Senado: Argentina sigue de remate, el Senado sesiona de espaldas a la sociedad civil

Desde el comienzo, la jornada estuvo marcada por la polémica, sin la presencia virtual de quienes habían pedido ser autorizados a participar de manera remota: la senadora Anabel Fernández Sagasti, embarazada de 32 semanas y el senador Flavio Fama (UCR- Catamarca), tras una intervención en su rodilla.

Las numerosas modificaciones que recibió el texto cerraron un nuevo capítulo, al recibir nuevas correcciones de parte de los legisladores no pudieron leerlo antes del inicio de la sesión. Así, el paquete que finalmente fue abierto en el recinto, después de cuatro intentos, del que el último tuvo lugar el 16 de julio.

Los libertarios que no quisieron tirar por la borda la intentona, tras el revés que los obligó a retirar el capítulo de tierras, que confiaban en aprobar por completo, aunque conocían que los números eran ajustados para la votación en particular de los temas relacionados con el manejo del fuego (la más reñida) y los desalojos.

Así, la Cámara Alta sesionó presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo como consecuencia del oportuno viaje del presidente Javier Milei a Ecuador para firmar un acuerdo intrascendente.

Desde el ángulo oficialista, el Senador Agustín Coto expresó, en calidad de titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales que la ley “nace en el marco de lo que fue el Pacto de Mayo, incorporado finalmente como proyecto” e hizo referencia a la escucha de especialistas y la gran cantidad de modificaciones que aceptaron para avanzar en su tratamiento.

El Senador José Mayans, titular de la bancada de Unión por la Patria propuso a continuación de la intervención de Coto una moción para devolver el texto a comisión  pero los votos no alcanzaron para hacer lugar a la propuesta. El senador Jorge Capitanich (Unión por la Patria-Chaco) invocó a la Constitución Nacional, el Magnifica Humanitas (doctrina social de la Iglesia) y a la “doctrina peronista” para endilgarle a este texto un objetivo de “eliminar los límites de la extranjerización de las tierras”.

Además, declaró a Noticias Urbanas que “es una gran contradicción que el Gobierno celebre la visita del Papa León XIV, quien brega por mayores condiciones de igualdad y alerta sobre la amenaza de una tecnocracia dirigida por ricos”. En el mismo eje argumentativo, admitió conocer la totalidad de las encíclicas y la necesidad de profundizar en valores humanos que se encuentran muy lejos de este tipo de iniciativas.

En referencia a la Ley de Manejo del Fuego N°26.815, acusó en el recinto sobre la intención oficialista de “violar el Acuerdo de Escazú y todas las leyes”, relacionadas con el objeto del marco regulatorio. Tal tratado es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe. Desde 2018 busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, protegiendo también a los defensores del medio ambiente. Reconoce claves el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en materia ambiental.

Cabe resaltar los artículos que generaron discordancia: en primer lugar, el referente a los desalojos. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad adeudada y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a 10 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago.

Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo, que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles. En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, se obtendría la desocupación inmediata, bajo caución juratoria.

Además, prevé que, si se probase que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos, se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del mes de alquiler, en favor de la contraparte. En suma, para disponer el desalojo de inmuebles urbanos y rurales, se aplicará el proceso de juicio sumarísimo. Esta premisa alerta en función de la gran cantidad de inquilinos que residen en el territorio, particularmente en las grandes ciudades. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro de cada diez porteños alquila un inmueble.

Entre otras características, se especifica que cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes para asegurar una alternativa habitacional, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Los días precedentes se cargaron de argumentos en los que fueron destacados posteos simples y efectivos sobre la identidad e historia de los suelos argentinos. Así es que existen coincidencias al momento de entender que las figuras de la música y el deporte que se manifestaron fueron de suma importancia en la balanza legislativa. En las antípodas de estas apreciaciones, la senadora Nadia Márquez (La Libertad Avanza–Neuquén) defendió el principio de propiedad privada y defendió la postura oficial. “Nadie se queda con el petróleo, el gas o el litio por comprar un terreno. La realidad es otra: nuestra Constitución es clara. Los recursos naturales pertenecen a las provincias y los bienes de dominio público no pueden venderse. Lo que sí necesitamos es dar seguridad jurídica, defender la propiedad privada y crear las condiciones para que lleguen inversiones que generen empleo y desarrollo para los argentinos. Éste es el rumbo que impulsa nuestro presidente, Javier Milei”. A continuación, justificó, “porque sin propiedad privada fuerte, no hay inversión. Sin inversión, no hay trabajo. Y sin trabajo, no hay futuro”.

En torno a la batahola que propició el apartado en torno al Manejo del fuego y los cambios que persigue la Libertad Avanza, se intentó dar de baja lo vigente para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, se quita el plazo de 60 años. Así el texto señalaba que "no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la Ley Ni 26.331.

