El denominado Pacto de Mayo el respaldo clave del círculo rojo, antes de que el presidente Javier Milei lo presentara en el Congreso. No solamente dio el visto bueno sino que incluso realizaron aportes en su concepción.
El selecto grupo de millonarios que viajó al Vaticano con el jefe de Estado, con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la canciller, Diana Mondino, aprovechó el cónclave para afinar la convocatoria al diálogo, cuya ausencia en el DNU 70/23 y la ley ómnibus había generado contradicciones en el discurso republicanista del círculo rojo.
“Estamos de acuerdo con las reformas, que se venían postergando por decisiones populistas. Pero podrían salir por consenso y dialogando con todos los sectores. En todo caso, que sea la oposición la que rompa el acuerdo y no el Gobierno, porque es imposible defender sin tener el cuestionamiento moral”, afirmó uno de los empresarios que estuvo en el viaje papal, que se realizó justo cuando el Congreso le daba la espalda a la Ley Ómnibus.
Sobremesas vaticanas
En el viaje al Vaticano, los empresarios y la comandancia gubernamental se juramentaron fidelidad, ante los embates que esperaban recibir por defender las reformas laboral y tributaria, y las privatizaciones de las empresas estatales.
Sucede que se puso en juego el armado que un sector del establishment había logrado a partir de negociaciones “amigables” con los sindicatos y organizaciones sociales, en épocas en donde la regulación era más favorable a los reclamos de los trabajadores registrados o de los empleados informales.
Ahora, ante la posibilidad de ganar terreno en campo que había sido minado de reivindicaciones laborales, los dueños y altos ejecutivos de las empresas más poderosas del país prometieron “poner el cuerpo para bancar” las medidas que ellos mismos exigían para “poner en marcha un país normal”. Allí se alinearon los diferentes sectores productivos del país: desde el campo, con la Sociedad Rural a la cabeza, hasta la industria, pasando por la malherida actividad de la construcción.
Dentro de las entidades gremiales-empresarias, sin embargo, no todo es unidad. Con el llamado al Pacto de Mayo, varias regionales y sectoriales comenzaron a cuestionar la ausencia de la palabra productividad en los diez puntos del llamado presidencial.
Las reformas tributarias y laborales apuntaron al corazón y al bolsillo de las empresas, pero la apertura del comercio internacional, en medio de una crisis de inflación y recesión, hizo temblar a pymes industriales. También, puso en duda inversiones de multinacionales.
Respaldos empresarios
“Necesitamos sin dudas: la protección de los derechos de propiedad como base para la inversión, la innovación y el progreso; el equilibrio fiscal responsable, garantizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos; la consolidación del camino para bajar la carga fiscal sobre la producción; una economía integrada y competitiva que fomente el comercio internacional de nuestros sectores y la modernización del marco laboral en pos de recuperar el sendero de creación de empleo formal, entre otros”, sostuvo la industria de alimentos y bebidas de Argentina nucleada en COPAL, que está presidida por Daniel Funes de Rioja, además jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA). Antes se habían pronunciado otras cámaras, como la propia UIA, la Cámara de Comercio e IDEA.
El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) afirmó en un comunicado de prensa que “las reformas que necesita Argentina para superar graves desafíos, tales como los desequilibrios macroeconómicos, la emergencia educativa y los crecientes conflictos sociales, requieren de toda la dirigencia política el patriotismo necesario para, con humildad y valentía, resignar intereses particulares y permitir que la unidad supere el conflicto. Sólo así lograremos que las reformas necesarias tengan un carácter más duradero”,
El FCE aclaró que las organizaciones empresariales no fueron “sujetos directos de la Convocatoria a firmar este gran Acuerdo Nacional”, pero señaló que se sienten “impulsadas a comprometer el apoyo”.
Mientras que la Sociedad Rural sostuvo: “Esperamos que este debate genere las bases rectoras para lo social, lo político y lo económico porque se necesita un ámbito de reglas claras, estables y sostenibles. El campo tiene mucho para aportar ante este nuevo desafío, sabiendo que somos generadores de trabajo directo e indirecto en las provincias, fomentamos el arraigo rural y damos origen a las divisas genuinas que necesita la economía”.