Más peajes: nueve provincias podrán administrar tramos nacionales
El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales ubicados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, manteniendo el Estado la titularidad y jurisdicción federal sobre estos caminos. La medida fue oficializada a través del Decreto 253/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
Las provincias alcanzadas por esta normativa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El decreto aclara que la delegación que se otorgue tendrá un carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y subraya que no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los cuales continuarán bajo la exclusiva titularidad del Estado nacional.
Según los considerandos del decreto, varias jurisdicciones provinciales solicitaron contar con herramientas para gestionar las rutas que atraviesan sus territorios con el fin de asumir la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de esos tramos, en consonancia con el fortalecimiento del régimen federal. La medida se sustenta en la Ley 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo para otorgar concesiones de obras y servicios públicos, así como en otras normativas como el Decreto-Ley 505/58 y la Ley 27.742, orientadas a la reorganización del Estado y descentralización de funciones.
NO CONOCEN NI QUIEREN AL PAÍS QUE GOBIERNAN
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 17, 2026
Delegan a las provincias la concesión de rutas nacionales sin garantizar lo básico: transfieran primero lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles.
Este decreto expone una mirada centralista y desconectada de la realidad: no… pic.twitter.com/q0hpOo2w6m
Para concretar esta delegación, el artículo 2 del decreto establece que las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos a concesionar, el plazo de delegación, el régimen de supervisión y auditoría, y la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a reclamos derivados de la concesión. Estos acuerdos deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y las concesiones no podrán exceder los 30 años de duración.
Además, el decreto determina que los fondos provenientes de la explotación de los peajes deberán destinarse exclusivamente a la construcción o conservación de los tramos concesionados, prohibiendo su uso en obras ajenas a la concesión. También prohíbe que los tramos delegados sean licitados conjuntamente en un mismo corredor vial con rutas pertenecientes a otras jurisdicciones.
En caso de que una provincia no convoque a licitación dentro del plazo de un año tras la aprobación del convenio, la delegación quedará sin efecto. Asimismo, si el contrato de concesión se extingue por cualquier motivo, el Estado nacional retomará la gestión del tramo correspondiente. El decreto también invita a otras provincias no incluidas en esta primera etapa a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior, ampliando así la posibilidad de descentralización en la gestión de rutas nacionales.
