Perú: el laberinto de una democracia en crisis

Mientras la atención mundial está centrada en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, la escalada en torno a Irán y la guerra en Ucrania, América Latina también dio bastante de qué hablar este año. Uno de los casos electorales más interesantes fue, sin duda, el de Perú, un país que en los últimos años se ha convertido en un verdadero símbolo de cómo luce una «crisis crónica de la democracia».

Perú atraviesa ya su noveno cambio de presidente en apenas diez años. Uno de esos mandatarios permaneció en el cargo tan solo cinco días. Hubo numerosos intentos de destitución, cuatro de ellos exitosos. Varios expresidentes cumplen actualmente condenas de prisión. El Ministerio de Economía tuvo dieciocho titulares diferentes en ese mismo período. A ello se suman los retrasos en el escrutinio electoral, que desencadenaron nuevas protestas. Ese fue el escenario con el que el país llegó a las elecciones de 2026.

Vale la pena comenzar por los antecedentes. Como era previsible, este febrero tampoco hubo ningún milagro. El Congreso terminó destituyendo al entonces presidente José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Toda la historia de Jerí y su intento de mantener un delicado equilibrio entre acuerdos reservados con empresarios chinos —el denominado Chifa-gate— y una lealtad pública hacia Washington terminó exactamente como podía esperarse. El presidente creyó que podría hacer malabares geopolíticos frente a un Congreso abiertamente hostil, pero simplemente sobreestimó su propia capacidad de maniobra. El resultado fue un clásico vacío de poder: el entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó asumir la presidencia interina y los legisladores se vieron obligados a elegir de urgencia a un nuevo titular del Parlamento, quien pasó automáticamente a ejercer la presidencia provisional hasta la asunción del nuevo mandatario.

La elección recayó inesperadamente en José María Balcázar, un exjuez de 83 años perteneciente al ala más radical de la izquierda y miembro de Perú Libre. Terminó siendo, precisamente, «el más fuerte en su debilidad»: el presidente interino perfecto, sin carisma, sin grandes ambiciones políticas y, sobre todo, sin capacidad alguna para impulsar cambios profundos antes de las elecciones de abril y junio. Probablemente, el exmandatario interino será recordado tanto por sus escándalos como por declaraciones que, en más de una ocasión, rivalizaron con las salidas más extravagantes de Javier Milei. Basta recordar que afirmó, con absoluta serenidad, que «a partir de los 14 años todo está permitido», incluso mantener relaciones sexuales con menores, cuando fue consultado por los casos de abuso sexual entre docentes y estudiantes. Paralelamente, recibió una citación judicial por la presunta malversación de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque durante el período 2019-2022. Como broche final, llegó a declarar con total naturalidad que gobernar un país «no es tan complicado».

Como cabía esperar, las elecciones terminaron desarrollándose en un escenario de caos controlado. La primera vuelta estuvo marcada por un colapso logístico en la distribución del material electoral, que dejó a más de 63.300 ciudadanos sin posibilidad de emitir su voto; a ello se sumaron las acusaciones cruzadas de fraude y un escrutinio de la segunda vuelta que se prolongó durante semanas. El desenlace resultó verdaderamente impactante. El 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como vencedora del segunda vueltacelebrado el 7 de junio. El resultado fue del 50,135 % frente al 49,865 % obtenido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

¿Dónde reside lo realmente llamativo de esta elección? No tanto en el margen inferior al uno por ciento, ya habitual en la política peruana, sino en quién terminó definiéndolo. La diferencia de algo más de 49 mil votos no provino del electorado residente en el país, sino de la diáspora peruana, principalmente radicada en Estados Unidos. En el territorio nacional, la mayoría de los votos fue para Sánchez. En otras palabrasla mayoría de los peruanos que votaron en el país eligió a Roberto Sánchez; miles de ciudadanos ni siquiera pudieron votar debido al colapso logístico, pero quien finalmente llegó a la presidencia fue Keiko Fujimori. Esta fue la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori, luego de sus derrotas en 2011, 2016 y 2021. En 2010, tras el fracaso del proyecto Sí Cumple, fundó Fuerza Popular, un partido cuya identidad política se construyó en torno a la figura de su padre, Alberto Fujimori. Con el paso de los años, el fujimorismo experimentó una evolución significativa: pasó de consignas sencillas como «hacer y no hablar» a un programa político mucho más definido, sintetizado en el lema Perú con Orden. Sin embargo, el crecimiento ideológico del movimiento no siempre se reflejó en su representación parlamentaria. En 2016, Fuerza Popular obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, pero para 2020 su bancada se había reducido cinco veces, pasando de 73 a apenas 15 escaños. Hoy vuelve a ser la fuerza con mayor representación parlamentaria, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Esa posición le otorga a Keiko una ventaja que pocos de sus predecesores tuvieron: la posibilidad real de bloquear eventuales intentos de destitución y completar, por primera vez en mucho tiempo, un mandato presidencial de cinco años.

