Por una Oficina Anticorrupción
La legisladora Gabriela Cerruti, la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña y el ex juez Manuel Garrido, presentarán el miércoles 7 a las 12, en el Salón Dorado de la Legislatura, un proyecto de ley de su autoría, para crear la Oficina Anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires.
"La ciudadanía porteña es quizás la que más se ha expresado por la necesidad de la transparencia, pero es en el actual gobierno donde más se confunden los intereses de algunos grupos de empresarios privados con el uso del patrimonio público. La oscuridad reinante en los asuntos públicos, la falta de transparencia prometida, necesita urgente solución", señalaron los autores de la iniciativa.
Además, agregaron:"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1996 hasta el presente, se han sancionado leyes especialmente trascendentes para la transparencia de la gestión de los asuntos públicos en un sistema republicano: la Ley 104 de Acceso a la información Pública, la Ley 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, y la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. A pesar de esto, la Ciudad no ha logrado avanzar en la sanción de numerosos proyectos de ley sobre ética y transparencia en la función pública, ni en la creación de un organismo que se encargue exhaustivamente de promover calida institucional y profesionalización en la gestión de lo público, y de combatir la impunidad frente a hechos de corrupción para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción vigentes desde 1997 y 2006 respectivamente (Art.10 CCABA)".
Para finalizar, explicaron: "Como respuesta, el Proyecto de Ley propone crear una Oficina Anticorrupción que lidere en forma centralizada las áreas medulares de una política anticorrupción, por sí sola insuficiente, pero indispensable para instrumentar un proceso que pretenda modificar conductas cívicas, políticas y empresariales arraigadas a partir de la toma de conciencia de la gravedad de los efectos de la corrupción".
