Pettovello en la mira: la Justicia detectó anomalías en la distribución de alimentos
La Justicia Federal advirtió la existencia de “graves irregularidades” en la distribución de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, en un informe que complica a la gestión de la ministra Sandra Pettovello y que ya fue remitido a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción. Así lo consignó un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que evaluó la documentación presentada por la cartera en el marco de una causa penal por el manejo de alimentos destinados a sectores vulnerables.
Entre las irregularidades detectadas, la PIA señaló inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, remitos sin firma de recepción de beneficiarios y ausencia de documentación clave que permita seguir el recorrido de los productos desde su compra hasta su entrega final. El dictamen advirtió que esto impide reconstruir con precisión el destino de artículos básicos como aceite, lentejas, leche en polvo, harina y fideos.
El informe, suscripto por el fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, junto a sus auxiliares Daniela Pérez y Esteban Venditti, también criticó la ausencia de un sistema formal de distribución dentro del Ministerio. Según el texto, **el propio organismo reconoció que no existían manuales ni procedimientos formales que regularan la entrega de alimentos**, lo que contraviene los principios de legalidad, razonabilidad y buena administración que deben regir la actuación del Estado.Hoy la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos que rechazan los intentos del gobierno y sus secuaces para sacarnos del medio en las causas. 1) Seguiremos siendo querellantes en la causa $Libra 2) ¿Se acuerdan de los alimentos que encanutó Pettovello y que la justicia ordenó… pic.twitter.com/4SUYJvDJNC
— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2025
La causa se originó tras el incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia que había ordenado al Ministerio informar el stock disponible y presentar un plan de distribución de modo inmediato. La falta de cumplimiento de esa orden judicial, junto con las deficiencias detectadas por la PIA, fue elevada por el juez federal Sebastián Casanello a la Fiscalía Federal a cargo de Paloma Ochoa para su incorporación al expediente.
El pronunciamiento judicial se produce en un contexto de fuertes disputas políticas y judiciales por la asistencia alimentaria estatal. En ocasiones anteriores, la Justicia ya había ordenado la distribución de alimentos retenidos y el Gobierno anticipó que apelaría esas decisiones, al sostener que la definición de cómo distribuir la mercadería corresponde a una “política pública” y no a la órbita judicial.
