tienen que ver con una práctica extraña, toda vez que no estemos hablando de un gobierno que tiene una estricta minoría parlamentaria y que depende de una relación conflictiva con la Legislatura. Por el contrario, Macri tiene un vínculo largamente beneficioso, de acuerdo a los votos que dicho cuerpo le ha dado históricamente. El tercer elemento tiene que ver con los decretos absurdos, que generan idas y venidas inmediatamente, mostrando un problema que, más allá del contenido de las medidas, se emparenta con el sistema de decisiones del Gobierno. Da la impresión de que a través de los canales de llegada al Jefe de Gobierno, a pesar de ciertos disparates en juego, algunos funcionarios lo convencen y consiguen arrancarle la firma. Por lo tanto, no funcionan los mecanismos de control y de debate interno, como pasó con el decreto 625/09 sobre el registro de adicciones. Esto da cuenta, también, del insuficiente estudio de las problemáticas implicadas. En definitiva, Macri está ética y políticamente obligado a leer lo que firma, por más que en su gestión haya varios que no lean los disparates que apoyan o estén dispuestos, directamente, a avalarlos.

¡OH, VETO!

Con un mes en la gestión, mediante el decreto 2135/08, Mauricio Macri vetó la Ley 2.566 (Baltroc-Suppa, Frente para la Victoria) que impulsaba la producción pública de medicamentos. Unos meses después, en julio, hizo lo propio frustrando en parte los alcances de la Ley 2.722 (De Anchorena, Coalición Cívica) de rezonificación de 80 manzanas de Caballito, una norma que imponía límites a la construcción de torres. Más tarde, a sólo tres días del incendio en la antigua sucursal tomada del Banco de Italia, en La Boca, en el que fallecieron seis hermanos menores de edad, el estreno de 2009 llegó con el veto parcial de la Ley 2.973 de emergencia habitacional (Di Filippo, Coalición Cívica), que impedía los desalojos. Por último, otro de los ejemplos más significativos en este sentido, fue el decreto 210/09, de junio de este año, que dejó de lado ciertas disposiciones de la Ley 24.079 de Seguridad Interior de la Nación, al permitir la incorporación de militares en actividad a la Policía Metropolitana. Además, la medida frenó la creación del Comité de Seguimiento de la Legislatura, que controlaría la nueva fuerza. Y con el decreto 520/09, Macri flexibilizó un requisito dispuesto en la Ley 2.894 de Seguridad Pública, que instituyó la policía porteña: no hace falta que los futuros cuadros cuenten con título secundario.
Fuente: diputado Martín Hourest (estudio en preparación).


(NOTA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 199, DEL 30/07/09).