Mientras pide ajustar, la Jefatura de Gabinete destina $5.000 millones a servicios básicos
Las declaraciones del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la necesidad de que las familias reduzcan el consumo de servicios públicos reavivaron el debate sobre la política de subsidios del Gobierno. "Si la tarifa cuesta menos para el que usa la luz, el que usa aire acondicionado en verano o el que usa gas en invierno, esa diferencia de tarifa que una persona no está pagando, alguien la tiene que pagar: la pregunta es quién", sostuvo durante su primera conferencia de prensa. Luego profundizó el argumento al señalar que el incremento de las tarifas "conduce a otro tipo de acciones por parte de las familias", como "abrigarse antes que prender el gas", insistiendo en que esos gastos "alguien los tendría que pagar". Sin embargo, mientras el Ejecutivo impulsa un mayor esfuerzo económico por parte de los usuarios residenciales, la estructura centralizada de la Jefatura de Gabinete que ahora conduce Diego Santilli cuenta con más de $5.032 millones asignados para afrontar el pago de servicios básicos durante 2026.
Los datos surgen del Presupuesto Abierto de la Nación, actualizado un día antes de la asunción de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, cargo que heredó tras el paso de Manuel Adorni. La partida destinada al pago de servicios representa un incremento del 1.180% respecto de 2023, cuando ascendía a $393 millones. El principal gasto corresponde a la telefonía fija y móvil, con $3.074 millones, cifra que contrasta con los poco más de $27 millones previstos en 2023 y que implica un aumento superior al 4.000% desde el inicio del año. A ello se suman $1.260 millones para energía eléctrica, frente a los $121 millones ejecutados en 2023, y $142 millones para agua y cloacas, contra los $18 millones asignados al comienzo de la actual gestión.
La evolución de estas partidas también supera ampliamente el incremento registrado en las tarifas. Mientras el presupuesto para electricidad de la Jefatura creció un 941% desde 2023, el último informe sobre tarifas y subsidios elaborado por la UBA y el Conicet estimó que el aumento de la energía eléctrica entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue del 494%. La canasta general de servicios, por su parte, aumentó un 919%, por debajo del incremento presupuestario destinado a la Jefatura. Si bien el área incorporó nuevas funciones tras absorber el disuelto Ministerio de Ciencia y Tecnología, esa ampliación explicaría menos de $200 millones adicionales, apenas un 4% del total asignado. Consultadas sobre una eventual reducción de estos gastos, fuentes de la nueva gestión señalaron que llevaban apenas "72 horas" en funciones y que aún estaban reorganizando la estructura y el organigrama. Ese mismo día, además, el Gobierno publicó el decreto 571/2026 que dispuso la disolución del Ministerio del Interior.
Más allá de los servicios, la estructura centralizada de la Jefatura de Gabinete dispone de $59.050 millones para distintos conceptos de gasto. La última actualización presupuestaria redujo apenas un 0,3% sus recursos, una de las menores modificaciones aplicadas entre ministerios y secretarías. De ese total, $44.000 millones, equivalentes al 75% del presupuesto, están destinados al pago de personal, mientras que alrededor de $2.000 millones corresponden a bienes de uso y de consumo. Además, la Jefatura concentra el mayor presupuesto estatal para su denominado "gabinete de autoridades superiores", con $4.692 millones destinados a asesores y funcionarios de máxima jerarquía. En contrapartida, según el último informe de dotación de personal publicado por el Indec, el organismo cuenta actualmente con 617 empleados menos que en noviembre de 2025, cuando asumió su anterior titular.
El contraste también se observa en otros organismos bajo la órbita de Santilli. El Conicet, cuyos trabajadores vienen reclamando por la situación salarial, la continuidad de unas 380 becas, la cobertura de la obra social y el financiamiento de la investigación, recibió para salarios un incremento presupuestario de apenas 5% respecto de 2025, por debajo de una inflación proyectada del 10% y ya superada por la evolución de los precios. Una situación similar atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente del Ministerio de Economía, donde el presupuesto destinado a personal pasó de $100.000 millones a $104.000 millones, una suba nominal del 3% que implica una reducción en términos reales y que acompañó el despido del 20% del personal contratado a fines de junio.
El Gobierno sostuvo que se trató de 61 contratos no renovados, principalmente administrativos. Sin embargo, la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear rechazó esa explicación y afirmó que el personal afectado incluye profesionales, técnicos y administrativos altamente especializados, indispensables para sostener proyectos estratégicos nacionales. En un comunicado, la entidad advirtió que el proceso de "vaciamiento y desmantelamiento institucional" pone "en riesgo décadas de esfuerzo e inversión en el sector".
Paradójicamente, mientras la CNEA ajustó su propio consumo eléctrico —con una partida que aumentó un 450% desde 2023, unos 40 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada por la UBA—, la estructura central de la Jefatura de Gabinete incrementó significativamente los recursos destinados al pago de sus servicios básicos, en un contexto en el que el Gobierno reclama a la sociedad reducir el consumo para afrontar el nuevo esquema tarifario.
