Ley de Tierras: la Soberanía Cero equivale a una crisis permanente

El significado de la palabra soberanía, para el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, equivaldría a“un poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”. El Diccionario Etimológico Abreviado de la Lengua Castellana editado por Joan Colominas, informa por su parte que soberanía es una derivación de la palabra del latín vulgar "superianus", que nombra a lo que viene de más arriba, es decir, del nivel superior. También se usa la palabra en la Langue d’Oc, el idioma occitano, que se habló en el sur de Francia y en la Cataluña medievales. En occitano, es sobeiran y en catalán, es sobirà. Esta lengua aún subsiste en Mónaco, en el norte Italia, en el sur de Francia y en el norte de Cataluña**.**

Esta desmedida introducción se muestra imprescindible ante el escamoteo del concepto del que hace gala la clase política, que se exhibe por estos días (y hace ya tiempo) más proclive a la rosca que al diseño de un proyecto político o a un planteo liberador, contrario al libertario.

Este imperativo popular para ejercer la soberanía parte, paradójicamente del accionar gubernamental, que antepone a cualquier otro planteo la extranjerización de la economía, entregando las materias primas a empresas extranjeras de escaso prestigio, relacionadas en general con fondos de inversión, deshaciendo con cada una de sus políticas la capacidad del Estado para diseñar políticas productivas y para financiar el desarrollo científico, que es la base de las industrias del conocimiento, las más importantes en estos tiempos aciagos.

La Ley N° 26.737/11, que fue promulgada el 27 de diciembre de 2011, estableció algunos límites para la apropiación de las tierras rurales para los extranjeros. En primer lugar, impuso un límite del 15% sobre la superficie total de la argentina. En segundo lugar, prohibió que personas de una sola nacionalidad posean más del 30% del total de la superficie permitida. La tercera objeción fue que ninguna persona o sociedad extranjera podía comprar más de 1.000 hectáreas en cualquier parte de cualquier zona núcleo.

El problema se agravó, aún antes de que Javier Milei llegara con sus desatinos a la Casa Rosada. Hay 36 departamentos en el país en los que los propietarios extranjeros poseen más del 15% de la tierra. En Molinos y San Carlos (Salta) y en Lácar (Neuquén), más del 50% de la superficie departamental está en manos extranjeras. Extrañamente -o quizás no tanto- son tierras cercanas a afloramientos de los acuíferos y a recursos minerales.

Las provincias que más han extranjerizado sus tierras son:

Salta: 11,56% Misiones: 11,07% San Juan: 10,48% Corrientes: 9,87% Mendoza: 9,11% Santa Cruz: 8,11% Catamarca: 8,64% Buenos Aires: 2,89%

Existen además varios departamentos situados sobre el río Paraná en las que ocurre lo mismo. El 4,97% de la superficie de la Argentina está en manos extranjeras, que equivales a 13.243.219,49 hectáreas. Por su parte -y aquí está uno de los núcleos del proyecto del gobierno- existen 1779 comunidades de pueblos originarios que iniciaron trámites de escrituración de sus tierras ancestrales, que como son propiedades que estaban en sus manos desde antes de la aparición de los conquistadores, no las habían inscripto ante los gobiernos municipales y provinciales. De este total, 747 ya culminaron sus trámites, 258 se encuentran en ese proceso y 652 aún no fueron relevadas.

En la historia que pasó, los originarios fueron despojados de miles de hectáreas. Al fin y al cabo, toda esta tierra les pertenecía, pero el concepto de propiedad que los guiaba no incluía la codicia de apropiación individual de las tierras. Así, en el camino les fueron arrebatados territorios fértiles y recursos naturales de gran valía, que hoy se encuentran en manos de empresas extranjeras, como Barryck Gold, Arcadium Lithium, Minera Exar, Zijin Mining, Eramine Sudamérica, Newmont, Pan American Silver, Glencore y Lundin Mining. Es casi seguro que con esta desregulación, el despojo continuará.

Esto, en cuanto a la explotación de minerales, porque empresas agropecuarias hay muchas otras, en especial desarrollando soja. Están, por nombrar sólo a unas pocas, Bunge, Benetton, Cargill, Cofco, Cresud (Grupo Elsztain), Louis Dreyfus y Archer Daniels Midland. Todas poseen miles de hectáreas. Estas solas poseen más de dos millones de hectáreas, casi el 15% de la tierra que actualmente está en manos extranjeras. Es necesario aclarar que algunas de las empresas aludidas no son originalmente de capital extranjero, pero su accionar no se diferencia de las multinacionales. Invierten, venden, exportan, depositan la recaudación en paraísos fiscales y evaden al fisco de mil maneras, subfacturando, sobrefacturando y blanqueando capitales.

