Luego de que la Corte Suprema ordenara una auditoria a la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que reveló falta de controles y desmanejos varios entre 2008 y 2021, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que lidera Julio Piumato, reclamó cambios urgentes en dicha dependencia.
La presentación remitida al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, sostiene: “La Auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión realizada por la Comisión creada al efecto, da cuenta del absoluto estado de abandono y desidia en que se halla nuestra Obra Social”.
Durante el período estudiado por la Comisión de Auditoria, integrada por dos médicos, dos abogados y dos contadores, la OSPJN estuvo bajo el control del ministro Juan Carlos Maqueda y el director designado, el médico Aldo Tonón.
La UEJN apuntó contra Tonón, hombre de confianza de Maqueda. Así lo exponen en la carta. “Durante los años que comprende la auditoría fueron nulos los controles realizados en cuanto al desenvolvimiento del único Director -Dr. Aldo Tonón- y a los estados contables”, denunciaron.
Y añadieron: “Fueran recurrentes las denuncias –formales e informales– respecto a la liviandad con que el Director Dr. Aldo Tonón otorgaba determinadas prestaciones a un selecto núcleo de amigos privilegiados”.
Desde el gremio también denunciaron que tampoco existió un control respecto a la dispensa de medicamentos, ni sobre las liquidaciones mensuales presentadas y reclamaron la inmediata remoción de Tonón. Al tiempo que renovaron su pedido para que se incorpore al directorio de la obra social un representante gremial, algo que está en el estatuto y no se está cumpliendo.
“Nuestra obra social es la única del país en cuya conducción no están representados los/as trabajadores/as a través de su organización gremial. Ahondar esta negativa implica una grave e infundada discriminación y un obstáculo para una mayor transparencia (obstáculo inexplicable), en detrimento de los derechos e intereses de quienes –en definitiva– con nuestro aporte contribuimos al financiamiento de la OSPJN”, añadieron.
La crisis en la obra social, que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, comenzó en septiembre del año pasado con la denuncia de un empleado del área informática que dio cuenta de presuntas contrataciones irregulares, malversación de fondos y otras anomalías.
La investigación recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti, con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo, quienes en octubre de 2021 allanaron la sede de la OSPJN en busca de documentos y los equipos de telefonía usados por los empleados.
Cabe destacar que en la resolución 2095/2022, la Corte Suprema ordenó al directorio que empiece a “elaborar un presupuesto anual a fin de contar con una herramienta indispensable de control económico y financiero”; “implementar un sistema formal de contabilidad” y que “la auditoría de dichos estados contables deberá ser efectuada por profesionales que guarden absoluta independencia”; y finalmente se licite la implementación de un software de gestión.
La resolución establece además que “hasta tanto se dé cumplimiento a los puntos anteriores, (el directorio de la OSPJN) deberá adoptar todas las medidas presupuestarias, contables y de gestión para dar un funcionamiento consistente, transparente y ordenado a la Obra Social”.