La Argentina del Titanic: un equilibrio ficticio y una banda desafinada

Una de las banderas de la gestión de Javier Milei, que éste agita en cuando micrófono se pone a su alcance, es el superávit fiscal. En julio de 2025, el presidente expresaba en la Bolsa de Comercio -su coto privado- que “la política del superávit fiscal es permanente”, destacando a su vez que “no solo logramos estabilizar la economía y salimos en V, sino que se trata de la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas exitosos”.

A continuación, Milei aseveró que “en el primer trimestre de este año (2025) nos expandimos al 5,7% y en el segundo trimestre la economía viene para cerrar con un crecimiento de entre el 7,5% y el 8%” en su variación interanual. Luego se defendió de sus opositores afirmando que, “a pesar de ser caracterizados como crueles, hemos sacado de la pobreza a 11 millones de argentinos desde ese fatídico 54%”. Lo bueno de analizar los discursos con dos años de demora, es que se puede confirmar si lo dicho se condice con la realidad o no. En realidad, Argentina creció un 4,4% en 2025, desnudando otro engaño del mago de los números apócrifos. Por otra parte, no existe una sola estadística que avale la afirmación de que el gobierno sacó a 11 millones de argentinos de la pobreza. Lejos de eso, la pobreza llegó al 32% y ya afecta a más de 15 millones de argentinos, muchos de los cuales cayeron en la estadística por el plan económico del equipo que lideran Milei y Luis “Toto” Caputo.

Réprobos y elegidos

Los sectores económicos que registraron mayores subas fueron la intermediación financiera -creció 24,7% interanual-; la explotación de minas y canteras -8,0% interanual-; la actividad de hoteles y restaurantes -7,4% interanual; y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura -6,2%. La construcción creció un esquelético (4,3%).

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua informa que la palabra superávit significa: “en la administración pública, exceso de los ingresos sobre los gastos. Los sinónimos son exceso, excedente y el antónimo es déficit”.

Pero, en realidad, esta aséptica definición oculta más de lo que muestra, porque el diccionario define términos lingüísticos, pero no una política económica. Los gastos de una administración pública son obligaciones, no disparos al azar. Definir que la naturaleza del Estado excluye de sus obligaciones a miles de personas que no poseen ingresos fijos, ni empleos estables, ni pueden cubrir los gastos de la canasta familiar porque la política económica favorece solamente a las industrias extractivas, al sector financiero, al sector agrario y a la extracción y comercialización de combustibles fósiles significa el ejercicio de la crueldad que Milei niega. Estas industrias concentran un porcentaje ínfimo en el volumen del trabajo argentino.

La intermediación financiera y los servicios afines proveen aproximadamente el 2,4% del empleo privado registrado en la Argentina, mientras que el sector petrolero y gasífero representa aproximadamente el 1% de los trabajadores registrados en el país.

Los trabajadores bancarios registrados totalizan unos 100.000 puestos de trabajo, a los que hay que sumarles unos 40.000 trabajadores de las Fintech y otros 150.000 en el sector de intermediación financiera. Entretanto, el bloque de explotación de minas y canteras (minería y petróleo) convoca a algo más de 100.000 trabajadores. Dentro de este sector, el segmento upstream (exploración y producción) de gas y petróleo emplea en forma directa a algo más de 30.000 trabajadores. El sector agroindustrial, por su parte, es el que más aporta al empleo, a las exportaciones y al Producto Bruto Interno. Trabajan en este sector 4,2 millones de personas, directa o indirectamente, un 22% de los empleos registrados.

¿Los expertos en crecimiento son los mismos que ajustan “para crecer”?

El equilibrio fiscal no existe si el presupuesto del Estado no se utiliza para hacer crecer la economía, “con o sin dinero”.

Si un gobierno, ni bien asume, aumenta las tarifas, libera el mercado a las importaciones y desregula la actividad económica y, paralelamente, congela los salarios, no está promoviendo el desarrollo. En realidad, eso es, dicho perogrullescamente, ejecutar una transferencia de ingresos desde el sector asalariado al sector empresarial.

En estas circunstancias, el único sector que gana es el que posee productos para transar, porque o los produce o los adquiere y luego tiene la libertad de fijar el precio que se le ocurra. Y si no hay control de precios y existe además una alegra fiesta de importaciones, la vapuleada industria argentina trabaja con un porcentaje muy exiguo de su capacidad instalada y los precios y la desocupación -que siempre son hermanos, que suben juntos y bajan juntos- crecen en la misma medida en que cae el trabajo de las máquinas.

Los condenados de la tierra

A mediados del mes de mayo del año en curso, se reunieron en Rosario más de 40 integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), que redactaron un documento en el que expresaron que “el equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es ‘ahorro’, es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen", señalaron los jefes comunales en el texto.

