ONGs, abogados y empresarios rechazan proyecto de lobby de Milei
Las principales organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias expresaron fuertes reparos al proyecto de ley impulsado por el Gobierno para regular la actividad de lobby en la Argentina. Durante una reunión informativa en la Cámara de Diputados, representantes de distintos sectores coincidieron en la necesidad de avanzar en mecanismos de transparencia, aunque cuestionaron varios aspectos de la iniciativa oficial.
Las críticas se concentraron en la amplitud de las definiciones incluidas en el texto, el alcance de las obligaciones de registro y el régimen sancionatorio previsto. Diversos expositores advirtieron que la redacción actual podría afectar actividades legítimas de representación de intereses y participación ciudadana, generando incertidumbre para organizaciones, empresas y profesionales que interactúan habitualmente con organismos públicos.
Antes del encuentro legislativo, un conjunto de organizaciones difundió un documento en el que calificó la iniciativa como una forma de “participación vigilada” y alertó sobre la posibilidad de que derive en mecanismos de control estatal sobre entidades independientes. Entre las organizaciones firmantes se encuentran referentes del ámbito de los derechos humanos, la transparencia institucional y el periodismo.
EL LOBBY PODRÍA DEJAR DE SER SECRETO
— El Cronista (@Cronistacom) June 10, 2026
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para crear un Registro Público de Lobby, con el objetivo de transparentar quiénes pueden reunirse con funcionarios públicos y en qué condiciones.
¿De qué se trata la… pic.twitter.com/xq9x9ODH7i
Desde el sector empresario también manifestaron observaciones. Representantes de cámaras comerciales sostuvieron que el objetivo de transparentar la gestión de intereses es positivo, pero reclamaron reglas más precisas y procedimientos menos burocráticos. Asimismo, cuestionaron la incorporación de sanciones penales y plantearon que la normativa no debería desalentar la participación de actores privados en la discusión de políticas públicas.
Durante la audiencia, referentes del ámbito jurídico señalaron que la definición de “gestión de intereses” podría abarcar actividades habituales de abogados, sindicatos y organizaciones sociales. En ese marco, una de las expositoras afirmó que la iniciativa “criminaliza el ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”, mientras que otros participantes alertaron sobre posibles aplicaciones discrecionales de la futura ley.
Mientras continúan las objeciones al proyecto oficial, distintos bloques de la oposición dialoguista avanzan en la elaboración de una propuesta alternativa. El debate legislativo se desarrolla en paralelo con el tratamiento de otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas el denominado “Súper RIGI”, que también genera discusión en el Congreso y que el oficialismo busca impulsar antes de fin de mes.
