Suárez impulsa una reforma para fortalecer la autonomía de las Comunas
El legislador porteño Guillermo Suárez (UCR - Evolución) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Comunas con el objetivo de profundizar el proceso de descentralización en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa propone ampliar las competencias de las Juntas Comunales, garantizar una mayor participación en las decisiones sobre obras públicas y dotarlas de autonomía presupuestaria y administrativa. En los fundamentos del proyecto, el diputado sostiene que "esta iniciativa no propone un ajuste menor: propone dar el paso que la Ley 1.777 no dio, y que la Constitución siempre exigió".
El proyecto parte de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las Comunas. Según el texto, "actualmente ninguna de las quince Comunas tiene jurisdicción presupuestaria propia ni administra patrimonio en sentido estricto", mientras que su intervención en la elaboración del presupuesto "se remite al Poder Ejecutivo a título meramente informativo". En ese contexto, Suárez afirma que "las Comunas operan como unidades desconcentradas de la administración central" y resume la situación con una definición contundente: "Eso no es descentralización. Es desconcentración con nombre prestado".
Entre las principales modificaciones, la iniciativa establece que el presupuesto destinado al conjunto de las Comunas no podrá ser inferior al 3% del Presupuesto General de la Ciudad y crea un mecanismo de distribución basado en criterios objetivos de población, vulnerabilidad social y superficie territorial. Para el legislador, "la descentralización sin recursos es una declaración vacía", por lo que considera necesario garantizar una asignación suficiente y automática para que las Comunas puedan ejercer las funciones que la Constitución les reconoce.
La propuesta también busca que las Juntas Comunales tengan una participación efectiva en las decisiones sobre obras públicas y servicios que impacten en cada barrio. En ese sentido, incorpora un mecanismo de dictamen comunal previo para proyectos, licitaciones y planes de impacto local. Según el proyecto, "las decisiones que impactan el territorio comunal no pueden tomarse sin la voz formal de quienes lo gobiernan", al tiempo que establece que el Gobierno de la Ciudad deberá informar a cada Comuna con al menos 60 días de anticipación antes de adoptar las decisiones administrativas correspondientes.
Otro de los ejes de la iniciativa es el fortalecimiento institucional de las Comunas mediante la creación de equipos técnicos permanentes integrados por profesionales especializados en arquitectura, ingeniería, derecho, administración y finanzas públicas. El texto sostiene que "la planificación y gestión presupuestaria sin capacidad técnica para ejercerla es una atribución ilusoria" y advierte que "sin esa capacidad instalada, la reforma normativa que se propone corre el riesgo de quedar en el papel". Además, prevé capacitaciones permanentes y mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, Suárez sostiene que la reforma apunta a cumplir con el mandato constitucional de fortalecer el gobierno de proximidad y mejorar la representación de los vecinos. "Las Comunas fueron concebidas como el nivel de gobierno más cercano al vecino... Veinte años después de la Ley 1.777, esa promesa sigue incumplida", afirma el proyecto. En ese marco, concluye que la iniciativa propone "tres reformas inseparables: gestión presupuestaria real en base a criterios objetivos de distribución, capacidad técnica instalada para ejercerla, y división clara de funciones ejecutivas y deliberativas dentro de la Junta Comunal". Y remata: "No es una reforma ambiciosa. Es una reforma necesaria".
