El ministro del Interior, Guillermo Francos, informó que el Gobierno hará cambios en la Ley Ómnibus que mandó al Congreso en el apartado que se refería a la pesca. La decisión fue anunciada tras un encuentro de Francos con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quienes se habían reunido con el ministro para pedirle modificaciones ya que creían que la normativa afectaba al sector y a varias provincias y municipios.
Además, el funcionario dijo que se conformará una mesa para analizar la dinámica del sector. Y atribuyó las reacciones de descontento por parte de los actores involucrados a falta de claridad en la redacción de la norma y no a una intención de afectar la pesca nacional. “El espíritu es muy claro y se había creado una confusión sobre el sentido de las 200 millas que son para la pesca nacional”, admitió Francos.
“Sorprende la torpeza con la que se avanzó sin haber consultado al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina. Hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida”, acusó Ignacio ‘Nacho’ Torres, el gobernador de Chubut, articulador de la carta pública. “Si esto es una estrategia para quitar algo del DNU o cambiar figuritas, la verdad que es una mala estrategia”, añadió.
El reclamo de los gobernadores patagónicos
Los gobernadores de provincias patagónicas rechazaron las modificaciones a la actividad pesquera planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el Gobierno nacional para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias. Para los mandatarios, de llevarse a cabo las modificaciones contempladas en la iniciativa, “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”.
Las críticas fueron expresadas en un comunicado conjunto de los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922- que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.
El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.
“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios patagónicos.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA, LOS RECURSOS Y LA INDUSTRIA PESQUERA
Junto a los gobernadores @weretilneck, @claudiovidalser, @rolo_figueroa y @gustavomelella, manifestamos nuestro rechazo a las modificaciones en la regulación de la actividad pesquera que establece la denominada Ley… pic.twitter.com/UQvFhChtrV
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 2, 2024
“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.
Los mandatarios señalaron además, que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.
Para finalizar remarcaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional”.