La Justicia exige al PAMI y Salud regularizar pagos por discapacidad
La Justicia federal ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud que normalicen de manera urgente los pagos vinculados a prestaciones para personas con discapacidad, en medio de una creciente crisis denunciada por instituciones, profesionales y familiares. La medida fue dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, quien fijó un plazo de 72 horas para que ambos organismos regularicen la situación y garanticen la continuidad de tratamientos y servicios esenciales.
El fallo judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por organizaciones sociales y prestadores del sistema de discapacidad, que denunciaron atrasos reiterados en los pagos y graves dificultades para sostener las prestaciones. La resolución alcanza tanto al programa Incluir Salud, dependiente del Ministerio de Salud, como al PAMI, dos de los principales financiadores de tratamientos y centros de atención para personas con discapacidad.
En su resolución, el magistrado advirtió sobre las “demoras crónicas” y remarcó que la interrupción en la entrega de medicamentos y terapias implica un “riesgo inminente” para miles de beneficiarios. Además, sostuvo que “la falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado”, afectando especialmente a personas en situación de alta vulnerabilidad y a sus familias.
🛑 Discapacidad. La Justicia le dio 72hs al Gobierno para pagar. El juez federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó a Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos a prestadores. El fallo advierte que las demoras ponen en riesgo tratamientos, medicamentos y la continuidad… pic.twitter.com/OHsqEFdRkt
— Martina Garbarz (@martinagarbarz) May 19, 2026
La presentación judicial incluyó testimonios de instituciones y centros terapéuticos que denunciaron una situación financiera crítica. Entre ellos, el Pequeño Cottolengo Don Orione aseguró que las demoras en las transferencias estatales le provocaron deudas millonarias y dificultades para afrontar cargas sociales, salarios y funcionamiento básico. Según trascendió en el expediente, algunas entidades acumulan meses sin cobrar prestaciones correspondientes a 2025 y 2026.
El fallo también recordó la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y remarcó la obligación del Estado de garantizar derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina. El juez señaló que el Poder Ejecutivo debe adoptar medidas administrativas y financieras para asegurar prestaciones de salud, rehabilitación, inclusión y protección social.
Mientras continúan las protestas y reclamos del sector, la decisión judicial incrementa la presión sobre el Gobierno nacional para resolver una problemática que afecta a miles de personas en todo el país. La cautelar tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva, y establece sanciones en caso de incumplimiento por parte de los organismos involucrados.
