Paro del fútbol: el Ejecutivo se corre del conflicto para evitar costos políticos
El inicio de una medida de fuerza que paraliza el fútbol argentino ha generado un clima de máxima tensión política, pero desde la Casa Rosada la orden es el hermetismo. El gobierno de Javier Milei ha decidido evitar cualquier pronunciamiento oficial contundente sobre el paro, con el objetivo táctico de no alimentar la narrativa de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Para los estrategas del oficialismo, confrontar directamente en este momento validaría el discurso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre una presunta "persecución política" y una intervención estatal encubierta.
La estrategia gubernamental consiste en desmarcarse del conflicto y presentarlo como una decisión unilateral de los dirigentes deportivos que perjudica a los socios y a los hinchas. Al no entrar en el choque dialéctico, el Ejecutivo busca que el costo social de la suspensión de los partidos recaiga exclusivamente sobre la figura de Tapia. En los despachos de Balcarce 50 sostienen que cualquier declaración impulsiva podría ser utilizada por la AFA ante organismos internacionales, como la FIFA, para denunciar injerencia gubernamental y solicitar sanciones contra el país.
Desde el entorno de la AFA, la postura es diametralmente opuesta. Tanto Tapia como su mano derecha, Pablo Toviggino, han sugerido que el paro es una respuesta necesaria ante el "asedio" del Gobierno. Los dirigentes sostienen que el Estado está utilizando herramientas administrativas y judiciales para forzar un cambio de estatuto que permita el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Para la cúpula de la calle Viamonte, la medida de fuerza es una demostración de soberanía institucional frente a lo que consideran un intento de privatización encubierta del fútbol nacional.
🟡AFA: paro de 4 días en apoyo a Chiqui Tapia
— La Nación Más (@lanacionmas) February 24, 2026
No se jugará del 5 al 8 de marzo en la Liga Profesional de Fútbol y las demás categorías.
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El conflicto de fondo, que actúa como motor de esta crisis, es la implementación de las SAD, una de las banderas de la gestión de Milei para el área deportiva. Mientras el Gobierno insiste en que los clubes deben tener la libertad de elegir su modelo de gestión para atraer inversiones extranjeras, la AFA se mantiene firme en la defensa de las asociaciones civiles sin fines de lucro. El paro actual es visto por analistas como el clímax de una guerra fría que lleva meses escalando en juzgados y despachos oficiales, donde cada paso está estrictamente calculado.
El impacto de la medida ya se siente en la economía de los clubes y en la industria del entretenimiento vinculada al deporte. Con los estadios cerrados y las transmisiones suspendidas, la presión de las empresas tenedoras de derechos televisivos y de los patrocinadores comienza a jugar un rol determinante. El Gobierno apuesta a que el malestar de los simpatizantes, privados de ver a sus equipos, termine forzando una negociación en la que la AFA deba ceder posiciones sin que el Estado aparezca como el "agresor" directo.
Hacia adelante, el desenlace del conflicto permanece incierto. El silencio oficial es una apuesta de riesgo que depende de cuánto tiempo pueda sostenerse la parálisis de la actividad más popular del país sin que el descontento social se desborde. Por ahora, la Casa Rosada observa desde la periferia, confiando en que la estrategia de no legitimar la narrativa de persecución de Tapia y Toviggino sea suficiente para desgastar el liderazgo de los dirigentes y abrir una rendija para las reformas estructurales que el Ejecutivo pretende imponer en el fútbol argentino.