A continuación, definieron que “el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación. Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy”, sostuvieron.

Finalmente, los intendentes se refirieron al impuesto a los combustibles, que fue el único gravamen que en el primer cuatrimestre de 2026 superó a la inflación, pero genera una recaudación que no se destina automáticamente a las provincias.

El impuesto se distribuye así: 10,40%, va al Tesoro Nacional; 15,07% va al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% se destina a las provincias (es la parte coparticipable); 28,69% va a la ANSeS; 4,31% se deposita en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% debe ser invertido en el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y el 2,55% se utiliza para la Compensación del Transporte Público.

Los intendentes cuestionaron esta distribución, porque denunciaron que genera una brecha entre los que los habitantes de sus distritos aportan y lo que sus comunidades reciben en compensación.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, se quejó porque, si bien “el equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad por parte del Gobierno no es 'ahorro': es un incumplimiento de la ley y castiga a quienes producen. No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria”.

El ajuste sin objetivo

Pareciera que el proyecto político de Javier Milei es sólo un experimento de disciplinamiento social. El ajuste que implementó, que fue, es y será muy duro, no tiene otra función que transferir enormes porcentajes del PBI a los sectores más ricos.

El equilibrio fiscal, que es un objetivo secundario en una economía en serio, no justifica la masacre social. El 1° de mayo de 1876, el presidente Nicolás Avellaneda pronunció ante el Congreso de la Nación una alocución, en medio de una profunda crisis mundial y nacional, que amenazaba con enviar a nuestro país al default.

En esa ocasión, Avellaneda, digno hijo de la Generación del ’80, declaró que "la República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera, ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”.

Javier Milei es su digno heredero, porque realmente consolidó durante estos dos años y medio su política de equilibrio fiscal apócrifo. Primero, redujo el gasto desde el 19,6% del gobierno que lo antecedió, al 15% del PBI. Así, en 2024 alcanzó un superávit primario -es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado, sin tomar en cuenta los intereses por la deuda- del 1,8% del PBI, recortando los desembolsos en infraestructura, programas sociales, salarios estatales, subsidios y transferencias a las provincias.

En 2025, el ajuste continuó, aunque con una intensidad menor. Allí la reducción del gasto público fue de 0,44% del PBI, a causa de un leve aumento de las jubilaciones. En este caso, el superávit primario fue del 1,39% del PBI.

Según algunos profetas económicos, que a veces chapotean en el barro del equívoco, el panorama aparece en 2026 un poquito más complejo. Las partidas por inversión en infraestructura y de transferencia a las provincias ya están tan delgadas que no se pueden sostener. Además, si quisiera dejar las jubilaciones en el nivel miserable en el que se encuentran, podría tropezar en el Congreso, en donde el oficialismo no la tiene fácil por estos días. Si por un par de leyes que Milei necesita que le aprueben, tuvo que llevarse en el Tango 01 a 13 gobernadores a París, con todos los gastos pagos, es de imaginar cómo quedará su billetera cuando tenga que operar en serio. Su debilidad hace que todas sus iniciativas políticas le cuesten muy caras.

Para peor, Donald Trump decidió atacar a Irán y esa bravuconada elevó los precios del petróleo hasta los U$s99,60 (Tipo Brent) o U$s89,58 (Tipo West Texas Intermediate). Esta alza en los precios complica el panorama argentino, ya que el ajuste libertario suspendió las obras del gasoducto Néstor Kirchner -eso sí, lo rebautizó con el nombre de Perito Francisco Pascacio Moreno- y la Reversión del Gasoducto del Norte Argentino.

La suspensión de las obras, como siempre ocurre con todos los ajustes, generó pérdidas al país por más de 3.200 millones de dólares anuales. Ocurre que el ajuste es, en realidad, desinversión y ocurre que la desaceleración de la actividad industrial y comercial afectó fuertemente la recaudación fiscal, lo cual está comprometiendo seriamente el cumplimiento de las metas fiscales del año. Inclusive, los ingresos tributarios de 2026 se ubicaron por debajo de los ingresos de 2025, lo que agrava la situación.

Vamos por el iceberg

La frase que mejor define la situación argentina de estos días es digna de un Milei recargado, gritando eufórico: ¡¡¡Vamos por el iceberg!!! La orquesta, entretanto, seguirá desafinando voluntariosamente, como aquella dixieland que escuchó Mark Knoppfler en 1977 en un pub semivacío del Deptford, llamada Los Sultanes del Ritmo (Sultans of Swing). La cubierta del Titanic también se asemeja por estos días a los patéticos Sultanes, que seguirán desentonando, empapados en alcoholes hasta el final.