"La Ciudad no garantiza correctos controles sobre los alimentos"
Un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó importantes deficiencias en el sistema de control del servicio de entrega y distribución de alimentos destinados a organizaciones comunitarias y Centros de Primera Infancia (CPI), dependientes de la Dirección General de Políticas Alimentarias y de la Dirección General de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Falencias en los controles sanitarios, la fiscalización de las empresas contratadas y la documentación de los incumplimientos, en un servicio que concentra más de 98% del presupuesto en su programa.
El servicio consiste en la provisión de alimentos frescos y secos que luego son preparados por cada comedor u organización comunitaria para asistir a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad. Las empresas encargadas del servicio, Servicios Integrales de Alimentación (SIAL) S.A. y Codylea S.A.
Entre las principales fallas se encuentra la poca frecuencia con la que se realizan los análisis de laboratorio que controlan la calidad de la comida. Además la inexistencia de criterios sobre higiene y la falta de evaluaciones sobre el estado de las instalaciones, el equipamiento y los vehículos utilizados para transportar alimentos.
El informe señala que los análisis bromatológicos dependen exclusivamente de las propias empresas contratistas. Respecto a esto el Auditor peronista Lisandro Teszkiewicz menciona que: “Sin poder verificar qué análisis hacen las empresas, es imposible garantizar que se cumplan las normas de seguridad alimentaria y saber si a los niños y niñas le llega comida en condiciones”.
En relación con las inspecciones, hay información inconclusa sobre el estado de las plantas que producen el alimento y los depósitos, el funcionamiento del equipamiento, la temperatura de las cámaras frigoríficas y las condiciones de los vehículos utilizados para transportar los alimentos. En muchos casos, las planillas únicamente tildan a los controles como "correctos", sin detallar los parámetros usados para llegar a esa conclusión.
Respecto a los incumplimientos, la Dirección General de Políticas Alimentarias usa un procedimiento informal en el que comunican los errores telefónicamente a las empresas, evitando la documentación formal. También verificó que numerosas actas de inspección carecían de la firma de los representantes de las empresas.
Desde el punto de vista presupuestario, más del 98% de los recursos ejecutados fueron destinados al pago de las empresas contratadas para la provisión y distribución de alimentos, lo que resalta la importancia y la necesidad de contar con mecanismos de control sobre la prestación del servicio. Respecto a esto el Auditor comenta: "Esto impide garantizar una vigilancia continua sobre la calidad de los alimentos y, en consecuencia, aumenta el riesgo de que se distribuyan productos vencidos, en mal estado, o fuera de los parámetros microbiológicos, fisicoquímicos o sensoriales requeridos. Esto afecta directamente en la calidad de vida de los y las porteñas y en el desarrollo óptimo de la infancia."
El Auditor General concluyó: “No es una cuestión de fallas, ni de falta de recursos porque el presupuesto está. Es un proyecto político”.