Los capitales que conforman estas empresas son opacos, forman redes de subsidiarias, son habitués de todos los paraísos fiscales y armadores de todas las oscuras empresas offshore o firmas fantasmas.

Estos capitales exigen ventajas a los países en los que se radican. Así, reciben exenciones impositivas, eluden las regulaciones ambientales y, en especial, se les otorga carta blanca para entrar y salir de los mercados sin ser judicializados, a pesar de sus maniobras elusivas del fisco.

La tierra propia

La Ley N° 26.737/11 no fue un capricho excepcional. Muchos otros países limitan la posesión de la tierra a capitales extranjeros. Lo hacen Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y México, entre otros.

El proyecto de Milei propondrá eliminar los tres límites que impuso la Ley N° 26737, permitiendo solamente restricciones a la posesión de tierras a los organismos gubernamentales extranjeros.

Además, como la decisión se transferiría a las provincias para la fiscalización de la ley, se abriría el juego para que éstas soliciten excepciones a su articulado, como ocurrió con la Ley de Glaciares.

El argumento de que “atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares al país” es tan falaz como trillado. Fue utilizado cada vez que se desataron los procesos de privatizaciones de las empresas del Estado, que culminaron con la alienación de Entel, Segba, YPF, Gas del Estado, Hidronor y otras muchas, que nos hicieron ir de la sartén al fuego en muchos rubros. Ni hablar de los precios de los servicios concesionados, que en estos días les hacen la vida muy difícil a los argentinos. En este caso, no serían empresas estatales, pero las consecuencias del manejo de la economía empresarial serían similares, ya que importan más de lo que compran en Argentina, perjudicando las cadenas comerciales y de proveedores regionales.

El mercado reaccionó con gran presteza. Las empresas inmobiliarias del sector agrario anunciaron que recibieron centenares de consultas sobre compra de tierras, en especial en la zona núcleo. Las consultas llegaron desde muchas partes del mundo, pero fueron lideradas por empresarios de Estados Unidos y de Arabia Saudita.

Como colofón, entre mediados de los ’90 y 2010, el valor de la tierra se quintuplicó. Pasó de u$s3.000 a u$s15.000 por hectárea. En el Triángulo de Oro -la zona comprendida entre Pergamino, Rojas, Salto y Colón- la hectárea vale u$s20.000.

Un argentino advirtió hace más de 50 años lo que pasaría

El General Juan Domingo Perón, tres veces presidente constitucional de la Argentina, advirtió los problemas que iban a producirse en cuanto a la producción de alimentos. Habló de una solución que incluyera “la defensa total de la Tierra y su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros”. Advirtió también que podría pasar lo contrario, que es lo que estamos viviendo en estos días. Hasta anticipó la amenaza nuclear que lanzó Estados Unidos a Irán.

Vale la transcripción del histórico "Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo", pronunciado el 21 de febrero de 1972 desde su exilio en Madrid:

“Frente a este imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizás antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra y disminuirá a la mitad la materia prima disponible para seguir viviendo, se va a tener que producir, indefectiblemente, la integración universal. Es decir que los hombres deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la Tierra y su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros.

Además de eso, será necesario llegar a la solución del problema de la superpoblación. En la Tierra ya ha habido superpoblación; eso se ha producido en algunas regiones, ya que obedece no sólo al número de habitantes, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia.

Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas: una es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo cual se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. La otra solución es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia.

Si el hombre, en lo que resta hasta el año 2000 y comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se han decidido por el destructivo.

Compañeros: estas son cosas tan claras que no es necesario ser científico ni estar muy bien informado para comprenderlas. Basta oírlas y conocerlas. Son cosas evidentes, como es evidente la verdad que habla sin artificios.

Si ése es el problema, la universalización de la Tierra será el mejor camino para la solución geopolítica. Es decir, para resolver el problema con una mejor producción, mejor organizada y mejor distribuida, tanto de la comida como de la materia prima, que van a ser las dos necesidades prioritarias en ese futuro ya casi inmediato”.

Juan Domingo Perón