El Gobierno de Javier Milei y parte de la oposición a que llaman “dialoguista” llegaron a un acuerdo para sellar un dictamen de mayoría con disidencia sobre el proyecto de la Ley Ómnibus, aunque persisten diferencias entre los propios bloques, además de un reclamo de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).
De esta manera, habrá plenario en la jornada de este martes, aunque estaba convocado para las 18 horas de esta tarde, y el horario se corrió para las 20.30 por las intensas negociaciones que desarrollan desde temprano entre representantes del Ejecutivo, legisladores y gobernadores.
Precisamente son los legisladores que se reunieron con los gobernadores radicales quienes tienen las divergencias internas más notorias, ahora encabezados por Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de la UCR.
Por otro lado, Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, daría libertad de acción a la hora de la votación. Sin embargo, estos movimientos no le traerían complicaciones a La Libertad Avanza para lograr el dictamen.
En diálogo con C5N, Margarita Stolbizer, por ejemplo, aseguró que trabajaba en la redacción de un dictamen propio.
Martín Menem dijo que “se llegó a un acuerdo”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró este martes que se llegó a “un acuerdo” con los bloques opositores denominados “dialoguistas” para avanzar en un dictamen común -con disidencias- en el marco del tratamiento del proyecto de “Ley de Bases”, que desde las 20.30 horas será abordado por un plenario de comisiones.
El reclamo de los gobernadores
En un comunicado, los 10 Gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) “celebraron” por un lado que “el Gobierno Nacional, después de varias semanas, haya enviado al Congreso una nueva versión del proyecto de Ley Ómnibus tomando en cuenta muchos de los puntos de la discusión parlamentaria”, aunque destacaron que ven con “mucha preocupación” que “el mayor ajuste del Poder Ejecutivo se hace a expensas, una vez más, del interior productivo y generador de empleo genuino del país”.
En dicho comunicado si bien destacaron que la reducción de 141 artículos sobre los 664 originales, facilitará seguramente su debate y posterior aprobación, advirtieron que “por el lado de las reducciones del gasto público, la mayoría de los recursos afectados son de carácter federal”.
“Es decir, las transferencias en obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo productivo; recursos que hacen a la mejora de la calidad educativa de nuestros estudiantes; y transferencias vinculadas a la inversión en la salud pública. Son ejes prioritarios que hacen a la mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos argentinos que habitan en las provincias”, argumentaron.
Y agregaron que “por el lado de los ingresos, el Gobierno Nacional plantea incrementar con una mirada centralista – ya sea por ley o por decreto- sólo impuestos que no se coparticipan con las provincias, como las retenciones a las exportaciones -que dañan nuestro aparato productivo exportador- o el Impuesto PAIS”.
“Creemos profundamente en la necesidad de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas porque sabemos que sin este requisito básico no se va a poder vencer al flagelo de la inflación que tanto golpea el bolsillo de las familias argentinas. Pero esta meta no la puede lograr un nivel de gobierno a expensas de otro. Tiene que ser un objetivo compartido y que se logre con el esfuerzo de todas las jurisdicciones”, concluyeron.
