El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales y entes del Estado durante su gobierno.
La causa iniciada por el fiscal federal Ramiro González, es a raíz de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, quien ya pidió las primeras medidas de prueba. Según el expediente, la imputación también alcanza al extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y al empresario Héctor Martínez Sosa.
El funcionario judicial solicitó pruebas a la Jefatura de Gabinete sobre información de antecedentes al decreto 823/21, firmado en diciembre de 2021 por el exmandatario, el exjefe de Gabinete Juan Manzur, y el por entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. A través de esta resolución, las entidades públicas se vieron obligadas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante la gestión del Frente de Todos.
La abogada Martínez denunció una supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro”. En el documento, acusó a Fernández y Pagliano de “violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
El caso recayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini. El fiscal González, subrogante de la Fiscalía de Carlos Rívolo, respondió a la consulta del magistrado de la siguiente manera: “Tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto”.
“Puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”, agregó.
La denunciante apuntó contra las supuestas irregularidades que habrían ocurrido, luego del mencionado decreto, con las contrataciones de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.
“Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene el documento. “Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, añade.
El fiscal también consideró que la Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”.
Además, el Dr. González reclamó que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
Quién es el broker denunciado
En el documento presentado por la letrada, se destaca que el “intermediario” era Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión más elevada que la del valor de mercado. Además se nombra otro bróker, Héctor Martínez Sosa, esposo de una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
Martínez Sosa es un productor de seguros de alto perfil que en los años ´90 ya había conducido la Superintendencia de Seguros. Fuentes cercanas al expresidente señalaron a este medio que el bróker no habría trabajado en las contrataciones de seguros, y que se lo habría “mencionado en el caso para ensuciar” al actual titular del PJ.
El antecesor de Javier Milei rechazó las acusaciones al decir que nunca hizo gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y que tampoco le pidió a Cantero que lo hiciera.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, afirmó Fernández. También aseguró que “nunca habló” con el esposo de su secretaria sobre este tema.
Por otro lado, el expresidente defendió el decreto que firmó en 2021 y comentó que estipulaba que las contrataciones de seguros para las dependencias oficiales debían realizarse de manera directa, opinando que el sistema implementado durante el gobierno de Mauricio Macri dio lugar a “muchos negocios”.
