Por un error formal, la Cámara Nacional de Trabajo dejó sin efecto la apelación presentada por el Gobierno, que buscaba llegar a la Corte Suprema en el expediente iniciado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU. La abogada Carolina Soledad Maidana no acreditó debidamente la personería jurídica de la Procuración del Tesoro y entonces la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó el traslado del recurso extraordinario.
Según la notificación de la cámara laboral, la abogada Maidana “no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir y tampoco se invocó imposibilidad alguna de presentarlos”.
Quedó sin efecto la apelación, pero el Gobierno tiene 48 horas para corregir el error, dado que el miércoles vence el plazo que había sido fijado por la justicia para que el Poder Ejecutivo presentara el recurso extraordinario. Si la Procuración del Tesoro no corrige el error antes del vencimiento del plazo, la apelación quedará sin efecto alguno. Se trata de un recurso extraordinario con el que el oficialismo apuesta a que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa.
El Gobierno busca que la Corte analice y deje sin efecto el fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió, mediante el dictado de una medida cautelar, los efectos del DNU en lo que refiere al mundo laboral. La decisión de conceder la medida cautelar la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González. La decisión de la Cámara del Trabajo fue el primer freno que impusieron los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
Si el Gobierno corrige el error y sortea esta traba formal, la Cámara puede aceptar el recurso de Barra y darle curso a la Corte Suprema o, simplemente, rechazarlo. En este caso, el oficialismo podría insistir con un nuevo recurso de queja.
En el fallo que dictó la medida cautelar y suspendió los efectos del DNU, García Vior y Sudera esgrimieron que tanto la necesidad y la urgencia no estaban debidamente justificadas en el decreto. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtió el fallo.
González, la disidente, solicitó que el expediente se tramitara en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso. Sobre esa línea interpretativa se recostaba el oficialismo que entendía, al igual que el fiscal general de la Cámara laboral, Juan Manuel Domínguez, que la justicia laboral no tiene dominio. El plan de Barra era que el fuero contencioso se quedara con la causa promovida por la CGT.