La Justicia apunta a Reidel en el caso Nucleoeléctrica
El fiscal federal Ramiro González imputó a Demian Reidel en una causa que investiga presuntos gastos irregulares realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, de la cual el exfuncionario fue presidente hasta febrero de este año. La investigación quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y apunta a consumos que ascenderían a unos 313 mil dólares.
La pesquisa judicial también puso la lupa sobre operaciones realizadas en distintas ciudades del exterior, como Miami, Viena, Singapur, Washington y Madrid. En la documentación analizada aparecen cargos en hoteles cinco estrellas, consumos en bares y compras en cadenas internacionales de ropa deportiva y tiendas comerciales.
Demian Reidel acaba de ser IMPUTADO por CORRUPCIÓN durante el gobierno de Javier Milei. El que iba a ganar el Premio Nobel de Economía junto con el Javo.
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 7, 2026
Gastó 313.000 DÓLARES de la empresa pública Nucleoeléctrica en DISCOTECAS y PLAYAS por Europa pic.twitter.com/Ekfq4w9b5P
Reidel, uno de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei y referente del plan nuclear impulsado por el Gobierno, rechazó las acusaciones y aseguró públicamente que no realizó gastos personales con las tarjetas de la compañía estatal. Además, pidió que la Justicia investigue “hasta el último peso” y sostuvo que las denuncias mezclan consumos de distintas tarjetas pertenecientes a la empresa.
El exfuncionario estuvo al frente de Nucleoeléctrica entre abril de 2025 y febrero de 2026. Antes había ocupado la jefatura del Consejo de Asesores del Presidente y tuvo un rol clave en el diseño de iniciativas vinculadas al desarrollo energético y nuclear de la actual gestión nacional.
La imputación representa el primer avance judicial de peso contra un funcionario ligado al círculo cercano de Milei desde el inicio de la administración libertaria. Mientras la Justicia comienza a recolectar documentación y determinar responsabilidades, el caso suma tensión política dentro del oficialismo y reaviva las críticas opositoras sobre el manejo de fondos públicos en empresas del Estado.