Publicado: 05/05/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

Pagano pidió que dentengan a Adorni por apretar testigos

La diputada nacional hizo una nueva denuncia judicial contra el Jefe de Gabinete.
Pagano pidió que dentengan a Adorni por apretar testigos
Redacción NU
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marcela pagano

La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo judicial tras la presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien solicitó su detención. La diputada argumentó que el funcionario habría intentado influir sobre un testigo clave en el expediente, lo que configuraría un posible entorpecimiento de la investigación.

El pedido fue presentado ante la Justicia federal luego de que trascendieran supuestos contactos entre Adorni y un contratista que debía declarar en la causa. Según la denuncia, el funcionario habría buscado condicionar su testimonio antes de que prestara declaración formal, lo que encendió alarmas en el ámbito judicial.

En su presentación, Pagano sostuvo que el jefe de Gabinete “apretó a un testigo” a través de mensajes y ofrecimientos con el objetivo de modificar su declaración. La diputada consideró que estos hechos constituyen un riesgo procesal concreto y justifican una medida de detención para evitar interferencias en la investigación en curso.

El testigo en cuestión es un contratista vinculado a obras realizadas en una propiedad atribuida a Adorni, quien declaró haber recibido pagos significativos por esos trabajos. Su testimonio es considerado relevante dentro de la causa que busca determinar si existió enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

En ese contexto, Pagano invocó la denominada “doctrina Irurzun”, que permite avanzar con medidas restrictivas cuando existe la posibilidad de que un acusado, por su posición de poder, pueda entorpecer la investigación. El planteo apunta a que la Justicia evalúe con urgencia la situación procesal del jefe de Gabinete.

Hasta el momento, desde el entorno de Adorni no hubo una respuesta oficial al pedido de detención. Sin embargo, el caso suma presión política y judicial sobre el funcionario, en medio de una investigación que ya venía generando controversias por su evolución patrimonial y sus gastos bajo análisis.

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