Cabe señalar que la victoria de Keiko Fujimori se inscribe de manera natural en el giro regional hacia la derecha. Entre los primeros en felicitarla estuvieron Javier Milei, José Antonio Kast, Nayib Bukele y Flávio Bolsonaro. Washington tampoco tardó en reaccionar: al día siguiente de la proclamación oficial de los resultados, el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó la disposición de la administración estadounidense a profundizar la cooperación con Perú en materia de seguridad y comercio. Poco después, Fujimori mantuvo una conversación telefónica con el presidente argentino Javier Milei, durante la cual elogió las reformas impulsadas en Argentina y aseguró que Perú desplegaría «un enorme esfuerzo» para implementar medidas de orientación similar. Sin embargo, en el propio Perú esas declaraciones fueron recibidas con ambivalencia. El recuerdo del «fujishock» de los años noventa sigue demasiado presente, mientras que las dificultades económicas de la vecina Argentina no hacen más que reforzar el escepticismo frente a las reformas de mercado de carácter radical. El legado de Alberto Fujimori y la orientación política de Keiko continúan siendo uno de los principales factores que polarizan su imagen pública. Detrás de este escenario se percibe con bastante claridad la narrativa geopolítica de Estados Unidos para América Latina: el respaldo a un liderazgo de derecha que defiende la liberalización económica y un combate frontal contra la delincuencia responde a intereses estratégicos muy concretos de Washington. En primer lugar, Perú sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo, y Washington necesita un socio confiable para reducir el flujo del narcotráfico hacia el norte. En segundo lugar, la prolongada crisis social del país lo vuelve aún más vulnerable a la influencia estadounidense. Por último, Perú es uno de los principales proveedores de cobre y de otros minerales críticos, un sector en el que las empresas chinas ya han consolidado una presencia significativa, como puso de manifiesto el escándalo del Chifa-gate que involucró al anterior presidente. Para la Casa Blanca, este representa un momento propicio para intentar contener la influencia de Pekín en lo que históricamente ha considerado su propio «patio trasero». China, sin embargo, no muestra intención alguna de ceder terreno. Perú sigue siendo uno de los socios más importantes de Pekín en la región y, el 6 de julio, Xi Jinping felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta, subrayando que ambos países mantienen una asociación estratégica integral. Aun así, para la propia Fujimori la apuesta más lógica parece ser una alianza con Donald Trump. Keiko pretende retomar buena parte del legado político de su padre y sus posiciones guardan claras afinidades con las del actual presidente estadounidense. Históricamente, Perú ha orientado su política de seguridad hacia Estados Unidos, favorecido tanto por la cercanía geográfica como por una larga trayectoria de cooperación bilateral. Además, desde 2009 Lima y Washington mantienen vigente un tratado de libre comercio. Al respaldar a una dirigente que promete restablecer el orden bajo parámetros estadounidenses y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de Pekín, Washington busca debilitar el narcotráfico, contener la influencia china y consolidar un socio más previsible para sus inversiones. A cambio, Perú puede aspirar a obtener mayores preferencias comerciales y una cooperación más estrecha en materia de seguridad. En principio, ese escenario podría resultar beneficioso para el país, siempre que Keiko logre evitar los errores asociados a una liberalización económica excesiva, como ocurrió en Argentina. De lo contrario, Perú corre el riesgo de volver a pagar el costo de esa estrategia con una mayor inestabilidad social y una dependencia financiera aún más profunda, ya sea de Estados Unidos o de China. A pesar de esas perspectivas, las primeras decisiones de Keiko apuntan, por ahora, en otra dirección. Se reunió con Julio Velarde, considerado uno de los principales garantes de la estabilidad macroeconómica del país durante los últimos años y presidente del Banco Central de Reserva del Perú, para ofrecerle un quinto mandato al frente de la institución. Velarde aceptó. Fue una señal clara para las élites económicas: el rumbo macroeconómico no será alterado. Moody's ya señaló que el nuevo gabinete mantendrá la continuidad de la política económica y probablemente conservará la confianza de los inversionistas. Esa postura contrasta claramente con la propuesta de su rival de izquierda, Roberto Sánchez, quien planteó destituir a Velarde y destinar las reservas internacionales del BCRP —superiores a los 100.000 millones de dólares— al financiamiento de programas de asistencia social. Ese tipo de discurso puede movilizar electoralmente a determinados sectores, pero los datos hablan por sí solos: bajo la gestión de Velarde, Perú mantuvo una de las tasas de inflación más bajas de la región junto con un crecimiento económico sostenido por encima del promedio mundial. Todo esto ocurre, sin embargo, en un país que continúa profundamente dividido. Sánchez se negó a reconocer los resultados y llamó a protestas, aunque nunca presentó pruebas de un supuesto fraude. El movimiento antifujimorista y la izquierda permanecen plenamente vigentes y no muestran señales de retroceso. Keiko deberá gobernar con cerca de la mitad del electorado en su contra, especialmente en las regiones más pobres del país. Se trata, en realidad, de uno de los problemas estructurales del sistema electoral peruano: la elevada fragmentación del voto en la primera vuelta y la casi inevitable llegada al balotaje de dos figuras altamente reconocibles y profundamente polarizantes terminan produciendo victorias por márgenes mínimos que reflejan menos un consenso que una sociedad escindida en dos bloques de tamaño casi equivalente. El 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá oficialmente la presidencia. Perú tendrá, por primera vez en muchos años, una mandataria con posibilidades reales de completar su mandato respaldada por la bancada más numerosa del Congreso. Pero también heredará los mismos desafíos que han marcado a sus predecesores: el avance de la criminalidad, la escasa confianza en las instituciones, el agotamiento de una sociedad cansada de los gobiernos transitorios y, entre los sectores fujimoristas, la expectativa de que Keiko esté a la altura del apellido que lleva.