Investigan el destino de los fondos para las rutas
La Justicia Federal reclamó al Gobierno de Javier Milei que informe en detalle qué destino tuvieron los fondos de un fideicomiso creado específicamente para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales. El pedido fue realizado por el juez federal Ariel Lijo, en el marco de una investigación por la presunta subejecución de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). La causa busca determinar cómo fueron utilizados fondos provenientes del impuesto a los combustibles que tenían una asignación legal específica.
El magistrado solicitó al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, que entregue los expedientes y actos mediante los cuales se impartieron instrucciones al Banco Nación desde enero de 2024, además de un detalle de las colocaciones financieras realizadas con fondos del SisVial. También pidió información sobre la aplicación de esos recursos por provincia y por obra, junto con la ejecución presupuestaria de distintos proyectos. El requerimiento judicial apunta así a reconstruir el recorrido de los fondos y establecer si fueron destinados efectivamente al objetivo para el que fueron recaudados.
El fideicomiso investigado fue creado mediante el decreto 976/01, que estableció el SisVial y determinó que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos debían financiar obras vinculadas con la red vial. El Ministerio de Economía funciona como autoridad de aplicación y el Banco Nación como fiduciario. La investigación adquiere especial relevancia en un contexto marcado por los reclamos por el deterioro de las rutas nacionales y por la baja ejecución de recursos destinados a obras y mantenimiento vial.
La causa también sumó nuevos actores políticos. Lijo aceptó como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, ambos integrantes del peronismo. Tolosa Paz cuestionó públicamente el manejo de los fondos y afirmó: “Fui aceptada como querellante en la denuncia que le hice al ministro de Economía, ‘Toto’ Caputo, por el manejo del dinero del SisVial”. La legisladora sostuvo además que se trata de recursos provenientes del impuesto al combustible que, según denunció, habrían sido destinados a operaciones financieras.
El reclamo judicial se produce mientras el Gobierno avanza con un nuevo esquema para las rutas nacionales basado en concesiones y participación privada, al tiempo que distintos sectores reclaman mayor inversión estatal en infraestructura. En ese escenario, la investigación sobre el fideicomiso pone el foco en una cuestión central: si los recursos que los automovilistas aportan a través de los impuestos vinculados a los combustibles están llegando efectivamente a las obras viales. La Justicia busca ahora que el Ejecutivo precise qué ocurrió con esos fondos durante los últimos años.
El pedido de Lijo abre, de esta manera, un nuevo frente de control sobre la administración económica del Gobierno y sobre su política de infraestructura. La documentación que deberá presentar el Ministerio de Economía podría resultar clave para determinar cuánto dinero fue efectivamente ejecutado, cuánto permaneció colocado financieramente y qué obras recibieron esos recursos. Mientras las rutas continúan acumulando reclamos por su estado, el expediente judicial busca responder una pregunta fundamental: qué destino tuvo el dinero que legalmente debía utilizarse para mantenerlas y mejorarlas.