Con el fin de derogar los artículos que hacen referencia a extender el plazo de prohibición de 60 años al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente, mientras que el segundo es el que dispone la prohibición por 30 años en el caso de zonas agrícolas para que se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego. De acuerdo a tal medida en danza la senadora Edith Terenzi planteó: "¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?”. En su carácter de presidenta de la Comisión de Ambiente señaló que con la redacción final "quedan únicamente protegidos los bosques nativos. Me preocupa que quedan sin protección otros recursos. Hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas”. De ese modo enfatizó un argumento escuchado durante toda la jornada por parte de la oposición, Terencio expresó que "este capítulo es regresivo", porque en materia ambiental no es posible para los estándares del Derecho Internacional. Además, es claramente contrario al Acuerdo de Escazú, que Argentina ratifica y, por otra parte, se impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones. Su objetivo es adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad.

Durante el devenir del jueves se mantuvo en suspenso más allá del naufragio del capítulo sobre el porcentaje de tierras a vender. Debido a esto, los votos de los senadores que pidieron votar en forma remota no eran necesarios para una u otra parte.

De este cónclave quedarán varios saldos: la media sanción de la Ley en General e internas abiertas en el peronismo. Aquí, el giro a Acuerdos Constitucionales no conformó al sector, que esperaba que Fernández Sagasti pudiera ser parte de modo remoto. Pero especialmente en el oficialismo se conoció que Patricia Bullrich le ocultó a la Casa Rosada que no tenía los votos para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra, consternando al ministro Federico Sturzenegger.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comunicó con la senadora Flavia Royón, el miércoles por la tarde, quien le confirmó que iba a rechazar la ley, cuando era contada en las huestes de los que apoyaban el texto. Tal decisión va en línea directa con la comunicación del Gobernador de la provincia que representa, Gustavo Sáenz. El mandatario leyó el ánimo social y el rechazo sobre el contenido en discusión, optando por la actitud menos impopular.

Crujir en las calles

Las remembranzas del fatídico verano que supo ser escenario de la Ley Bases se encuentran a disposición por estas horas. De tal manera, es válido recurrir a los datos que aporta la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos. La entidad, presente en la marcha, denunció un nuevo operativo con gases y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, activando así que los manifestantes se agolparan en bares de la zona para no ser detenidos ejerciendo su derecho a manifestar. Durante años, el trabajo que lleva adelante es el registro y la denuncia constante del uso de aparato coercitivo estatal durante la protesta social y en este caso, también sigue de cerca el tema de los heridos y los detenidos en inmediaciones de la concentración.

Dentro la tensión palaciega a la orden del día, se desplegó el fracaso en su máximo esplendor cuando el gobierno, convencido de que no iba a lograr aprobar los cambios en el Manejo al Fuego, apostó a lo seguro y retiró el tema. Así, el capítulo IV fue retirado para no encontrar una derrota plena en el hemiciclo. El resultado de la maratónica puesta en escena fue 37 votos a favor y 33 en contra de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Del enunciado enviado por el Poder Ejecutivo quedaron en pie los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro del Inmueble. En breve serán votados o modificados por la Cámara de Diputados, que tiene por delante una cargada agenda de asuntos parlamentarios pendientes.

El abandono de la hoja de ruta diseñada por el oficialismo se debió a que en el decantar de las alocuciones se supo que votarían en contra los senadores misioneros, que protagonizan una interna fuerte en su terruño, al igual que los senadores santacruceños, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Edith Terenzi. No obstante, el oficialismo prefirió desarrollar la táctica insistente de mostrarse indemne pese a los embates cotidianos.

En una votación pedida desde el inicio, capítulo por capitulo, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento en general de la mayoría de sus aliados: el bloque UCR; el Pro; los legisladores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. A continuación de la votación en general, se procedió a la votación en particular de un texto del que habían desaparecido dos capítulos completos y diez artículos, respecto de la versión original. A su turno los números en particular fueron los siguientes: El Capítulo I correspondiente a expropiaciones, fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra. El Capítulo II, correspondiente a los desalojos resultó aprobado por 36 votos a favor, 33 en contra, con una abstención de Edith Terenzi. Con la misma cantidad de votos fueron aprobados los capítulos V y VI. Por último, es propicio recordar que, tras largas horas de revisiones, los capítulos referentes a la cantidad de tierras con posibilidad de pasar a manos extranjeras y el uso posterior del territorio en caso de incendios fueron retirados de la mesa de discusión (Capitulo III Y IV).

En resumen, quedó a medio término la desmenuzada ley que los violetas canalizaban para favorecer a obscuros intereses foráneos.