Conflicto entre La Rioja y San Juan por un proyecto minero

La disputa territorial tiene raíces históricas que se remontan a fines de la década de 1960. Desde La Rioja sostienen que una porción de territorio que actualmente forma parte de San Juan fue incorporada a esa provincia mediante una decisión adoptada durante la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía. Según la posición riojana, aquella modificación de límites nunca contó con la legitimidad necesaria y perjudicó los intereses provinciales.

El conflicto, que durante años permaneció relegado a ámbitos administrativos y judiciales, cobró una nueva dimensión a partir de la aparición de un proyecto de explotación de cobre considerado estratégico para el desarrollo económico de la región.

La posibilidad de que la futura mina genere miles de puestos de trabajo, inversiones en infraestructura y millonarios ingresos por regalías reavivó el debate sobre la pertenencia de las tierras donde se desarrollaría la actividad extractiva.

En ese marco, el gobernador riojano Ricardo Quintela promulgó una ley provincial que ratifica el rechazo a los límites establecidos durante el gobierno de facto de Onganía. Tras la sanción de la norma, el mandatario utilizó su cuenta oficial de X para defender la iniciativa y reafirmar la postura de su administración.

“La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”, escribió Quintela en la red social. Para el gobierno riojano, la medida constituye un paso institucional destinado a recuperar lo que consideran un territorio históricamente perteneciente a la provincia. La administración provincial sostiene además que existen fundamentos jurídicos para revisar la situación y cuestionar la vigencia de las decisiones adoptadas durante el período dictatorial.

La respuesta de San Juan no tardó en llegar. Apenas unos días antes, la Legislatura de esa provincia había aprobado la Ley de Desarrollo Local Minero, una herramienta orientada a fortalecer la participación de trabajadores y empresas locales en los proyectos extractivos que se desarrollen dentro de la provincia.

Tras la aprobación de la norma, el gobernador Marcelo Orrego también recurrió a su cuenta oficial de X para destacar los beneficios de la iniciativa.

“Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes”, expresó el mandatario.

Sin embargo, cuando la Legislatura riojana avanzó con su reclamo territorial, Orrego endureció su postura y difundió un extenso mensaje a través de la misma red social, donde defendió la jurisdicción de San Juan sobre el área en disputa.

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, manifestó.

En el mismo mensaje, el gobernador agregó: “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”.

Con el proyecto de cobre avanzando y el interés económico creciendo alrededor de la región, todo indica que la disputa podría trasladarse a los tribunales y eventualmente requerir la intervención del Congreso Nacional o de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, La Rioja y San Juan continúan defendiendo posiciones opuestas sobre un territorio cuya importancia estratégica se multiplicó con la llegada de una de las inversiones mineras más ambiciosas previstas para la Argentina en los próximos años.